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Justicia Militar, sin competencia en caso de ‘falso positivo’

La Judicatura trasladó el caso a un fiscal de Derechos Humanos.

En manos de la jurisdicción ordinaria quedó la investigación por un presunto caso de ‘falso positivo’, luego de que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura determinara que el fiscal delegado ante las Fuerzas Militares que archivó la actuación no era competente para indagar el hecho.

Se trata de la probable ejecución extrajudicial de un N.N. y de Reinel de Jesús Osorio Ríos, que habrían muerto en La Ceja, Antioquia, y que fueron presentados como las bajas producidas en un combate entre uniformados del escuadrón Briosos del Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 Juan del Corral y paramilitares del Bloque Héroes de Granada.

El fiscal 47 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, sin embargo, aducía tener a su haber elementos probatorios que indicaban que no se trataba de actores armados ilegales, sino que probablemente eran civiles asesinados en Estado de indefensión.

Según la declaración del exparamilitar Edwin Yamid Alzate Correa, el hombre identificado como Osorio Ríos había sido retenido y persuadido por métodos amenazantes para que se integrara al grupo armado ilegal, pero que finalmente fue entregado a los militares.

“Las declaraciones son contundentes y coherentes en afirmar que el occiso no pertenecía a ningún grupo al margen de la ley, no portaba armas, no tenía problemas con nadie, lo cual no nos permiten pregonar con el grado de certeza que se trataba de un miembro de algún grupo subversivo. Del contexto de estas pruebas, no se encuentra certeza si efectivamente los militares involucrados dieron de baja a la víctima cumpliendo el referido operativo militar”, dice la sentencia .

Teniendo en cuenta estos nuevos hallazgos, la Judicatura ordenó reasignar la competencia en cabeza de la Jurisdicción ordinaria, pues a su juicio no se trata de un acto propio del servicio militar; de ahí que hubiera otorgado el conocimiento al fiscal de Derechos Humanos, en decisión con ponencia del magistrado Henry Villarraga, presidente de la Sala Disciplinaria.