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Dudosa, por decir lo menos, ha resultado la orientación de este Gobierno en materia de derechos humanos.
Entre sus virtudes se destacan dos. Una es la promoción de la Ley de Víctimas que, a pesar de algunas disposiciones inconvenientes (corregibles por la Corte Constitucional), refleja un compromiso con el restablecimiento de los derechos lesionados por paramilitares, agentes estatales y guerrilleros. Otra es la disposición a gobernar en nombre de todos los hombres y mujeres de Colombia, y por consiguiente tener buenos modales con la población entera, a diferencia del anterior, que gobernaba groseramente en contra de quienes no lo apoyaran.
Pero en vez de fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos el Gobierno pareciera empeñado en debilitarlos a través de iniciativas como la ampliación del fuero militar. Desafiando reiteradas recomendaciones internacionales, pretende modificar una de las vértebras centrales de la Constitución del 91 para impedir que la justicia ordinaria investigue y juzgue las violaciones de derechos humanos y graves infracciones al derecho humanitario que cometan militares y policías. Todo lo contrario de lo que señala el actual código penal militar, sancionado como ley por el presidente diez días después de su posesión el año pasado.
De igual manera, el llamado marco jurídico para la paz permitiría “renunciar a la persecución penal” de tales violaciones o graves infracciones cometidas por paramilitares o guerrilleros que celebren acuerdos de paz, futuros o pasados, y también por militares y policías. La “regla fiscal”, aprobada como reforma constitucional en julio de este año, permitirá limitar el reconocimiento judicial de derechos económicos, sociales y culturales cuando el Gobierno o la Procuraduría propongan un “incidente de impacto fiscal” contra las sentencias que tengan implicaciones económicas para el Estado.
La estigmatización de organizaciones defensoras de derechos humanos ha conocido unos niveles colosales con motivo de la distorsión de información sobre la masacre de Mapiripán y el desplazamiento de Las Pavas. Se quiso hacer creer que una importante organización de derechos humanos se había inventado una víctima falsa para obtener fraudulentamente indemnización del Estado. Cada vez es más claro que esa víctima fue reconocida como tal primero por la Fiscalía y, tiempo después, con las pruebas de la Fiscalía, la organización asumió su representación judicial. Los hechos se seguirán esclareciendo, al igual que en Las Pavas, pero el daño que el Gobierno ha causado a la credibilidad de las organizaciones defensoras de derechos humanos es monumental.
Como si fuera poco, la canciller parece dispuesta a restringir la actividad de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. El vicepresidente ha dicho que eso son mentiras. Ojalá también lo sean la estigmatización, la regla fiscal, la renuncia a la persecución penal y la ampliación del fuero militar. Bastaría que el presidente dijera que todo ha sido una equivocación y, a partir del espíritu que lo animó a impulsar la Ley de Víctimas y a gobernar para toda la población, se formule una política de derechos humanos aceptablemente enfocada.
* Director, Comisión Colombiana de Juristas.
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Ojalá fueran mentiras DDHH
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