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A proposito de Carimagua: Quitarle la tierra a la mafia. ¿Pero para dársela a quién?
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La pregunta es pertinente, si tenemos en cuenta los anuncios de grupos empresariales interesados en el negocio y las recomendaciones de los organismos multilaterales de crédito. Unos y otros ya han coincidido en solicitar la flexibilización del mercado de tierras y en reclamar una serie de medidas como la eliminación de la Unidad Agrícola Familiar o el límite de UAF que puede comprar un empresario agrícola, y permitirles ser adjudicatarios de terrenos baldíos. El gobierno por su parte, ha anunciado pasos en tal sentido.
Además de pedir nuevos incentivos, los empresarios nacionales y extranjeros han criticado que la legislación sobre tenencia de tierras en Colombia es “inflexible”, porque impide que una empresa pueda tener más de 900 UAF para desarrollar un proyecto productivo. En el documento “Competitividad del sector agropecuario en el país”, sostienen que ello incrementa los costos de transacción ya que tienen que buscar alternativas como la creación de múltiples empresas bajo un mismo grupo empresarial.
La figura de la UAF y la limitación a la venta de baldíos responden a propósitos nacionales fundamentales, como “reformar la estructura social agraria para eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la tierra o su fraccionamiento antieconómico y dotar de tierras a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos”, lo mismo que “regular la ocupación y aprovechamiento de tierras baldías de la Nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos” (del “Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino”). Y es la propia Constitución Política la que dispone que “Es deber del Estado promover el acceso progresivo de la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar los ingresos y calidadde vida de los campesinos” (Art. 64)
Pero las Instituciones Financieras Internacionales ya hablaron, y duro. El Banco Mundial ha venido reclamando algunas medidas preparatorias al TLC: “La firma del TLC con los estados unidos hace urgente concentrar la atención de las políticas públicas en la economía rural, pues las condiciones de competitividad cambiarán en forma drástica (…) La apertura comercial de los años noventa fue parcial e incoherente…”. Y en relación con el mercado de tierras no ha dudado en exigir, desde la construcción de obras, la reestructuración del gasto público "hacia la provisión de bienes públicos rurales", y que los incentivos se destinen a los productos (y productores) más competitivos, hasta la formalización en la propiedad de la tierra y su “movilidad de los derechos” para que aquella sea usada “por usuarios más eficientes” (sic). “El funcionamiento eficiente del mercado de tierras es esencial para este propósito”.
Por su parte, la agenda del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos establece que “se permitirá a los agricultores y campesinos definir las extensiones necesarias para sus cultivos, sin la limitación burocrática de la llamada Unidad Agrícola Familiar”. Y se anuncia todo un plan destinado a quitarle la tierra a la mafia −y aún al latifundio improductivo−, entregársela a los campesinos y desplazados, formalizar y flexibilizar el mercado de tierras. Todo a pedido de las Instituciones Financieras Internacionales, interesadas en dicha flexibilización, de cara al “trato nacional” que les otorgará un TLC tramitado, como las bases militares, de espaldas al país.
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