DeNunCianDo - La institucionalidad minera

La institucionalidad minera*
Por: Salomón Kalmanovitz

UN ÁREA DE LA REGULACIÓN ESTAtal que fue diligentemente descuidada en los últimos ocho años fue la minería.

Aquí proliferó la concesión ilimitada de títulos a empresas e individuos peligrosos, la liquidación mínima de las regalías, la escasa ponderación de las consecuencias ambientales de la explotación a cielo abierto y el abandono de las empresas mineras pequeñas y medianas a su suerte.

Por contraste, la estatal minera del cobre en Chile cuenta con programas que investigan las aplicaciones de su recurso a la industria, apoya a los pequeños mineros con asistencia técnica y financiera y sirve de contrapeso a la minería privada. Colombia renegó de la presencia pública en tan vital sector desde que vendió Carbocol.

El Gobierno acaba de contratar con la firma McKinsey un estudio para reestructurar nuevamente la minería, después de múltiples cambios que han conducido a la práctica desaparición de la regulación de los recursos naturales de los que somos dueños presuntamente todos los colombianos. No existen filtros que prevengan que empresas de pésimo comportamiento laboral, de irrespeto a los derechos humanos, que depredan salvajemente el medio ambiente o cuyos dueños están asociados con el crimen organizado, apropien la renta minera sin dejarle mucho al Gobierno ni al país.

En el actual estatuto minero las empresas pueden deducir de las regalías los gastos que ejecuten en tener programas de responsabilidad social u otras gastos de sus fundaciones (o sea que los financiamos los contribuyentes). El Gobierno adjudicó 9.000 títulos, sin verificar si los predios estaban localizados en páramos, reservas forestales, parques naturales, tierras de los resguardos o eran propiedad de las comunidades afrocolombianas. El estatuto no consultó a estas comunidades, por lo cual la Corte Constitucional lo tumbó pero dándoles dos años para reparar sus entuertos.

El monto de las regalías es exiguo en la mayor parte de los casos: el régimen no diferencia la gran explotación de la pequeña y no cuenta con mecanismos que le permitan al Gobierno compartir los altísimos precios obtenidos por los recursos en el mercado mundial. El oro, por ejemplo, tributa 4% del valor extraído, cuota fijada cuando la onza valía 300 dólares, mientras ahora está en 1.500 dólares. El mineral precioso está siendo explotado con tecnologías de cielo abierto, aplicando cantidades industriales de cianuro y ácidos, que amenazan las fuentes de agua y los ríos mismos. El carbón paga el mismo 10% de siempre, aunque su precio se ha disparado por tres. El ferroníquel pasa por la misma regla y lo mismo parece proyectarse para el coltán, de enorme potencial en la industria electrónica. Así las cosas, las empresas capturan casi toda la renta minera; eventualmente, al país sólo le van a quedar los enormes huecos que deja la explotación exhaustiva de sus recursos naturales.

Se requiere entonces de una institucionalidad sólida, como la que el país pudo organizar para el sector de energía con su Comisión de Regulación (CREG), que es un ente independiente, riguroso, dotado de buen presupuesto y que cuenta con personal idóneo. Haría bien el Gobierno si logra recuperar la renta de los recursos naturales no renovables que se han venido regalando en forma tan alegre e irresponsable.

*Alguna de las ideas aquí expuestas están en un documento de Álvaro Pardo, de Colombia Punto Medio: “La institucionalidad minera desde una perspectiva social: una propuesta”.

Enlace: http://www.elespectador.com/impreso/...nalidad-minera