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Cuando por fin la sociedad colombiana se había adaptado a las grandes tecnologías de la comunicación, la mayoría de ellas expresadas en los teléfonos inteligentes y la capacidad de realizar tareas a través de un dispositivo móvil, los ladrones se encargaron de complicarles las cosas.

El gobierno dijo que no se quieren más celulares untados de sangre, y es que hoy por hoy es normal que se roben un celular en cualquier esquina. Atrás quedó la sensación de que hay lugares propicios para el robo, o que existen rutas de buses en las que no se suben ladrones. Pero por desgracia para los colombianos la hora, el lugar y el momento en que actúa la delincuencia está a la orden del día.

En buen momento llegó el llamado de atención del Gobierno a las empresas prestadoras de telefonía móvil que, aunque sin intención (se presume porque no dan respuesta) habilitaban celulares robados con nuevas líneas de servicio. Si bien para las empresas como Comcel, Movistar o Tigo el negocio es vender líneas, puesto que la venta de equipos se les ha salido de las manos, era una injusticia para los usuarios que sus teléfonos robados pudieran ser activados.

Cuando se es víctima de la delincuencia lo primero que hace el usuario es reportar el robo con la empresas de telefonía con el fin de que cancele su línea y si tenía minutos no ser consumidos, además evitar que su línea sea utilizada para actos delictivos.

Aunque el usuario asume el costo de tan desagradable experiencia esperaría que las compañías pusieran de su parte y también bloquearan el ******o. “No entiendo por qué, si a un operador le reportan el robo de un ******o y pueden saber el número serial del equipo no son capaces de reportar que un tercero llegó con el mismo ******o a ser activado, creo que de alguna manera están alcahueteando el robo”, afirma Mauricio Samacá quien ha sido víctima de este delito.

Frente a esta situación Asocel respondió en un comunicado el pasado 8 de abril que “El hurto de teléfonos es un tema que preocupa a las compañías de telefonía móvil, las cuales realizan desde hace varios años acciones encaminadas a impedir que los terminales que se encuentran en esta situación puedan acceder a los servicios de telecomunicaciones prestados por las empresas. Al efecto, cada compañía cuenta con bases de datos en las que se incluyen los teléfonos que sus usuarios les reportan como hurtados o extraviados”.

No obstante, cuando se indaga con las empresas de telefonía móvil sobre el tema no se pronuncian. Para la fecha se han reportado tres millones de celulares robados, “solo en el caso de Bogotá, más del 53 por ciento de los hurtos a personas son robos a celulares”, precisó el alto consejero presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, Francisco José Lloreda, al anunciar una “cruzada” con la que pretende disminuir este delito.

Lo primero que se hará es incluir en el proyecto de Ley de Seguridad algunas disposiciones de carácter penal que permitan criminalizar a quien manipule o reprograme los equipos. Además se está pidiendo a los operadores de telefonía celular que, al tiempo que llevan un registro de los celulares hurtados, construyan una base de datos de los celulares vigentes y legales en Colombia.

“Se establece que cuando se trate de la manipulación de los equipos, si se es parte de una red delincuencial criminal o es con el propósito de llevarlos al exterior, existe una agravante de carácter punitivo”, añadió.