Un legislador republicano presentó un proyecto de resolución según el cual una guerra proclamada por el presidente de EE. UU. sin la aprobación del Congreso, como en el caso de Siria, sería razón suficiente para iniciarle un proceso de juicio político y calificar tal acción armada como delito.

El proyecto del congresista Walter Jones, será discutido en la Cámara de Representantes y en caso de ser aprobado implicaría que si el actual presidente se ataca Damasco sin previo consentimiento del Congreso, podría activarse el proceso legal que puede concluir o no en su destitución.

La iniciativa de Jones se materializó después de que el jefe del Pentágono, Leon Panetta, dijera ante el Senado que en caso de que el presidente Obama y su administración decidieran golpear a Siria, tan solo "informarían" a los miembros del Congreso.

Tales declaraciones por primera vez articularon los posibles planes del ataque estadounidense contra Damasco y, repitiendo varios precedentes históricos, contradijeron la Constitución de EE. UU., que otorga la facultad de empezar guerras al Poder Legislativo.

Según recientes publicaciones del periódico The Washington Post, la administración Obama analiza la posibilidad de una invasión militar a Siria y para eso considera varios escenarios. Además, surgen denuncias sobre estrategias elaboradas por otros estados para involucrarse en el conflicto sirio, ayudando a los insurgentes. Asimismo lo podrían planificar o incluso ya participan en el conflicto, militares del Reino Unido y Qatar, junto con los agentes del servicio especial israelí, el Mossad.

Cabe distinguir también que Obama ya ha ordenado operaciones militares sin consentimiento del Congreso. Así, cuando atacó Libia, simplemente envió una carta a los legisladores, informándoles de sus acciones. Tampoco se preocupó por los legisladores Ronald Reagan, cuando atacó a Libia en 1986, ni Bill Clinton, que ordenó bombardear Serbia en 1999.