Agro Ingreso Seguro, al banquillo de la Fiscalía
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Agro Ingreso Seguro, al banquillo de la Fiscalía

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Agro Ingreso Seguro, al banquillo de la Fiscalía Siete exfuncionarios del Ministerio de Agricultura y el exdirector del Incoder Rodolfo ....



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Agro Ingreso Seguro, al banquillo de la Fiscalía


Siete exfuncionarios del Ministerio de Agricultura y el exdirector del Incoder Rodolfo Campo responden este martes ante la Fiscalía por polémico programa.
Un año y medio después de estallar el escándalo de indebidos manejos en la entrega de ayudas del programa estatal Agro Ingreso Seguro (AIS), creado para aminorar el impacto de los tratados de libre comercio en la agricultura colombiana, hoy se empiezan a concretar las primeras acciones judiciales. Con la diligencia de imputación de cargos en la Fiscalía contra siete exfuncionarios y 15 particulares que tuvieron alguna participación en la polémica iniciativa, se comienza a aclarar de qué manera se desvió el norte del programa para beneficiar a solventes empresarios.
Sin embargo, y en criterio de los expertos, de entrada es notoria la ausencia de importantes protagonistas en la creación y desarrollo de AIS, al tiempo que algunos exfuncionarios técnicos de segundo nivel están citados para responder por diversos delitos, en especial por celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales. Por fuero, el principal gestor de AIS, el exministro Andrés Felipe Arias, debe rendir cuentas sólo ante la fiscal Viviane Morales, que recibió el caso en enero. Hoy no existe imputación alguna en su contra.
Al margen de que el caso del exministro tiene otro procedimiento, más allá de la imputación de cargos se advierten ausencias, al menos en la investigación previa. Revisando el programa AIS desde sus orígenes queda claro, por ejemplo, que el primer paso fue la firma del convenio 078 de agosto de 2006, a través del cual el Ministerio de Agricultura decidió crear una cooperación técnica y científica para el diseño y puesta en marcha del programa, vinculando al Instituto Interamericano de Cooperación para el Desarrollo de la Agricultura (IICA).
Es decir, el Ministerio de Agricultura convino con el IICA la creación de una unidad coordinadora del programa AIS, no sólo para el trámite de la ley (1133 de 2007), sino para su puesta en marcha y control. Este tipo de convenio se replicó cada año hasta 2009. Esta unidad coordinadora, también llamada Dirección de AIS, participó directamente en la elaboración de los términos de referencia de las convocatorias públicas de riego y drenaje, que en esencia son los documentos que motivaron el escándalo del programa AIS.
Es tal el grado de compromiso del IICA con el Ministerio de Agricultura, que en un documento del organismo fechado en 2009, en la estructura organizacional del programa AIS están a la misma altura de responsabilidades la cartera de Agricultura y el IICA. Es abundante la documentación que prueba su protagonismo en el tema hasta los días del escándalo. Hasta diciembre de 2007, al frente del mismo estuvo Juan Camilo Salazar, quien operó desde su sede en la Universidad Nacional con un amplio equipo de asesores y técnicos.
Hoy, Salazar debe comparecer a la diligencia de la Fiscalía, pero no por su condición de excoordinador del convenio con IICA, es decir, como exdirector de AIS, sino como viceministro de Agricultura, cargo que desempeñó entre enero de 2008 y agosto de 2010. Su sucesor en el AIS, Iván Esteban Céspedes, no ha sido investigado. Como tampoco los altos funcionarios que hicieron parte del convenio entre el Ministerio y el IICA, que probadamente participaron en aspectos cruciales de AIS y de los polémicos componentes del escándalo.
A través de la dirección de AIS, y su componente Minagricultura-IICA, en los tres convenios para su desarrollo fue creciendo el número de contratados. Inicialmente fueron 13 profesionales. Ya para 2008 la nómina llegó a 20. Y en 2009, para el último convenio, la lista de contratados fue de 28. Al proceso ha llegado información que evidencia que sus responsables recibieron los términos de referencia de los convenios del escándalo y que, además, el propio ministro Arias, en enero de 2010, los aprobó también con la gerencia del Incoder, entonces a cargo de Rodolfo Campo Soto.
