DeNunCianDo - El ejemplo de Cambio Radical

León Valencia

Finalmente reaccionaron los partidos y empezaron a limpiar sus filas de candidatos con procesos judiciales en curso, o con indicios de vinculación a fuerzas ilegales, o herederos de personas comprometidas con la parapolítica. Negar 1.700 avales es un hecho histórico, pero es apenas el comienzo. La política colombiana está atravesada de lado a lado por la violencia y la corrupción, y la tarea de transformarla será larga y descomunal.

Cambio Radical tomó la delantera en esta labor. Carlos Fernando Galán, recién nombrado director del partido, fue capaz de negar o retirar el aval a trescientos candidatos, entre quienes se encuentran: Carlos Pinilla, aspirante a la Gobernación de Arauca; Francisco 'Kiko' Gómez, candidato a la Gobernación de La Guajira; José Luis Pinedo, candidato a la Gobernación del Magdalena; Julio César Acosta, candidato al Concejo de Bogotá, y Fernando Ramírez, aspirante a la Alcaldía de Soacha. Ya Cambio había tomado también distancia de María del Socorro Bustamante, candidata de Daira Galvis a la Alcaldía de Cartagena, por los rumores de un acuerdo con Enilse López.

Es un sacrificio enorme el de Cambio Radical en aras de la democracia. Estos candidatos tenían mucha opción de ganar. Además, la decisión divide irremediablemente a la bancada parlamentaria. La mayoría de los congresistas han manifestado abiertamente su desacuerdo con la medida. Si los demás partidos hubiesen actuado con tanta audacia, hoy tendríamos una verdadera revolución en la vida pública colombiana. Pero se limitaron a lo más evidente y a lo menos costoso.

En la posición audaz de Cambio Radical y aun en la actitud tímida de los demás partidos hay un hecho trascendental que puede cambiar profundamente las costumbres colombianas. Hasta ayer, la misión de limpiar la política estaba en manos de la justicia; hoy, la rama ejecutiva y los partidos han tomado esta bandera. De persistir esta situación tendremos, en un día no muy lejano, una democracia vigorosa. No bastan los grandes esfuerzos de los jueces y fiscales. Sacar la violencia y la ilegalidad de la competencia política es un asunto del presidente y de los partidos.

El ministro del Interior inició el viraje cuando dijo que en los anteriores eventos electorales el gobierno se había limitado a prevenir y controlar la amenaza proveniente de las guerrillas y del terrorismo y no se había preocupado por enfrentar la infiltración de los paramilitares y las mafias en los grupos políticos y en las campañas. Con esa visión puso al Comité de Seguimiento Electoral, en el que tienen asiento todas las instituciones del Estado encargadas de la vigilancia y la seguridad, a investigar y prevenir el riesgo en todas sus modalidades y a comprometer a los partidos en esta tarea.

Se ha dado el primer paso. Pero los opositores a seguir este camino no son pocos. Quieren mantener la premisa de que solo cuando un candidato ha recibido una condena o está en un proceso judicial avanzado se le puede retirar el respaldo. Quieren, igualmente, que en la evaluación de los candidatos solo se tenga en cuenta la hoja de vida del aspirante y no los respaldos abiertos o camuflados.

Son tretas para impedir la depuración de los partidos. Las instancias políticas tienen derecho a indagar por su cuenta a sus militantes y candidatos y a tomar decisiones sobre ellos. Hasta un simple club social se reserva el derecho de admisión. Cómo no lo va a hacer una institución fundamental para la democracia. Y no hay nada más legítimo que retirarle el aval a un aspirante que sin tener malos antecedentes personales monta su candidatura sobre el ******o político, los recursos económicos y las relaciones de alguien que ya es procesado por la justicia o del cual se tienen evidencias de su vinculación con actividades ilegales.

El Consejo Electoral tiene ahora la palabra. Sería muy negativo que no atendiera con prontitud la petición de Cambio Radical y de los demás partidos de retirar de la contienda electoral a los candidatos cuestionados. Debe pronunciarse también sobre candidatos inscritos por firmas y que han sido denunciados por compromisos con ilegales.