"La justicia penal militar no ha tenido credibilidad"

C.O.T.- No se ha firmado la ley de víctimas y restitución de tierras y ya empiezan las amenazas para los campesinos que regresan a sus regiones ¿Qué es lo primero que debe hacerse para evitar venganzas y matanzas locales?

C.S.V.- Todo debe partir de un buen análisis de riesgo local y de un mapa muy detallado sobre el mismo, ampliando a este concepto el de corrupción política y los intereses existentes en proyectos legales de inversión que también ejercen presión sobre la propiedad de la tierra. El Estado tiene que llegar no solo con pie de fuerza sino también con actuaciones judiciales más rápidas y términos de investigación y recolección de información más corta y eficaz sobre los posibles victimarios, por parte de la Fiscalía. Por último hay que instalar mesas de diálogos entre las entidades estatales responsables y la población que conoce mejor el ambiente. Aunque esta ley de víctimas va a tener muchos vacíos sobre todo cuando se vaya a implementar, creemos que es un instrumento muy importante para el fortalecimiento y el cumplimiento de los derechos humanos en Colombia.

C.O.T.- ¿Hasta dónde es legítima la discusión democrática de las distintas posiciones políticas frente a estos temas y dónde empiezan a ambientarse, con la disculpa de la libertad de opinión, actos que lindan con el delito?

C.S.V.- La libertad de opinión es un derecho universal fundamental y para la democracia es muy sano contar con expresiones de toda índole. Es parte del discurso político y es positivo que haya diferencias de criterio. Lo importante es que el gobierno se mantuvo firme en no discriminar a las víctimas entre las de agentes del Estado y las de grupos ilegales. A nivel internacional ha sido un gran avance poder desligar la responsabilidad penal de victimario del derecho de las víctimas a la reparación.

C.O.T.- ¿El cambio de gobierno fue importante para ustedes en materia de protección de derechos humanos en Colombia?

C.S.V.- Hemos mantenido una relación muy estrecha con el anterior gobierno y con éste, conservando siempre nuestra línea independiente de observar la situación nacional. Vamos a seguir estudiando los cambios reales en las regiones y a analizar las variaciones en materia de protección de derechos.

C.O.T.- ¿La existencia de una ley de víctimas no marca una gran diferencia entre este periodo del Ejecutivo y el anterior?

C.S.V.- Como le dije, vemos como muy positivo este viraje inesperado del Estado en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Este aspecto fundamental es nuevo y por eso apoyamos el cambio. Sin embargo, hay una serie de factores estructurales que va a dificultar los avances de la nueva ley como el conflicto armado, la impunidad en la justicia, la corrupción, por ejemplo, de la parapolítica local. La restitución de tierras será un ejemplo si se ejecuta como está proyectada pero no hay que ocultar que va a ser muy difícil.

Cruce de datos para conocer la tragedia

C.O.T.- Recientemente se creó el Archivo Nacional de muertos en combate y usted recomendó cruzar los datos de este organismo con los NN de Medicina Legal ¿Por qué cree necesario ese cruce?

C.S.V.- Hay un viraje político muy interesante en este nuevo gobierno cuando procura fortalecer los derechos de las víctimas, por ejemplo, ejecutando una labor que uno se pregunta si no pudo haberse hecho antes: un simple cruce de huellas dactilares y otros datos para identificar a los desaparecidos. El siguiente escalón debería ser el de identificar, en concreto, a las víctimas de desaparición forzada, el fenómeno que más le interesa a nuestra oficina porque supone la intervención de un agente gubernamental o de un grupo paramilitar que ha actuado en connivencia con un ente oficial.

C.O.T.- Se dice que hay 10 mil NN cuya identidad pudo determinarse pero faltaron otros 12 mil casos sin coincidencia de datos ¿Ha visto situación más dramática?

C.S.V.- El caso de Colombia es distinto a otros porque ha ocurrido en medio de un conflicto interno de muchos años. Hay datos que indican que hay más de 15 mil casos de desaparición forzada, entre ellos 3 mil de menores de 20 años, y 3 mil de mujeres. Estas cifras crecerán mucho porque ahora la gente denuncia más.

Apoyo a la Corte Suprema

C.O.- ¿Cómo le ha parecido el desarrollo de la Ley de Justicia y Paz y en contraste, las condenas a los congresistas por vínculos con el paramilitarismo?

C.S.- Hemos expresado mucha admiración y apoyo a la Corte Suprema de Justicia por las investigaciones que ha adelantado durante estos años y la seguimos acompañando como observadores internacionales. De otro lado, hemos sido críticos del desarrollo de la Ley de Justicia y Paz porque no ha arrojado lo que se esperaba en materia de justicia. Hasta ahora hay dos sentencias apeladas. Significa que no existe ninguna condena. Pensamos que hay que hacerle reformas muy profundas.

C.O.- la Corte Suprema ha hecho lo que le corresponde jurídicamente hablando pero a un alto costo en materia de ataques internos. Específicamente ¿Cómo califica su oficina las sentencias de la Corte?

C.S.- En todos nuestros informes siempre hemos reconocido la labor de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y hemos pedido respeto para sus decisiones y para la independencia de la justicia.



Fuente:

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Eso es cierto... ni la militar, ni la ordinaria tienen el mínimo de credibilidad.

Me sorprende su lectura rápida Eric

Creì que solo iba hasta la primera parte... Opinè sin que terminaras de ponerla

La máquina de absoluciones militar

La justicia en general!



...es que hasta verguenza me da llamar a eso: JUSTICIA!

Adorad Al HipnoSapo

Jajaja es que el man hizo un curso de lectura rápida .

Hablando de la justicia penal... Es una broma. Siempre sale el general Narcanjo diciendo que las investigaciones se adelantarán y nunca se muestran resultados. Me imagino que la forma de resolver los casos es trasladar a los uniformados a otras regiones del país .

AMARILLO, AZUL Y ROJO: COLORES PRIMARIOS PARA UNA MENTE PRIMARIA

justicia penal militar= bullshit,,,,

Justicia Penal Militar= impunidad

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