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Antes que nada, justicia

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Alfonso Gómez Méndez

¿No es hora ya de pensar que la mejor manera de conseguir la paz es aplicando la justicia?

Una vez más, en nombre de la paz, vuelve a plantearse la necesidad de una "negociación", esta vez con las bacrim (bandas criminales), una mezcla de paramilitarismo, narcotráfico y delincuencia común.

Monseñor Vidal, pastor de la Iglesia en Córdoba, recordado por su gestión para la entrega de los paramilitares de Ralito, ha expuesto la necesidad de oír a más de cinco mil integrantes de estas bandas, quienes se comprometerían -a cambio de un debido proceso- a entregar rutas de narcotráfico, erradicar cultivos y no asesinar más.

Curiosamente, es la misma oferta que hicieron los narcos en Panamá en 1984, aún caliente el cadáver de Rodrigo Lara, en reunión con el ex presidente López y otros distinguidos ciudadanos, y que, según cuenta en un libro uno de sus protagonistas, el ex procurador Carlos Jiménez Gómez, fue autorizada por el gobierno de entonces.

Si la paz dependiera de amnistías, indultos, sometimientos condicionados, negociación de penas, "principios de oportunidad" o cualquier otro mecanismo para "flexibilizar" la justicia, Colombia debería ser un paraíso, sin guerrilla, paramilitares, corruptos, narcotraficantes o delincuencia organizada.

A todas estas expresiones del delito, en algún momento de nuestra historia se les ha entregado a pedazos la ley o la aplicación de la justicia. Muchas guerras civiles tuvimos en el siglo XIX a pesar de innumerables leyes de amnistía.

A raíz de la Violencia liberal-conservadora, Rojas Pinilla dictó un decreto que perdonaba por igual a guerrilleros y a agentes del Estado que se hubieran "excedido en su defensa".

Durante el Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo también expidió normas sobre amnistía e indultos para conseguir la pacificación.
Belisario Betancur, a través de una amplia amnistía, logró un año de tregua con las Farc, hecho que permitió el surgimiento de la Unión Patriótica, ahogada en sangre por la que el presidente Santos llamaría hoy tenebrosa "mano negra".

Al M-19 se le concedieron dos leyes de amnistía, que comprendían actos de ferocidad y barbarie tan escalofriantes como la toma del Palacio de Justicia.

Para frenar el narcoterrorismo, aun antes de que la Constitución prohibiera la extradición -su mayor exigencia al Estado-, se suspendió por decreto legislativo la posibilidad de que los mafiosos fueran extraditados.

Pablo Escobar dijo que se entregaba "por la paz de Colombia", después de que se le llevó el texto que suprimía del ordenamiento superior la extradición de nacionales. Se le permitió hacer condicionamientos para su sitio de reclusión y hasta que "vetara" a la Policía como su guardián.

El Congreso expidió la Ley 81 de 1993, básicamente orientada a desmantelar el cartel de Cali, en virtud de la cual se establecieron grandes beneficios por confesión, sentencia anticipada, colaboración con la justicia y hasta por trabajo o estudio.

En los anales y archivos del Congreso deben reposar, de un lado, las imágenes de los abogados de los narcos cuando trataban de "legislar" para sus clientes, y, del otro, la férrea oposición de una joven representante a la Cámara, Viviane Morales, hoy fiscal general de la Nación.

Y ahora con el principio de oportunidad, en aras de la eficacia, aceptamos que a grandes delincuentes no se les apliquen penas a condición de que involucren a sus compinches. ¡Sabemos bien qué ocurrió con la ley de justicia y paz, que permitió penas irrisorias para torturadores, desplazadores y asesinos en serie!

¿No es hora ya de pensar que la mejor manera de conseguir la paz es aplicando la justicia? ¿No es mejor fortalecer el ******o judicial para que, sin esguinces, sin arrepentidos y sin concesiones, se construyan procesos sólidos y efectivos contra los delincuentes de tan diverso pelambre que padecemos?

El autor no es de mis personajes favoritos, pero creo que, esta vez, no anda muy alejado de lo que verdaderamente necesita el país