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Sanción social o control político
Por: José Fernando Isaza

Bobbio decía que para preservar la democracia y el Estado de Derecho se debía optar por la ley, aun con prelación a la equidad. Si hay leyes injustas deben ser derogadas y las que las sustituyan tendrán que reflejar los valores de una sociedad moderna.

En un país de alta concentración del ingreso y elevados niveles de pobreza y miseria, el Congreso aprueba una ley que permite transferir recursos fiscales a los sectores más ricos de la población; adicionalmente, la legislación no prohíbe que los agradecidos beneficiarios de esas dádivas financien las aspiraciones políticas de quien les permitió ser más ricos. Para hacer aún más censurable el mecanismo, algunos de los beneficiarios recurren al engaño para así acrecentar más su fortuna.

Si al descubrirse las irregularidades del programa Agro Ingreso Seguro el Congreso hubiera reconocido lo lesivo que fue para el país el abuso de esa legislación, hubiera ejercido su poder de control político y censurado a los ministros involucrados; podría pensarse que el juicio penal, que en buena hora se inició, no hubiera desembocado en detenciones preventivas.

Es interesante observar que de las diferentes irregularidades cometidas por los funcionarios del Ministerio de Agricultura, la que los implica penalmente es la violación a las normas de contratación. Sin embargo, para la sociedad ha sido más lesivo el hecho de emplear recursos fiscales para concentrar aún más el ingreso de los colombianos. Pero este censurable resultado podría no estar prohibido. Los solicitados aportes monetarios para financiar las aspiraciones políticas de los implicados son realizados por personas naturales y no por las sociedades controladas por los agradecidos beneficiarios. Con esta sutileza, los imputados alegan que no violan la ley.

Las leyes deben reflejar la letra de la Constitución en el sentido de que Colombia es un Estado Social de Derecho. Por supuesto es casi imposible para un legislador prever el uso que los avivatos hacen de las normas para lucrarse.

Cuánto sufrimiento se hubiera ahorrado la sociedad colombiana si sus gobernantes, en lugar de afirmar que los delitos se cometen a sus espaldas, asumieran la responsabilidad política y renunciaran. Ésta es la diferencia entre un político y un estadista.

Un ejemplo más dramático del conflicto entre ley y equidad es el juicio de Nüremberg. No existía una legislación previa que permitiera a los vencedores someter a juicio a los vencidos. Umberto Eco señala que la humanidad no podía dejar impune esos crímenes de guerra, en particular el casi exterminio de la población judía europea. Algunos acusados alegaron que obedecieron leyes promulgadas por el Estado. La magnitud de los crímenes y la necesidad de enviar un claro mensaje a las generaciones futuras de no tolerar genocidios ni crímenes de guerra autorizaron, de hecho, el juicio a los jerarcas y a los jueces del Tercer Reich.

* Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano

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