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Ley de Garantías enciende ‘locomotora de la contratación’

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Wave Ley de Garantías enciende ‘locomotora de la contratación’ Calificación: de 5,00

A 24 horas de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, alcaldías de todo el país prendieron las locomotoras de la contratación y comprometieron millonarios recursos públicos en cientos de procesos contractuales.


En Bucaramanga, Cúcuta y Neiva, la carrera contra el reloj por la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, se hizo sentir. No solo hubo un importante desfile de contratistas frente a las alcaldías de estos municipios, sino que también los funcionarios trabajaron hasta altas horas de la noche, ampliaron nóminas y suscribieron un gran número de contratos.


Como la ley prohibe que cuatro meses antes de las elecciones territoriales, entidades del Estado hagan contrataciones directas o por medio de la figura de convenios interadministrativos (vea documento de la Procuraduría), las 24 horas previas al 30 de junio fueron cruciales.

Las administraciones territoriales hicieron de las suyas y en un solo día contrataron montos que en ocasiones sobrepasaron el orden de los 8 mil millones de pesos, sumas desproporcionadas para una sola jornada laboral.

Según cifras registradas en el Portal Único de Contratación, PUC, el 29 de junio se firmaron un total de 1.699 contratos en todo el país por valor de 443 mil millones de pesos.

“Existe el riesgo real de que se burlen las restricciones de la ley anticipando la contratación o contratando elevadísimos volúmenes de recursos para el periodo de la campaña electoral”, asegura Armando Novoa, consultor del Pnud y especialista en la Ley de Garantías. “Las autoridades deben revisar con lupa todos los casos, pues si se comprueban estas hipótesis, las administraciones municipales estarían haciéndole fraude a la ley”.

La esencia de la norma es evitar la participación de funcionarios públicos en campañas electorales y que se desvíen recursos del Estado con fines partidistas, tema que en años electorales siempre pone el ojo avizor de los organismos de control sobre las alcaldías de todo el país.

Sin embargo, mucho de lo que se firmó dos semanas atrás es difícilmente rastreable. ¿La razón? Aunque para efectos de veeduría ciudadana, las entidades públicas deben subir al PUC, todos los actos administrativos que se firmen, tarea para la cual tienen tres días hábiles, muchas instituciones pasan por alto esta obligación.

“La contratación que no se publica en el portal carece de eficacia jurídica, es decir, le resta validez al contrato. El ente que evite divulgar esta información incurriría en una falta, que aunque podría subsanar con la publicación extemporánea de los documentos, traería implicaciones sancionatorias”, asegura el abogado especialista en contratación estatal Jorge Beltrán.

La omisión de la publicación de los contratos en el PUC, puede generar responsabilidades administrativas, penales, disciplinarias y fiscales, según sea el caso.

Por su parte, el Auditor General de la República, Jaime Ardila Barrera le dijo a Votebien que esa entidad está preparando un informe especial sobre cómo se llevaron a cabo los procesos de contratación en todo el país. “Estamos analizando todos los casos porque queremos cumplir todas las normas con rigor”, dijo.

Ardila Barrera sostuvo que la Auditoría no es el único ente que vigila el cumplimiento de esta le pues “la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, también podrán actuar dependiendo de la gravedad de la falta”.


708 nuevos funcionarios en Bucaramanga

En el registro del PUC, la alcaldía de Bucaramanga no sale bien librada. Ordenes de prestación de servicios para contratar ingenieros de sistemas, contadores públicos, abogados y asistentes de archivo, fueron firmadas en solo ocho horas.

708 nuevos contratistas hacen parte de la nómina de la alcaldía desde el pasado 30 de junio. El monto de los contratos asciende a 9.737 millones de pesos.

Todo esto va en contravía de las normas que rigen la contratación directa de personal, debido a que las entidades del Estado deben velar por el cumplimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad.

“Si existieron 708 contratos deben existir 708 estudios previos, en los que se establezca la conveniencia y oportunidad de la contratación del personal. Adicionalmente, la Procuraduría debe examinar si todos esos acuerdos están justificados”, argumenta el experto Beltrán. De lo contrario, sobre la Alcaldía de Bucaramanga empezaría a regir todo el rigor de la ley, dice.

Pese a los intentos que realizó Votebien por comunicarse con el mandatario del municipio, Fernando Vargas Mendoza, no fue posible hablar con él sobre estos hechos.

Trasnocho en el Huila

Las luces encendidas en la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva entrada la madrugada del pasado 30 de junio no fueron una novedad para los opitas. El trabajo de esa noche y de los días anteriores dio sus frutos.

