Ayer quedó planteado el debate más interesante que se dará en Colombia durante los próximos meses, por cuenta del proyecto de acto legislativo que busca modificar el artículo 11 de la Constitución para evitar que, bajo ninguna circunstancia, en nuestro país se practiquen abortos y eutanasias.
De prosperar la iniciativa, el precepto constitucional dirá que “El derecho a la vida es inviolable y recibirá igual protección desde la fecundación hasta la muerte natural. No habrá pena de muerte”. Así las cosas, se acogería la tesis que sostiene que la vida comienza desde el mismo instante de la inseminación.
Los defensores del aborto justifican esta práctica antes de la duodécima semana, argumentando que durante ese lapso sólo hay una mera expectativa de vida. La tesis es rocambolesca. Si aquello fuera cierto, estaríamos frente a una situación que sólo puede entenderse como si se tratara de un acto de magia: desde el día 1 hasta el 119, ¿qué hay en el vientre de la mujer? ¿Acaso habita allí una rata que de manera sorprendente el día 120 se convierte en un ser humano?
El proyecto de reforma a la Constitución es liderado por el conservatismo y cuenta con la compañía de significativos representantes de otros partidos, como Miguel Gómez Martínez. Aquello es importante, pero hay un elemento aún más fuerte: el texto radicado llegó al Capitolio respaldado por la firma de cinco millones de ciudadanos. No la tendrán fácil los legisladores que se oponen a esa iniciativa.
El Congreso fue elegido con poco más de 13 millones de votos. Resulta que el 38% de ese electorado suscribió las planillas de apoyo a la norma que busca blindar a Colombia contra el aborto y la eutanasia.
Dada la importancia del tema en discusión, se espera que las deliberaciones se den sin que los defensores del aborto satanicen a los parlamentarios que respaldan la propuesta conservadora.
Hay quienes creen que el proyecto se va a hundir. Si aquello sucediera, el legislador está en la obligación de regular de una vez por todas y para siempre el fundamental asunto de la objeción de conciencia.
A comienzos de este año, el catedrático español Joaquín Navarro-Valls publicó el libro Conflictos entre conciencia y ley, obra que se concentra en sustentar la tesis que sostiene que la objeción de conciencia es medular y no marginal en el ordenamiento jurídico y por eso termina siendo un asunto fundamental en términos de los derechos humanos. Esa publicación debería ser estudiada por quienes van a intervenir activamente en este debate.
Pero pensemos positivamente. El Congreso de la República no puede legislar a espaldas del pueblo que representa. El proyecto presentado ayer por el Partido Conservador está avalado por millones de ciudadanos que demandan que el constituyente en el que se ha derivado la potestad de modificar la carta política, actúe acorde con sus deseos.
Un comportamiento diferente, se entenderá como una contravención al principio de la representatividad que menoscabará aún más la credibilidad y seriedad de aquella rama del poder que no puede olvidar que su función esencial consiste en llevar la vocería del pueblo.
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Quiero pedirle a mi amigo que tenga presente las palabras de santa Teresa de Ávila: Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, sólo Dios basta.
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