El Cartel de las Togas y las Pensiones millonarias
 

Fallos ordenan pagos por encima de tope legal. Procuradora a punto de jubilarse los avala.


Desde el 2005, más de cien servidores públicos se han ganado una especie de lotería en los juzgados. Con tutelas y demandas, antiguos procuradores, magistrados, fiscales y miembros del Consejo Electoral, entre otros, han logrado que el Estado les liquide sus pensiones por encima del tope legal, que se estableció hace seis años en un acto legislativo: 13'375.000 pesos al mes.
A pesar de ese mandato, los jueces ordenan mesadas hasta de 25 millones, en aplicación de diferentes regímenes. Esto, como lo advirtió hace una semana el presidente Juan Manuel Santos, podría costarle al país entre 11 y 20 billones de pesos, lo que pone en riesgo el sistema pensional.


EL TIEMPO tuvo acceso a un informe del alto gobierno según el cual el Seguro Social tiene en su nómina a 74 de estos jubilados, que le valen al erario 14.400 millones de pesos al año. Y en Cajanal, el panorama es similar.
Esos casos terminaron en los juzgados luego de que Cajanal y el Seguro se negaron a aplicarles la Ley 33 de 1985 (o régimen de transición) y otras normas que contemplan factores salariales especiales (como los de congresistas) y que disparan las mesadas.
Tanto el Seguro como Cajanal rechazan esas pensiones con base en jurisprudencia de la Corte Suprema, que respeta el tope impuesto, restringe el factor salarial -sin bonificaciones ni primas- y promedia la mesada a partir de lo devengado en los últimos 10 años. También las niegan porque, dicen, no todos los solicitantes cumplen los requisitos.
Pero, con base en jurisprudencia del Consejo de Estado, los jueces siguen ordenando los desembolsos, alegando la protección del debido proceso, la igualdad, la vida digna y la seguridad social, entre otros derechos.
Así, la ex fiscal Marta Luz Hurtado obtuvo una pensión de 21 millones y la ex presidenta del Consejo Electoral Adelina Covo, otra de casi 18 millones. Ex magistrados y ex consejeros de Estado -algunos de los cuales exigieron no ser mencionados- también gozan de mesadas superiores al tope legal.
Choque de jurisprudencias
Inicialmente eran casos aislados, pero el lío arreció en noviembre, cuando el procurador Alejandro Ordóñez, invocando funciones preventivas, conminó al Seguro y a Cajanal a "respetar derechos adquiridos" y ajustar las mesadas al régimen de transición.
La directriz, que despertó múltiples dudas, fue reiterada en febrero y abril por Diana Ojeda, delegada de la Procuraduría para la Seguridad Social, so pena de sanciones.
Ojeda -quien simultáneamente le está pidiendo al Seguro que la jubile- recalcó que no se debe aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema, sino las del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que son las que, en criterio del Gobierno, disparan las mesadas.
Ante el choque de jurisprudencias, el Procurador y los ministros de la Protección Social, Mauricio Santa María, y de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, acordaron pedirle a la Corte Constitucional que unifique las normas, pero aún no hay respuesta y voceros del tribunal dijeron el viernes que no van a hablar del tema.
Mientras eso pasa, Ojeda dio la instrucción de que la jurisprudencia que rige, hasta que se pronuncie la Corte, es la del Consejo de Estado y por eso ya pidió investigar a la directora del Seguro, Silvia Ramírez, que se limita a seguir las políticas de su entidad (ver 'No estoy impedida').







'No estoy impedida'
Habla delegada para la Seguridad Social
Según Diana Ojeda, lo que hace la Procuraduría es repetir normas (como el Acto Legislativo del 2005) que obligan a acatar jurisprudencia del Consejo de Estado. "La propia Corte Suprema ha dicho que, tratándose de servidores públicos, el juez competente es el contencioso (Consejo de Estado)", explicó. Según ella, esto deberá ser así hasta que se pronuncie la Corte Constitucional. Sobre los fallos que obligan a pagar pensiones por encima del tope, dijo que las personas pueden buscar por esa vía lo que el Estado (Seguro Social y Cajanal) les niega. "Una cosa es el legítimo derecho (de las personas) y otra la sostenibilidad financiera (de la Nación)", acotó. Además, aseguró que no está inhabilitada para defender desde su cargo esa postura y a la vez pedir su pensión. "No he pedido que me apliquen ningún régimen. Que hagan allá lo que quieran. Es un derecho que me asiste. Mi función es hacer cumplir la ley".
Beneficiados con sentencias las defienden
Aseguran que sus solicitudes se sustentan en jurisprudencia del Consejo de Estado.


Marta L. Hurtado
Ex fiscal delegada
Entutelé porque el Seguro no me reconoció derechos adquiridos por más de 15 años de servicio. Otros, con un mes en un tribunal, piden y obtienen esos regímenes.


Álvaro Pérez
Ex magistrado
Entutelé porque el Seguro me la negó sin fundamento. Reconocía que yo llenaba todos los requisitos, pero me faltaba tener 62 años. Totalmente equivocado.
José Herrera V.
Ex magistrado
El Seguro insistía en que no me cubría el régimen especial, a pesar de 28 años de servicio. Entutelé y pedí el derecho a la igualdad frente a otros a los que se las dieron.


César Valencia C.
Ex magistrado
Cajanal dice que no cumplía requisitos, pero ya tenía 36 años de servicio y 56 de edad. El juez de tutela reconoció que yo tenía derechos adquiridos.


Adelina Covo
Ex consejo Electoral
El Seguro sólo reconoce regímenes ordinarios, y a mí me cobija el de las altas cortes, como lo dijo el juez de tutela. Hay jurisprudencia del Consejo de Estado que respalda mis derechos.



José g. Hernández

Ex magistrado
La tutela no procede en estos casos y tampoco la Corte Suprema. Demandé a Cajanal porque decía que no tenía la edad, y el Consejo de Estado me reconoció derechos que tienen los magistrados.

El Tiempo unidad
Investigativa

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y alguien dudaba que estábamos en uno de los países mas corruptos del mundo ¿? esto da una gran tristeza como colombiano. pero bueno ...