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¿Testigo estrella?

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Julián Gómez entregó 58 correos electrónicos para demostrar que como abogado solo hizo borradores de documentos que eran modificados y aprobados por el jefe de la Unidad Coordinadora del AIS y otros superiores.
En el expediente por el escándalo de Agro Ingreso Seguro hay correos, documentos y un testimonio clave que apunta más para arriba.

El pasado 23 de marzo hubo revuelo entre algunos de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación. En ese círculo corrió la noticia de que en la dependencia Anticorrupción, donde se investiga el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), desde las 8:30 de la mañana un testigo estaba entregando documentos claves acompañados de un relato importante sobre el asunto.
Se trataba de Julián Alfredo Gómez Díaz (hijo del magistrado de la Corte Suprema Alfredo Gómez Quintero), quien trabajó por tres años en el polémico programa del Ministerio de Agricultura cuidándose de guardar correos electrónicos y otros documentos que ahora cobran gran valor. Gómez habló ante la Procuraduría el día entero y sustentó sus afirmaciones con decenas de e-mails. En total entregó 58 correos con sus anexos. Al día siguiente fue a la Fiscalía e hizo lo propio. Una semana después regresó al Ministerio Público, amplió su relato y explicó en detalle cada correo aportado.

SEMANA tuvo acceso a los expedientes donde reposa ese material. Los correos revelan que algunos de los contratistas de bajo rango no solo tenían muy poca capacidad decisoria en la entrega de los subsidios y la contratación del programa, sino que propusieron hacer las cosas de otra manera a como lo hicieron los altos mandos del Ministerio de Agricultura cuando estalló el escándalo.

Para entender el asunto hay que remontarse a 2007, cuando el ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias inauguró el programa AIS, que otorgó multimillonarios subsidios a proyectos agrícolas. En junio de ese año, la firma Econometría entregó al Ministerio la evaluación de aquella primera convocatoria. El extenso informe contenía también un amplio capítulo con recomendaciones para superar múltiples fallas detectadas en el programa AIS, que se ejecutaba a través de un convenio entre el Ministerio y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Una de las recomendaciones más importantes consistía en dos ajustes estructurales para la próxima convocatoria: reducir el monto de los subsidios para riego (para ese momento se otorgaba el 80 por ciento del proyecto) y diferenciar el valor de estos según la capacidad económica de los aspirantes, es decir, mayor porcentaje para los pequeños productores y menor para los grandes y medianos, tal como ocurre en muchos otros programas del sector agropecuario. Un subsidio del 80 por ciento lleva a que los proponentes manipulen la información y "crea incentivos para que se presente una captura privada de los potenciales beneficios del programa, lo que hace que los recursos públicos no generen el flujo de beneficios sociales esperados", advertía la firma especializada.

Julián Gómez, contratado por el IICA para trabajar en la Unidad Coordinadora del AIS en la elaboración de documentos, redactó el primer borrador de lo que sería la convocatoria de 2008. Gómez atendió al campanazo de alerta lanzado por Econometría e integró las recomendaciones de la firma en los requisitos (términos de referencia) para concursar por los subsidios. Proyectó topes para los subsidios según el tamaño del productor y, además, incluyó una variable para que la contrapartida que debía poner el productor también estuviera atada al tamaño del mismo.

De esta forma, los pequeños podrían pagar buena parte de la contrapartida con mano de obra, asegurando así su inclusión frente a los grandes, que no tendrían inconveniente en girar el valor de la contrapartida y acapararían el grueso de los subsidios.

Del trabajo de Gómez y de otros profesionales de la Unidad de Coordinación dan cuenta decenas de los correos en poder de las autoridades. Los investigadores tienen también las respuestas que recibieron los profesionales de sus superiores, en las que se ve que los ajustes propuestos fueron anulados y, al final, la convocatoria 2008 no atendió las mencionadas recomendaciones. Lo que ocurrió es lo que todo el país sabe: poderosas familias de la costa presentaron proyectos amañados y se hicieron con multimillonarios subsidios.

A lo largo de sus declaraciones, Gómez explicó que la Unidad Coordinadora del AIS, donde se desempeñó, es una estructura enlace entre el Ministerio y el IICA. Aclaró que su trabajo cumplió las directrices del jefe de esa unidad, Iván Fernando Esteban, quien a su vez obedecía al ministro y al viceministro de Agricultura. "El ministro (Andrés Felipe Arias) le impartía las instrucciones al director de la Unidad Coordinadora de manera verbal, bien fuera en las reuniones de gabinete o en otro tipo de reuniones", declaró.

