"Por qué es lícito matar comunistas"

Avasallados por las noticias que a diario se producen en torno a nuevos escándalos, juicios y condenas, los medios de comunicación quizá no le han dado la debida importancia a lo que representa José Miguel Narváez en el engranaje o la colaboración que se dio entre los grupos paramilitares y los que del lado supuestamente legal han luchado contra los grupos guerrilleros, en particular contra las FARC.

Este desconocimiento obedece a que a los vinculados con el paramilitarismo se les ve como piezas sueltas, nunca como si hubieran actuado en coordinación o respondiendo a un esquema de complot, aunque desde lo institucional. Pero si miramos con detenimiento la trayectoria de Narváez, observamos que fue dejando rastros que servirían para armar un interesante rompecabezas, donde la pieza que faltaba era la ‘doctrina’ que desde lo militar le daba sustento y justificación al accionar del paramilitarismo contra todo lo que oliera a subversión.

Es digno de recordación que José Miguel Narváez fue asesor de altos mandos militares desde 1994 (entre ellos del general Rito Alejo del Río) y profesor en guerra política de la Escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, con especialidad en operaciones sicológicas, estratagemas e inteligencia para desarticular las armas políticas de la guerrilla y sus vínculos con la población civil. Miembro de la comisión de empalme de Uribe cuando ganó su primera elección, fue asesor del Ministerio de Defensa, de Fondelibertad (la agencia anti-secuestro con escándalo de corrupción a bordo) y subdirector del DAS durante el período de Jorge Noguera, hasta 2006.

En este contexto, llaman la atención las versiones de por los menos cinco exjefes paramilitares, que coinciden en que el hombre les dictaba unas charlas tituladas "¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia?", en los propios campamentos de las autodefensas de Córdoba y el sur de Bolívar. La pregunta pertinente –e impertinente, si se quiere- es si esas charlas las dictaba por iniciativa propia, o enviado por el estamento militar. Lo mismo podría plantearse frente al asesinato de Jaime Garzón, que según esos mismos testimonios (ver verdadabierta.com) fue ordenado por Carlos Castaño, bajo instigación del propio Narváez: ¿actuó aquí también como rueda suelta, o como mensajero de una instancia superior?

Habría que preguntarse además si las Fuerzas Armadas consideran lícito matar comunistas, y la respuesta es obvia: sí, siempre y cuando atenten contra el Estado y mueran en combate. A eso se le llama ‘darlos de baja’. Pero, ¿qué pasaría si en alguno de los momentos de mayor crudeza del conflicto la cúpula militar asumió como justificado asignar a otros el ‘trabajo sucio’ de matar comunistas (llámense guerrilleros o militantes de la Unión Patriótica, a la que se le veía como el brazo político de las Farc), en consideración a que se hacía por el bien superior de la patria?

Una pista al respecto nos la brinda una declaración rendida por el exconsejero presidencial Carlos Ossa Escobar el pasado 2 de junio, en el marco de una acción jurídica de los sobrevivientes de la Unión Patriótica para recuperar su personería jurídica. Quien fuera el consejero para la Rehabilitación, Normalización y Reparación en el gobierno de Virgilio Barco, afirmó que “en algunos sectores de las Fuerzas Armadas asociados con paramilitares y narcotraficantes, se instrumentaban de manera eficiente las estrategias de eliminación de la UP”. No era una estrategia de Estado, pues desde el Ejecutivo y el poder judicial se compartía la campaña de paz, “pero la posición de las Fuerzas Armadas era ambigua”, dijo.

La osadía de Ossa fue aún más lejos, pues recordó que un día “llegué temprano, antes que el ministro César Gaviria, y al poco tiempo llegó el general (Rafael) Samudio, ministro de Defensa. Comenzamos a comentar sobre la situación recurrente con tantos asesinatos de miembros de la UP, y en algún momento le comenté que estaba preocupado con lo que sucedía. Él me respondió: ‘¿qué es lo que te preocupa, Carlos?’. Yo le dije: ‘que todos los días matan a un integrante de la UP’. Él se quedó mirándome y me dijo: ‘Carlos, a ese ritmo no van a acabar nunca’.

Se trata de un testimonio casi concluyente, que si bien no constituye prueba reina de una eventual colaboración activa entre las Fuerzas Armadas y los genocidas de la UP (la cifra de víctimas superó las 3.000), sí constituye sólido elemento de valoración para entender por qué parecía como si el Estado se hacía el de la vista gorda.

Se dirá que es hilar delgado, pero no se puede soslayar que Rafael Samudio Molina era el mismo que fungía como Comandante del Ejército cuando ocurrió la toma y salvaje retoma del Palacio de Justicia, a quien las comunicaciones radiales de esos dos días aciagos identifican como PALADÍN 6, y se comunica con ARCANO 5 (coronel Luis Carlos Sadovnick, segundo comandante de la Brigada XIII), y se escucha lo que se entendería como una orden: “esperamos que si está la manga, no aparezca el chaleco”.

Hemos extrapolado del genocidio contra la UP a la retoma del Palacio de Justicia, porque se trata en últimas de dos emprendimientos militares con el mismo objetivo, el de matar comunistas. La diferencia más notoria es que en el primer caso el brazo que instrumentalizó la matazón fue una mafia narcoparamilitar, mientras que en la retoma se trató de una fría, despiadada y demoledora operación rastrillo, donde para nada importó el elevado número de bajas colaterales ocasionadas.

Sea como fuere, sin importar por ahora si estamos ante una especie de logia de ultraderecha que aplica a su modo la combinación de todas las formas de lucha, o si el asunto tiene relación con lo que el exministro de Defensa (¿con conocimiento de causa?) y hoy presidente Juan Manuel Santos llamó en días recientes la “mano negra”, hay una frase de la película Los Simpson que se ajusta como anillo al dedo para explicar y de paso justificar tantos horrores:

“La Administración no aprueba la justicia por cuenta propia; a no ser que dé resultados”.

Jorge Gómez Pinilla