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Guerra contra la justicia
Por: Francisco Gutiérrez Sanín

Con motivo del encarcelamiento de Andrés Felipe Arias, el uribismo puro y duro ha continuado su guerra contra la justicia.

Como se recordará, durante sus dos mandatos Uribe lanzó una ofensiva, que combinaba diversas formas de lucha contra la Corte Suprema, pues ésta había cometido la inaceptable transgresión de iniciar el proceso a la parapolítica. El entonces primer mandatario sabía que eso terminaría golpeando a toda su gente: pues su coalición de Gobierno había arropado a los parapolíticos (esto no es una teoría del complot, ni una conseja de pasillo, sino un hecho simple y público, comprobable cuantitativamente. De hecho, algunos todavía están por ahí). Este enésimo choque de trenes alentó la formación de toda una visión contraria a la autonomía relativa de las ramas del poder público, que incluso tuvo su bautizo formal —se llamó “estado comunitario”—, y que en su modalidad agitacional se ha expresado a través de continuas denuncias contra “la politización de la justicia”, es decir, contra los fallos adversos. Como bajo la Regeneración —según el memorable discurso de 1898 del líder conservador Julio Holguín— habían llegado al poder personas que estaban convencidas de la necesidad del equilibrio entre los tres poderes, es decir, entre la caballería, la artillería y la infantería.

Y, como a comienzos de la Regeneración, las riendas del Gobierno estaban en manos de un visionario convencido de la necesidad de reconfigurar el Estado a largo plazo, construyendo una nueva base social con un fuerte componente confesional. Pero —al igual que todas las analogías de ésta índole— la utilidad de ésta, que durante un tiempo fue popular entre los uribistas, termina aquí. Más allá simplemente produce confusión. Para bien y para mal, hoy vivimos en un país muy distinto. El Estado es mucho más complejo y rico. Y algo va de la clase política cafetera a la minera y cocalera que tenemos hoy. La Regeneración pudo estar llena de gramáticos cascarrabias y ensimismados. El uribismo llenó, como nunca, al Estado de malandros. No crean que soy lo suficientemente ingenuo como para pensar que la deriva gramatical es necesariamente mejor, o menos mala, para el país que el malandrinaje. No hay que dejarse vapulear así por la nostalgia (y por una nostalgia vicaria, además). Sin embargo, algo de la distancia en términos de capital humano entre una y otra experiencia histórica sí que se capta entre la manera en que fue escrita la Constitución de 1886 y la incapacidad física del personal de aluvión uribista de producir el parrafito que le hubiera abierto al gran líder las puertas del cielo, cerrando las de la cárcel a los suyos, al garantizar la segunda reelección.

La guerra contra la justicia se expresa en múltiples frentes. La impugnación de fallos que han golpeado a violadores de derechos humanos, el uso de ese terrible adefesio institucional que es la Comisión de Acusaciones, la guerra de guerrillas confesional contra las regulaciones liberales de la vida privada estipuladas en la Constitución de 1991, la denuncia —en el mejor estilo talibán— de los caricaturistas, el tuntún de una agitación permanente que tiene que sonar como música a los oídos de gente muy poderosa, y que le debe mucho a la justicia. No quiero sonar como Casandra —repitiendo una profecía desagradable a la que nadie le para bolas—, pero si no hay una fuerza política capaz de enfrentar estas dinámicas, de impedir que cojan ventaja, y de acompañar con seriedad e inteligencia los procesos en curso hasta sus últimas consecuencias, podemos sufrir más pronto que tarde serias turbulencias.

Desde hace bastante sé de memoria que los académicos tenemos dificultades para priorizar, pero ¿será que los políticos colombianos también sufren de la misma enfermedad?

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