Procuraduría acusa a 5 guardias del Inpec por torturas y muerte de reo

El caso fue denunciado por la Defensoría del Pueblo, que tomó el testimonios de los reclusos.

Por haber golpedado a un recluso hasta causar su muerte en la cárcel de Peñas Blancas, de Calarcá (Quindio), la Procuraduría acusó disciplinariamente a cinco de los guardias del Inpec que lo custodiaban y les abrió pliego de cargos por tortura.
Según las versiones, José Arturo Lara Lloreda, el interno que murió, fue goleado durante todo un día por negarse a que lo internaran en la sección de aislamiento del centro carcelario y no recibió atención médica oportuna.
El Ministerio Público dice en el pliego de cargos que las acciones se configuran como "tortura porque al parecer cuando (los guardias) le propinaron patadas (al preso) en su dorso y caderas, le infringieron dolosamente al interno un dolor y sufrimiento afectando sin justa causa su integridad y su autonomía".
Los guardias a los que la Procuraduría señaló como posibles responsables de los hechos son los cabos José Arbey Quintero Castrillón y Jorge Hernán García Bermúdez y los dragoneantes José Enrique Molina Rojas, Jesús Antonio Ochoa González, Norberto Agudelo Ossa y Jorge Andrés Barrientos Giraldo.
Un volante en el que se le informaba del cambio de patio y que el preso rompió originó las agresiones de los guardias. Los testigos aseguran que el cabo Quintero Castrillón ingresó a la celda y lo golpeó hasta hacerlo caer y en el piso le propinó varias patadas.
Minutos después entraron a la celda de Lara Lloreda los dragoneantes Molina Rojas, Ochoa González y Agudelo Ossa y continuaron con los castigos. El preso no resistió los golpes y cayó desfallecido. Sin embargo, los guardias no le prestaron ninguna ayuda.
En vista de que el interno no reaccionaba el cabo García Bermúdez y el dragoneante Barrientos Giraldo lo sacaron de su celda esposado y lo condujeron a la enfermería del penal, pero después de esperar 50 minutos ni el médico ni la enfermera se hicieron presentes para atenderlo y lo regresaron a la celda en una camilla; minutos después el interno murió.
Según los testimonios y los resultados de las pruebas forenses, los dos guardias que llevaron a la víctima a la enfermería continuaron golpeando al interno.
El Ministerio Público calificó el comportamiento de los guardias como "desproporcionado para vencer la resistencia del interno y obligarlo a ingresar a las celdas de castigo".
Finalmente, en la decisión se considera que los guardias investigados "defraudaron la confianza que el Estado les dio para ejercer sus funciones desconociendo derechos inherentes a las personas, recordando que un detenido o encarcelado no deja de ser un ser humano por grave que sea su delito".

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