Hoy, nadie de la dirección del AIS, a través del convenio con el IICA, comparece al banquillo de los acusados. En las últimas horas, el exdirectivo de AIS Julián Gómez salió a los medios de comunicación a explicar que fue abogado de apoyo, gerente de junio a diciembre de 2009 y que ya entregó a la justicia 59 correos que prueban que no tenía autonomía en el programa y siempre siguió órdenes del Ministerio de Agricultura. Él y los demás asesores contratados por el IICA no son investigados por la Procuraduría General de la Nación, pues no son funcionarios públicos.
Gómez ha dicho que tiene conocimiento de que varios de los implicados quieren ponerlo en su misma condición porque creen que su condición de hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alfredo Gómez Quintero le otorga una especie de salvoconducto que tendría que extenderse a los demás. Más allá de estas consideraciones, él y otros contratistas del IICA participaron en la elaboración de los términos de referencia de la convocatoria pública de riego y drenaje entre 2007 y 2009, que constituye el meollo de la discusión judicial y del escándalo.
Pero si bien el IICA (con fuero jurídico especial), en su momento expidió una declaración advirtiendo que la fijación de las reglas (términos de referencia) de las convocatorias fue realizada directamente y de manera autónoma por el Ministerio de Agricultura y que los criterios de calificación para acceder al apoyo económico fueron estrictamente respetados por el IICA, lo cierto es que son estos términos los que hoy tienen respondiendo penalmente a dos funcionarios de segundo nivel: Camila Reyes del Toro y Javier Romero Mercado.
La primera fue directora de Comercio y Financiamiento y el segundo director de Desarrollo Rural. En distintos momentos, pese a que no intervinieron en la etapa previa o en la ejecución y desembolso de los dineros, a nombre del Ministerio aparecieron firmando los convenios de ejecución de la convocatoria pública de riego y drenaje en 2007 y 2008. ¿Sabían lo que estaba sucediendo con el programa? ¿Los pusieron a firmar por otros? ¿Son responsables por no exigir estudios previos para evitar lo qué pasó? La Fiscalía tendrá que aclararlo.
Lo cierto es que junto a ellos y el exviceministro Juan Camilo Salazar, también están citados hoy para imputación de cargos y medida de aseguramiento los dos funcionarios que ejercieron la jefatura jurídica del Ministerio de Agricultura a partir de 2006, Tulia Eugenia Méndez y Óscar Schroeder Muller, así como el exsecretario general del organismo Juan David Ortega. Los demás citados para la imputación de cargos en la Fiscalía son 15 particulares de prestantes familias que recibieron las generosas ayudas del programa AIS.
Según el exministro Andrés Fernández, en documento enviado a la Procuraduría en julio de 2010, los contratistas que elaboraron términos de referencia de la convocatoria pública de riego y drenaje, cobijados bajo el fuero del IICA, fueron Juan Camilo Salazar, Juan Carlos Guzmán, Julio César Daza, Julián Gómez, Iván Esteban y Soraya Pardo. Salvo el primero como viceministro, ninguno está investigado. Tampoco Rafael Poveda y Marcela Guevara, coordinadores de contratos de la oficina jurídica del Ministerio de Agricultura.
En una reciente declaración ante la Procuraduría y a solicitud de testimonio por parte de Camila Reyes, el exviceministro de Agricultura Fernando Arbeláez Soto admitió ser el autor de unos correos electrónicos para altos funcionarios del organismo, explicando aspectos de uno de los convenios que dieron vida al programa AIS antes de 2007. El exministro comentó que fueron detalles de planeación para la ejecución presupuestal y que nunca manejó asuntos contractuales o revisión de contratos. No tiene investigación alguna.
En medio de la aplicación del programa y para blindarlo ante cualquier eventualidad de dificultades, existió un contrato con la firma Econometría, que en su momento en 2007 formuló advertencias sobre los términos de referencia de la convocatoria del programa AIS. Ese diagnóstico dejó ver que se iban a desconocer los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad en la actividad contractual en los proyectos de riego y drenaje. Los consejos no fueron tenidos en cuenta. Ahora podrían ser eficaces para aclarar lo sucedido

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