El Consejo de Estado también pidió que se investiguen penal y disciplinariamente las presuntas omisiones.
Varios soldados trasladan los cuerpos de sus compañeros asesinados en la toma guerrillera.
La Nación fue condenada por la responsabilidad de sus agentes de seguridad en la toma de la base militar de Las Delicias, en el Putumayo, por decisión del Consejo de Estado, que ordenó elpago de más de 1.680 millones de pesos a los familiares de tres de los soldados victimizados en la acción guerrillera protagonizada por insurgentes de las Farc, que asesinaron a tres decenas de agentes.
La colegiatura concluyó que se trataba de una unidad militar que no gozaba de condiciones estratégicas de ubicación, debido a la deficiente accesibilidad y la casi nula existencia de vías de escape, pero que además estaba integrada por agentes sin la suficiente preparación y armamento, entre otras omisiones que, a juicio del alto tribunal deben ser indagadas penal y disciplinariamente.
“Teniendo en cuenta que en la zona operaban los grupos subversivos, constituía un hecho notorio la posibilidad de un ataque de los mismos, lo que representa una amenaza inminente, cierta e inevitable... Se reitera por la Sala, la responsabilidad que se imputa al Estado es por el resultado en atención a que no hubo o no se emplearon suficientes instrumentos de prevención (frente a lo que los altos mandos militares reflejan su omisión y desatención)”, señala la sentencia del magistrado Jaime Santofimio.
Además, dice el Consejo de Estado, no se explica cómo unidades militares cercanas al lugar de los hechos, como las de la Base de Tres Esquinas, Puerto Leguízamo y Apiay tardaron tanto en dar respuesta al ataque que debieron soportar durante varias horas un grupo de militares mal armados y deficitariamente preparados.
La base militar de Las Delicias, en Puerto Leguízamo, Putumayo, fue tomada por unos 600 guerrilleros de las Farc el 30 de agosto de 1996; allí perecieron 31 uniformados y otros 17 resultaron heridos, en tanto que 60 se convirtieron en secuestrados de ese grupo insurgente.
Los uniformados plagiados fueron liberados el 14 de junio de 1997, tras una acción unilateral de los guerrilleros, que exigieron la desmilitarización de Cartagena del Chairá, Caquetá, al gobierno de Ernesto Samper Pizano.
“Fue el Estado el que creó la situación objetiva de riesgo por la existencia de la Base Militar de Las Delicias en un ámbito espacial, de orden público y de posibilidades defensa y protección limitada, sin que hubiera desplegado los deberes de salvamento, apoyo y protección suficiente al que estaba obligado por expresos mandatos constitucionales”, concluye la providencia.
El Consejo de Estado ordenó la publicación del contenido de esta sentencia en el Diario Oficial durante los próximos seis meses, así como el ofrecimiento de disculpas públicas por parte del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, que también deberán proveer de tratamientos sicológicos a los dolientes de las víctimas y a los sobrevivientes, ante las afecciones síquicas que pudieron sufrir a consecuencia del ataque guerrillero.
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Condenan a la Nación por toma de Las Delicias
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