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Muertos y paradojas de la Ley 100

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Muertos y paradojas de la Ley 100



En las últimas semanas los médicos de Barranquilla han detectado un brote de sarampión, el primero después de nueve años, que no es todavía una epidemia, pero que ya ha cobrado varias víctimas. Según el Instituto Nacional de Salud, el virus fue traído por una adolescente que estuvo de viaje en Brasil en las vacaciones de mitad de año. Para impedir la propagación del virus, las autoridades sanitarias se vieron obligadas a emprender una campaña masiva de vacunación entre más de 200 mil adolescentes y jóvenes en la Costa Atlántica.

Esta amenaza de epidemia no es un episodio más de la destrucción de la red de hospitales públicos y del sistema de salud pública de nuestro país provocada por la Ley 100 de 1993 para entregar los servicios de salud en manos de empresas privadas. A comienzos de la década de 1990, las coberturas contra enfermedades como el sarampión, la fiebre amarilla, la tuberculosis y la rubéola en Colombia superaban el 90%. Nuestro país era puesto como ejemplo por la Organización Panamericana de la Salud.

A mediados de la misma década, después de la aprobación de la Ley 100 y la descentralización de los programas de salud pública, que dejó estos en manos de los alcaldes, empezó el desastre: bajaron casi hasta cero los índices de vacunación y volvieron a Colombia enfermedades como el sarampión, la tuberculosis, el paludismo y la rubéola, que ya se consideraban derrotadas por la medicina.

Los médicos salubristas llaman "la década perdida" a los diez años comprendidos entre la expedición de la Ley 100 en 1993 y las primeras acciones del gobierno nacional en el año 2003 para tratar de corregir algunos de estos problemas aberrantes provocados por esa terrible Ley.

Por esta y otras razones, por más que me esfuerzo en comprender el alma oscura de los parlamentarios que hace ya casi veinte años la aprobaron, jamás he podido sacar en claro nada medianamente comprensible para un ciudadano del común que explique los verdaderos propósitos de esa medida que destruyó el sistema de salud pública de Colombia.

Los parlamentarios de entonces, encabezados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ponente de la Ley 100, dicen que lo hicieron para defender el derecho del pueblo colombiano a la salud, consagrado en la nueva Constitución. El tiempo nos ha demostrado otra cosa: la gente perdió muchos de sus derechos. La vacunación preventiva se acabó. Miles de niños de las zonas más pobres y apartadas de Colombia murieron en epidemias sucesivas de enfermedades controlables con vacunas. Mientras tanto, los únicos que llenaban de dinero sus bolsillos con la Ley eran los nuevos empresarios del sistema de salud, como la tristemente famosa Saludcoop y sus subsidiarias. También, los delincuentes, los paramilitares y los políticos inescrupulosos que durante años robaron en forma sistemática los miles de millones de pesos girados por el Estado a las regiones. Para lograrlo, contaron con la complicidad o el silencio de muchos alcaldes.

Tampoco puedo comprender a la gente de mi país que votó por esa clase de dirigentes políticos, y lo sigue haciendo: políticos que cuando discuten leyes como esta, en la que están en juego los más altos intereses colectivos y hasta las vidas de nuestros niños, solo piensan en las ganancias y en las trampas.

Escribo estas líneas con dolor por la suerte de los adolescentes y los jóvenes de Barranquilla que se han contagiado de sarampión, una enfermedad derrotada por la ciencia médica en muchos países del mundo donde la salud pública no es un negocio de mercaderes.

Cuando se le entregó el sistema de salud, precario, arruinado, destruido por el mismo Estado, a las empresas privadas, todas ellas empezaron a llenar sus arcas gracias a la nueva Ley 100. A ninguna le interesaba la prevención de enfermedades como la malaria, la tuberculosis, la tifoidea o el sarampión. Tampoco buscar un remedio al hambre, la pobreza y la desnutrición, caldo de cultivo de estas enfermedades. En cambio, durante 2010 se unieron para negar atención médica y medicinas incluidas en el POS a casi 100 mil pacientes, según la Defensoría del Pueblo.

"La peor tragedia de nuestro país en esta época no ha sido la guerra, sino lo que ha pasado con la salud colectiva", dijo hace unos años el médico Luis Fernando Duque, exrector de la Universidad de Antioquia y profesor de la Escuela Nacional de Salud Pública en un foro sobre el problema de la salud. Yo estoy de acuerdo con él. El caso de los jóvenes infectados de sarampión en Barranquilla es, entre miles, una prueba más.

FUENTE: ELCOLOMBIANO.COM

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