Procurador presentó recurso de reposición en caso Wilson Borja

Procurador presentó recurso de reposición en caso Wilson Borja


Solicita a la Corte Suprema de Justicia revocar el auto impugnado y en su lugar declarar la legalidad de la evidencia digital recuperada en la "Operación Fénix".




Wilson Borja, cuyo proceso por farcpolítica se cayó.


El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, sustentó el recurso de reposición contra el auto inhibitorio proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a favor de Wilson Alfonso Borja Díaz, exrepresentante a la Cámara.
El comunicado de prensa dice que frente a la argumentación esgrimida por la Sala de Casación Penal, el Jefe del Ministerio Público, apoya su petición reconsiderativa, en los siguientes términos:

1. LA LUCHA INTERNACIONAL CONTRA EL TERRORISMO.


2. DE LA EXTRATERRITORIALIDAD DE LA OPERACIÓN FÉNIX.


3. DE LA ACTIVIDAD DE POLICIA JUDICIAL EN EL MARCO DE LA
OPERACIÓN FENIX.
3.1. Inaplicabilidad del Convenio de Cooperación entre Colombia y Ecuador.
3.2. Funciones de Policía Judicial y Primer Respondiente.
3.3. De las funciones de Policía Judicial en cabeza de los miembros de la Policía
Nacional que participaron en la “Operación Fénix”.

4. CADENA DE CUSTODIA, INFORME DE INTERPOL Y PRUEBA ILEGAL.

5. DEL PRECEDENTE JUDICIAL.


Señala el Procurador en su recurso que: “en la decisión inhibitoria se habla de la consideración de dos dimensiones de la ‘Operación Fénix’. Sin embargo, en la ponderación de la legalidad de la prueba desconoce totalmente la consideración de la dimensión político-militar en que se gestó y efectuó dicha operación.


Consideración que resultaba necesaria para establecer la legitimidad o por lo menos la fuerza vinculante de las presuntas irregularidades cometidas en desarrollo de la operación militar.
Por desconocer esa circunstancia de la Operación Fénix, se resolvió declarar ilegal la prueba recogida sin tener en cuenta que los cuestionados elementos de juicio se obtuvieron en un contexto de lucha contra el terrorismo, al amparo de la seguridad nacional e internacional, en el marco del desarrollo de un conflicto no internacional”.
Uno de los argumentos centrales del Procurador General señala que: “la Operación fue plenamente válida ante el derecho internacional siguiendo el ius ad bellum vigente actualmente en la práctica. No cabe duda que la acción fue una operación militar, que utilizó la fuerza de los bombardeos aéreos y el poder militar para neutralizar a los terroristas que permanecían en el campamento. Por el objetivo, el tipo de armamento utilizado, las tácticas implementadas, y el hecho de que la operación se llevó a cabo contra objetivos militares, es decir, contra los combatientes no legítimos que son los terroristas de las Farc, la operación se enmarca dentro del conflicto armado no internacional, que se rige por el Artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra”.
Precisó en el informe de prensa que “no es viable aplicar el artículo 485 del C.P.P. con miras a la solicitud de cooperación judicial a autoridades extranjeras, en la que jueces, fiscales o jefes de unidades de policía judicial estarían en capacidad de pedir a otros Estados, por los conductos establecidos, cualquier elemento material probatorio o la práctica de una diligencia, pues en el evento en ciernes, como ya se ha reiterado, no se trató de la práctica de una diligencia judicial en el marco de un proceso penal, sino de una operación militar, que contrajo de manera inusitada la consecución de elementos materiales probatorios”.

Para el Procurador General de la Nación, los miembros de la operación Fénix, en esa época y lugar de los hechos, actuaron amparados en funciones supletorias de Policía Judicial según dispone el parágrafo del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal, o en su defecto como primer respondiente en los términos del artículo 208 ibídem.
En ejercicio legítimo de esa actividad, frente a un inminente peligro de ataque de la guerrilla de las Farc, custodiaron el lugar de los hechos, inspeccionaron el sitio, recolectaron, embalaron, custodiaron y transportaron las evidencias físicas más importantes.
Tampoco sería adecuado aducir, que los funcionarios que actuaron en el ejercicio de funciones supletorias de Policía Judicial o como primer respondiente, lo hicieron sin orden de autoridad competente.


En cuanto al alcance del precedente consideró el Procurador que: “No existe un panorama social diferente al presentado cuando la congresista Gloria Inés Ramírez Ríos fue cobijada con decisión inhibitoria, siendo ello así, no se justifica confeccionar una nueva ponderación e interpretación de los medios de conocimiento, pues de acuerdo con la realidad de ese acontecer social, resulta claro que esas condiciones subsisten desde el 15 de julio de 2009, cuando la Sala de Casación Penal valoró la misma fuente probatoria y nada dijo sobre su producción, práctica o aducción. Por consiguiente, la respuesta fue jurídica y así se mantiene hasta hoy, no existiendo motivación para este cambio”.
La postura inicial tampoco resulta contraria a los valores, objetivos, principios y derechos que soportan el ordenamiento jurídico, porque si así hubiera sido, los argumentos expuestos en el inmediato pasado por la Corte Suprema de Justicia para apreciar las pruebas obtenidas en el campamento del desaparecido jefe guerrillero serían de otro talante, pero se convalidó la prueba con el ejercicio de

valoración.

En lo que atañe a la valoración de la prueba destaca el jefe del Ministerio Público que “en toda la providencia la Corte buscó demostrar la ilegalidad de las evidencias recogidas en el campamento del terrorista Raúl Reyes, pero hacia el final de su argumentación, termina valorando las evidencias, señalando que no se tratan de correos electrónicos sino de documentos de Word, de los cuales se desconoce si viajaron por la red. Esta verdadera apreciación de la prueba, contradice la argumentación seguida por la Sala de Casación Penal en la providencia, pues le asigna mérito y grado de convicción al elemento material probatorio declarado antes como ilegal”.
Por todo lo expuesto, la Procuraduría General de la Nación solicita a la Corte Suprema de Justicia revocar el auto impugnado y en su lugar declarar la legalidad de la evidencia digital recuperada en la “Operación Fénix” y disponer la actividad investigativa necesaria para verificar o demeritar el contenido de los archivos electrónicos hallados durante la mencionada operación militar que puedan comprometer o vincular a Wilson Alfonso Borja Díaz