Director del Inpec reconoce que no hay política pública penitenciaria en el país

El senador Mauricio Lizcano, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que en estas condiciones no habrá paz en el país, puesto que las cárceles se han convertido en “verdaderas universidades del delito”.

Bogotá, D.C., 4 de Mayo de 2011 (Prensa Comisión de Derechos Humanos).- Con una población reclusa de cerca de 90 mil colombianos, que de forma permanente denuncia violación a sus derechos humanos, el director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte sostuvo que no existe en el país una política pública penitenciaria como tal.

Durante la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias, el funcionario indicó que el aumento de la población reclusa ha crecido en lo que va del 2011 entre un 1.5 y un 1.6 por ciento y que el cuello de botella se registra en los 37 mil sindicados existentes, por lo que le sugirió trabajar en coordinación con los jueces locales y de Ejecución y Penas para que a estas personas se les soluciones lo más pronto su situación y así se pueda descongestionar en parte las 144 cárceles del país.

El senador Alexander López (Polo Democrático) aseguró que existe una falencia en la política de derechos humanos en el sistema carcelario, e indagó al director del Inpec sobre el nuevo modelo carcelario del país como las concesiones y sobre las facultades que tiene el Congreso para reestructurar a esta institución.

Para el senador Milton Rodríguez (Partido de la U) las principales falencias se registran es la deficiente prestación del servicio de salud, el cual actualmente está a cargo de Caprecom, e indagó por la construcción de las cárceles de Cundinamarca, en especial la de Guaduas. En el mismo sentido se pronunció la senadora Oscar Suárez Mira (Partido Conservador), quien manifestó que estas denuncias son generalizadas en todo el territorio nacional y que no existe una política de resocialización clara.

Con vehemente insistencia el senador Marco Aníbal Avirama (Movimiento Indígena C) abogó por la situación de la población indígena reclusa, cerca de 700 personas, según estadísticas del Inpec, quienes en la mayoría de las veces por no hablar español, se les hace más complicado iniciar una defensa efectiva, con los defensores de oficio. Así mismo denunció que no existe una política de rehabilitación para estas comunidades.

“Los indígenas son agricultores por principio y en las cárceles se vuelven perezosos, por lo que sugiero que su pena la paguen en granjas agrícolas, con supervisión del Inpec”, señaló el senador Avirama.

En defensa de las mujeres reclusas del país, abogó la senadora Amparo Arbeláez (Liberal), quien solicito que se estudie con mayor detenimiento los casos en los que ellas están pagando su pena en centros carcelarios apartados de su familia, para que no sea una causa más de la descomposición social que se vive en el país.

A su turno el senador Edgar Espíndola (PIN) respaldó al director del Inpec en su búsqueda por una política clara y aseguró que el Estado no debe solamente castigar el delito sino prestarle una mayor atención a la verdadera resocialización. Cuestionó la insuficiencia de guardias para atender al gran número de reclusos del país. “Espero que algún día podamos felicitar a un ministro o a un gobierno por cerrar cárceles y no por abrir más “.

El General Ricaurte aseguró que frente a la falencia de personal de custodia se hace necesario agilizar los procedimientos de incorporación o hacerlo directamente por el Inpec, pues los procesos a través de la Comisión del Servicio Civil se puede tardar hasta año y medio en salir.

Aplaudió la creación de las audiencias virtuales con las que se reducen costos y riesgos a la hora de trasladar un recluso. Aseguró que de las 22 que actualmente están en funcionamiento se espera que al finalizar el año se cuenten con 54.

Finalmente afirmó que el nuevo modelo del Plan Maestro Penitenciario del actual gobierno, aborda la construcción de complejos penitenciarios, donde se puedan recluir hombres, mujeres, sindicados y condenados y divididos en alta, media y baja seguridad, con instalaciones complemente dotadas en salud, espacios de recreación y capacitación.

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