DeNunCianDo - Sera que si?: Robo de celulares dará hasta ocho años de cárcel

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La plenaria de la Cámara aprobó, en último debate, la ley de seguridad ciudadana que modifica el
Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio. Ahora, la iniciativa pasará a conciliación y posteriormente será sancionada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos.

Con la ley, quien manipule, reprograme, remarque o modifique celulares tendrá penas de 6 a 8 años y multas que podrían oscilar entre 6 y 700 salarios mínimos.

Dentro de los artículos aprobados se encuentran medidas tan relevantes como la que impone penas entre 10 y 17 años de cárcel a quienes utilicen o induzcan a menores de edad a la comisión de delitos.

El coordinador de ponentes, Alfredo Deluque, explicó que dentro de los artículos que se aprobaron "se destacan los que tiene que ver con el Código de la Infancia y Adolescencia, en donde llegamos al acuerdo de no aumentar la pena máxima que existe hoy de ocho años a 10 sino dejarla en ocho años, pero con la condición de que los jóvenes delincuentes continuarán en la cárcel así cumplan 21 años de edad" pero sólo en los casos de homicidio doloso, secuestro, extorsión y delitos sexuales. No obstante, fue negada una proposición que pedía que los menores fueran juzgados como mayores de edad, debido a la oposición del Partido Verde.

Frente al delito de minería ilegal, los representantes acordaron que las actividades que realizan los indígenas en Colombia y algunas comunidades negras no serán penalizadas, ya que obedecen a actividades ancestrales.

Deluque explicó que el delito de porte ilegal de armas tendrá una ampliación de pena. Dentro de la iniciativa también se adicionó un artículo que extiende la duración de las interceptaciones a seis meses, tres más de lo que actualmente está estipulado.

Otro artículo de relevancia aprobado es el que aplica penas entre 13 y 22 años de cárcel a quienes financien el terrorismo y a grupos de delincuencia organizada. Además de la pena, se impondrán multas entre 1.300 y 15.000 salarios mínimos.

La iniciativa de seguridad ciudadana también regulará los recursos naturales, los cuales quedan protegidos ya que la Ley impone penas a quienes se lucren del tráfico ilegal de flora y fauna. Los castigos podrían llegar hasta los 108 meses de prisión y multas hasta de 35.000 salarios mínimos.

De igual forma, crímenes como el tráfico ilícito de autopartes y la venta ilegal de medicamentos serán duramente sancionados, también quien fabrique, trafique o porte armas de fuego o municiones incurrirá en prisión de 9 a 11 años. La iniciativa aplicará medidas más severas para quienes incurran en lavado de activos, imponiendo penas hasta de 30 años de prisión.

Otra medida que fue aprobada fue la ley de seguridad ciudadana, que permitirá hacer allanamientos después de las seis de la tarde. Aunque el Polo Democrático propuso que los allanamientos después de las seis de la tarde tuvieran la presencia del un miembro de la Procuraduría o de lo contrarío no se podrían hacer, la propuesta no fue aprobada ya que los representantes consideraron que era suficiente con una orden judicial.

El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, señaló al respecto que la medida ayudará a la justicia, a la Policía y a la Fiscalía, porque el crimen no tiene horario de trabajo.

En el caso del artículo que penalizaba las protestas que bloquearan las vías principales con hasta ocho años de prisión, el Congreso estableció que solamente serán judicializadas aquellas personas que incentiven a hacer los bloqueos y tendrán como máximo una pena de dos años.

Al finalizar el debate, el ministro del Interior dijo que "no fue un proyecto fácil pero finalmente termina su tramite, esperamos que la Policía Nacional, los fiscales generales, las autoridades de los entes territoriales puedan hacer el mejor uso de estos instrumentos".

Vargas Lleras agregó que "la política de seguridad del presidente Santos, en materia de seguridad ciudadana, incorpora la parte operativa, el plan cuadrantes, los esfuerzos que se están haciendo para adoptar mejor a las autoridades, pero requiere de este marco legal, pues muchas de las personas que están siendo capturadas están quedando en libertad por tecnicismos jurídicos ".

A su turno, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, manifestó que "durante los últimos meses en cada consejo de seguridad nos encontrábamos con los mismo reclamos de nuestros hombres y de la comunidad acerca de que los que se escribía con la mano se borraba con el codo por la falta de instrumentos legales adecuados y por la adición de fenómenos criminales que no estaban suficientemente bien recogidos por la ley".

Rivera agregó que "este proyecto es histórico, le va a dar a la Fuerza Pública y a los jueces instrumentos que nos faltaban para endurecer el combate contra todas las manifestaciones criminales, particularmente contra bandas criminales, narcotraficantes, los desafíos propios de la seguridad ciudadana y también los desafíos que tiene que ver con el narcoterrorismo".