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Si un grupo guerrillero se tomara hoy el Palacio de Justicia

Por: Gustavo Gallón

Si un grupo guerrillero se tomara hoy el Palacio de Justicia, ¿actuaría la fuerza pública de forma distinta a como lo hizo el 6 y 7 de noviembre de 1985?

Esa es la pregunta esencial que debe plantearse la sociedad colombiana en torno a la polémica por el fallo que confirmó la condena al coronel (r) Plazas. La responsabilidad individual de ese soldado debe dejarse a consideración de la Corte Suprema de Justicia, que estudiará el recurso de casación correspondiente. El verdadero debate que compete librar por fuera de los estrados judiciales es si existen garantías de no repetición de violaciones de derechos humanos y graves infracciones al derecho humanitario, como las cometidas en la batalla del Palacio de Justicia.

Por lo pronto, habría que proteger adecuadamente las instalaciones de la sede judicial para evitar su asalto, no sea que súbitamente se suspendan los servicios de vigilancia y seguridad en el edificio, como enigmáticamente sucedió en 1985. En cualquier caso, la primera responsabilidad por la vulneración de los derechos y por los daños causados con motivo de esa indeseable toma recaería sin duda, hoy al igual que hace 26 años, sobre los invasores armados del recinto.

Pero la pregunta que corresponde formular a quienes han recibido de la sociedad las armas para defenderla, y al Gobierno, que es la autoridad civil que debe comandarlos, es si estarían dispuestos a repetir ahora el guión conforme al cual se desplegaron las acciones para repeler el ataque cinco lustros atrás. Algunos de los principales elementos de ese guión son los siguientes: 1) Aislamiento del presidente de la República y asunción del mando supremo de la operación por los generales del Ejército y la Policía; 2) Penetración armada a la edificación, incluso con tanques de guerra y con bombas para abrir boquetes en el techo, sin miramientos de ninguna especie; 3) Disparos incesantes lanzados por francotiradores desde los edificios vecinos hacia el interior del Palacio; 4) Desatención de los requerimientos de cese al fuego por parte del presidente de la Corte y silenciamiento de sus mensajes telefónicos y radiales; 5) Suspensión de las comunicaciones por televisión y transmisión de un partido de fútbol para distraer a la población; 6) Utilización de explosivos y toda clase de municiones dentro del Palacio para derribar muros detrás de los cuales se encuentre gente, sin distinguir entre civiles y combatientes; 7) Interrogatorio y detención sin orden judicial, y posterior desaparición o muerte de quienes el ejército considere sospechosos.

La respuesta a esta pregunta parece ser afirmativa, si nos atenemos a lo que dice el general Valencia Tovar, decano de los militares, para quien “el Ejército no cometió ninguna falta, sólo cumplió con su deber de restablecer el orden y la ley”. El presidente de la República no cesa de llamar héroes a quienes ejecutaron ese guión. ¿En manos de quién estamos, luego de tantos cursos sobre derechos humanos y derecho humanitario impartidos a los servidores públicos en las últimas dos décadas, con el valioso —pero al parecer desperdiciado— apoyo de la comunidad internacional?