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La ética, ¿asunto menor?
Por: Cecilia Orozco Tascón

EL RECONOCIDO ECONOMISTA JUAN Carlos Echeverry pertenece a una capa superprivilegiada: se graduó en los Andes, donde además ha sido profesor y decano; es Ph.D de la famosa NYU (New York University).

Ha sido asesor de organismos internacionales y gobiernos y ha desempeñado altos cargos oficiales en Colombia. Semejante fortuna, en un país que les ofrece tan escasas oportunidades a los miles de estudiantes y empleados que ya quisieran tener siquiera una parte de las ventajas de que ha gozado el hoy ministro de Hacienda, entraña responsabilidades serias frente al resto de la sociedad.

A finales de 2009 y comienzos de 2010, cuando era consultor privado en su firma EConcept, el doctor Echeverry fue contratado por $150 millones de pesos por Saludcoop para analizar el sistema de salud. En un acto legítimo como particular, Echeverry escribió un documento basado en la información que le suministró Saludcoop, en que llegó a conclusiones sobre “el presente y futuro” del sistema que hoy es motivo de escándalo. El consultor encontró lo que hoy todos sabemos: que la salud va a colapsar por “faltantes financieros” y que la “sostenibilidad de las EPS depende de la forma como se resuelvan las reclamaciones por concepto de procedimientos y medicamentos no POS, como de la forma como se continúe comportando la aprobación de nuevas solicitudes de servicios por fuera del POS vigente”. Echeverry presentó también soluciones. Una de ellas fue la de cubrir “la totalidad del faltante mediante un incremento en el gasto público…”. Y añadió: “el faltante sería cubierto por los contribuyentes, bien sea a través de impuestos inmediatos o de deuda pública (impuestos futuros)”.

Poco después, Echeverry entró a la campaña presidencial y meses más tarde se convirtió en ministro de Hacienda. Apenas posesionado el gobierno, se empezó a discutir la reforma a la salud. A la difusión de su contrato con Saludcoop, el domingo pasado en Noticias Uno, Echeverry contestó que no se había declarado impedido de tratar como ministro el tema que había conocido como consultor particular porque no estuvo “involucrado en ningún momento en la discusión” en el Congreso. Una simple búsqueda en internet arrojó una verdad distinta. Echeverry no sólo participó, sino que propuso añadirle unos artículos al proyecto de ley (001 de 2010) “por medio del cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud”. Según consta en la Comisión VII del Senado, el 10 de noviembre pasado se radicó una solicitud de los ministros de Hacienda y Protección Social para adicionar “unos artículos específicos (sobre) la redistribución de recursos del sistema general de participaciones y recursos de aseguramiento”. En la constancia escrita se dice que en dichos artículos “se exige un origen gubernamental”. Si atendemos las razones del consultor Echeverry, el faltante en la redistribución de los recursos será “cubierto por los contribuyentes”, con el fin de que las EPS sean sostenibles.

Volvemos al mismo punto: ¿qué prima: los intereses privados o los públicos entrecruzados por los protagonistas del poder? El ministro falló por no declarar que estaba inhabilitado para tratar un asunto como funcionario, del que ya había tomado posición cuando la peor involucrada de las EPS le pagó. Al menos fue laxo en materia moral. No sostengo que Echeverry sea corrupto. Pero sí que la corrupción nacional se disparó a niveles jamás vistos cuando la gente empezó a actuar bajo los supuestos de que se puede hacer todo lo que la ley no prohíbe y de que la ética es una cantaleta menor frente a la cual uno puede alzarse de hombros con tal de triunfar.

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