Durante el mes de junio se firmaron 300 contratos, “los mismos que se habían firmado durante los cinco meses anteriores”, afirma Jaime Ramírez, economista, abogado y docente universitario, experto en temas de contratación.

Durante los días de junio y mediante el Decreto 405 se crearon 32 cargos, mientras el 28 y 29 de junio se profirieron varios decretos designando a los nuevos funcionarios. De éstos, cinco fueron nombrados en propiedad en carrera administrativa y 27 en provisionalidad. 18 de los cargos fueron asignados a recien egresados universitarios. (Vea el decreto)

“Los nombramientos no son gratuitos y lo que suele suceder aquí en el Huila es que esos meses previos a las elecciones se pagan varios favores”, afirma Ramírez.

Si bien este comportamiento no es ilegal, sí hubo una intensificación en los contratos que comprometen buena parte de los recursos del municipio en contravía de lo que recomendaron la Contralora, el Procurador y el Auditor en una circular enviada la semana previa a la entrada en vigencia de la ley: “la contratación directa debe garantizar el cumplimiento de los principios de economía, transparencia y, en especial del deber de selección objetiva, establecidos en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007”.

“La Ley de Garantías pretende tutelar la igualdad de todos los candidatos para que no haya personas privilegiadas pero esto no ocurre porque la ley tiene pocos dientes”, explica por su parte José Vicente Ortiz, político de larga trayectoria en la región y ex delegado de la Registraduría.

Para Ortíz, este comportamiento implica un acto político que busca favorecer concretamente a un sector y compromete la libertad que pueda tener su sucesor, no sólo con los nuevos contratos celebrados sino con las masivas incorporaciones.

Al cierre de esta publicación, fue imposible la comunicación con el alcalde Héctor Anibal Ramírez para que explicara estos hechos.

Jornada de 12 horas en Cúcuta

En Cúcuta, los funcionarios de la Alcaldía también trasnocharon. Inexplicablemente, el 29 de junio se emitió un decreto para aumentar la jornada laboral de la entidad de 6:01 de la tarde a 11:30 de la noche. (Vea el decreto),

La resolución, que fue emitida con el fin de organizar el archivo institucional, levantó suspicacias en la Contraloría Municipal de Cúcuta, ente que envió una comisión para que vigilara que en el horario de extensión no se firmara ningún tipo de contratación.

El contralor Néstor Pacheco le aseguró a Votebien que, “como ente procedimos a enviar a la alcaldía un grupo de auditoría que no permitiera la celebración de contratos, aunque estuvimos sólo hasta las 8 de noche, al día siguiente el mismo grupo fue a revisar que no se hubieran firmado actos administrativos”.

Fabiola Cáceres, Jefe de oficina de control fiscal de Cúcuta y quien dirigió el grupo auditor explicó que en este momento se encuentran estableciendo qué pasó durante el tiempo en que la Contraloría no estuvo presente en el edificio de la administración municipal. La Auditoría General de la Nación también aseguró que pondrá especial atención a este caso.

“Ya sabemos cuántos contratos se firmaron y de cuántas secretarías, en total la Alcaldía de Cúcuta celebró el 29 de junio 345 contratos por valor de 7.597 millones de pesos. Sin embargo, aún debemos establecer las horas en que se suscribieron”, dijo Cáceres.

Profesionales de todas las ramas, auxiliares administrativos y consultores fueron contratados, mientras cuatro convenios interadministrativos fueron firmados por la Alcaldía el 29 de junio.
Lo más irregular es que ninguno de los 345 contratos aparece registrado en el PUC.

El Secretario de Hacienda de Cúcuta, Adalberto Palacios Contreras, quien era el alcalde encargado ese día y expidió el decreto, reconoció que pese a que la disposición hacía referencia a la organización del archivo del edificio municipal, al interior de la alcaldía se realizaron labores propias de oficina.

“Durante las horas en que se alargó la jornada, las oficinas siguieron laborando normalmente con la diferencia de que no atendieron al público. La ley de garantías entraba en vigencia a partir de las 12 de la noche, así que en ese tiempo terminamos de hacer el trámite correspondiente para que algunos contratos que no alcanzamos a registrar en la tarde quedaran legalizados en la noche”.

Asi fue como las locomotoras de la contratación se encendieron en todo el país. Ahora está en manos de las contralorías determinar si lo hicieron en el marco de lo que regula la ley.

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