Muchas de esas familias que hicieron trampa también corrieron con suerte por otra jugada que está bajo la lupa de los investigadores. Surtido el proceso de la primera convocatoria en 2008, el comité administrativo del programa AIS acordó declarar elegibles 162 proyectos agrícolas (25 asociativos y 137 individuales). La totalidad de esas iniciativas demandaba 68.615 millones de pesos. Sin embargo, el presupuesto para esa convocatoria era de 59.719 millones. Lo que correspondía era organizar los proyectos de mayor a menor calificación y entregar los subsidios correspondientes hasta agotar el presupuesto disponible. Los cálculos indican que la plata alcanzaba para todos los proyectos asociativos (prioritarios) y hasta para 119 de los individuales, de los cuales quedaron colgados solo 18.

Pero lo que ocurrió fue que, el 21 de mayo de 2008, el comité administrativo, en cabeza del viceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar, se reunió y aprobó el traslado de los 8.895 millones faltantes. La plata se sacó del presupuesto asignado para la segunda convocatoria de 2008. Lo curioso es que la mayoría de los 18 que se habrían quedado por fuera de no haberse inyectado más plata corresponden a varias de las familias que hoy tienen líos con la justicia porque hicieron trampa en la formulación de sus proyectos.

El caso de bulto es el de la familia Vives Lacouture, del Magdalena, que de carambola logró diez subsidios de los 18 salvados con el traslado de la plata. Hoy, nueve integrantes de esta familia, que fueron beneficiarios del AIS, están acusados por la Fiscalía de haber recibido por esta vía 4.532 millones de forma irregular.

"Recuerdo que participé en el diseño de la política, pero toda la parte operativa estaba a cargo del equipo técnico. Cualquier traslado presupuestal que se haya hecho se hizo por recomendaciones técnicas y con todo el soporte jurídico", dijo el exministro y excandidato presidencial Andrés Felipe Arias a esta revista.

Arias ha dicho reiteradamente: "Como ministro, nunca participé en la ejecución operativa, técnica y de evaluación, selección, adjudicación o interventoría de los proyectos del AIS". Toda esa labor -sostiene- recayó en el IICA, que es una entidad autónoma y cumplió esa misión desde 2007.

Sin embargo, cuando la Procuraduría le preguntó a Julián Gómez "quién determinó los posibles beneficiarios del programa AIS", respondió: "Las condiciones en que se realizarían las convocatorias públicas de riego del programa, entre las cuales se encontraban los potenciales beneficiarios, eran definidas por el Ministerio de Agricultura". Y a continuación entregó un ejemplo documentado.

Gómez explicó ante las autoridades que la convocatoria para 2009 se estaba preparando con una variación significativa. Estaría enfocada a apoyar solo proyectos asociativos, no individuales. Esto a fin de beneficiar más familias y lograr mayor impacto social. Sin embargo, luego de enviar a los superiores los borradores de los términos de referencia, estos fueron devueltos con la orden proveniente del Ministerio de que se incluyeran también los proyectos individuales.

En un correo remitido por Soraya Pardo, asesora de la Unidad Coordinadora, el 4 de diciembre de 2008, se lee: "Por las últimas disposiciones del Ministerio de Agricultura es necesario realizar modificaciones en los términos de referencia para la convocatoria 2009. Se incluyen las inversiones en proyectos de tipo 1 (individuales)". Llama la atención que el e-mail fue dirigido a superiores de Pardo, es decir, Daniel Montoya y Jairo Cano, coordinadores de la Unidad Ejecutora del IICA, y a Iván Esteban, jefe de la unidad de coordinación, lo cual da a entender que estaba transmitiendo una orden del Ministerio y que ellos en realidad no eran autónomos. Otros correos anexos de los días siguientes contienen el proyecto modificado para dar luz verde a proyectos no asociativos. "Los términos de referencia los elabora un equipo técnico en el que yo no participé. No sé quién es la señora Soraya Pardo. Pero no me parece extraño que se modifiquen los términos de referencia, siempre se hacía para ir mejorando el objetivo del programa. No creo que haya mala fe en eso", dice el exministro Arias. Sobre las desatendidas recomendaciones de Econometría sostiene que el informe de esa firma nunca advirtió del fraude que luego se dio, y explicó que así lo ratificó Diego Sandoval, gerente de la compañía, en la Procuraduría.

El próximo 28 de junio, Julián Gómez, junto a otros cinco acusados, encarará a la Fiscalía ante un juez. Habrá que esperar si allí ratifica lo que ya dijo: "Aspectos tales como los potenciales beneficiarios, los criterios de calificación, el monto de los subsidios, el tipo de proyectos para financiar y el monto de la contrapartida, entre otros asuntos, los decidían directamente en el Ministerio y se nos comunicaban para su incorporación dentro del texto correspondiente". La justicia tiene la palabra.