DeNunCianDo - Editorial: Un arsenal callejero

Es necesario respaldar el proyecto de ley de seguridad ciudadana para controlar el porte de armas.

En días pasados, este diario dio cuenta de un peligroso cáncer que viene carcomiendo a las ciudades grandes y pequeñas del país y que ha puesto en desventaja el accionar de las autoridades a la hora de combatir el crimen y reducir los homicidios: el tráfico de armas ilegales.
Justo en el momento de escribir estas líneas se registra con dolor el asesinato de una humilde madre de familia a manos de un vecino energúmeno, que no tuvo reparo en desenfundar su artefacto mortal y acabar con la vida de aquella, irónicamente el mismo día en que el país exaltaba la labor de las mujeres.
Como esa arma asesina, se calcula que hay otros dos millones en Colombia, 600.000 en las calles de Bogotá. Todo un mercado negro, que en un solo año movió 10.000 millones de pesos en la capital del país. Y eso que la cifra corresponde solo al número de piezas incautadas por la Policía -más de 5.000- entre revólveres, ametralladoras, carabinas y lanzagranadas.
Se trata, sin duda, de un completo arsenal, que hoy está en manos de bandas criminales, asesinos a sueldo, atracadores y ciudadanos que creen que es la única forma viable de defenderse.
Lo peor de todo es que conseguir y portar una en forma ilegal es ridículamente fácil. En Bogotá, basta con pagar 100.000 pesos por el alquiler de una pistola, o un millón de pesos si se quiere comprar. Al final, el objetivo será el mismo: hacer daño.
El fruto de este tenebroso comercio tampoco deja dudas. Según se desprende de los datos que suministra la Policía Nacional, el 82 por ciento de los 15.469 homicidios ocurridos el año pasado en Colombia se cometieron con armas de fuego. La mayoría tuvo relación con hechos de sicariato, venganzas, riñas, delincuencia común e intolerancia. En Bogotá, en enero, la proporción alcanzó el 64 por ciento.
Las que carecen de salvoconducto son apenas un componente de la telaraña criminal que campea en ciudades como Medellín, Barranquilla y Bogotá. Su presencia suele estar asociada a narcotráfico, pandillas, reclutamiento, extorsión, ajuste de cuentas y los llamados 'combos', como los que operan en las comunas de la capital paisa. Cada día se cometen entre 38 y 40 asesinatos en el país y el 80 por ciento se cometen con un arma de fuego.
Ante semejante panorama, vale la pena volver a preguntarse -como ya se ha hecho anteriormente- hasta dónde llega el control oficial de las que se portan legalmente en el territorio nacional y por qué es tan difícil detectar sus centros de acopio y alquiler, y qué ha ocurrido con las campañas de desarme que con tanto éxito se promovieron en el pasado y que por lo menos invitaban a la reflexión y obligaban a algunos a cambiarlas por mercados.
Las alcaldías y el país en general deben seguir insistiendo en el llamado al desarme de los particulares.
Es urgente una persecución más decidida de este mercado negro para acabar con el argumento de que el daño lo hacen solo quienes portan armas por fuera de la ley y no quienes las poseen de manera legítima. Cualquier persona con una de fuego que se sienta en una situación apremiante trasladará su poder a esta y no a la razón.
En tal orden de ideas, es necesario respaldar el proyecto de ley de seguridad ciudadana que cursa en el Congreso de la República y que contempla, entre otras cosas, el registro único para que todos los organismos de seguridad tengan acceso a la información disponible sobre armas, una labor que hoy está exclusivamente en manos del Ejército.
No hacer nada simplemente multiplicará el riesgo de seguirnos matando los unos a los otros.

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