EN TANTO QUE DE AHÍ PROVIENE SU respaldo, la opinión pública es algo que ni al Estado ni a los grupos subversivos les conviene descuidar en un conflicto como el que vive Colombia. La propaganda, es claro, tiene un papel ineludible en él.
No en vano las Farc han acudido siempre a instancias nacionales e internacionales vendiendo la idea de que las guerrillas son víctimas y no victimarios, ni en vano insiste a diario el Gobierno que con quien lidia es, en realidad, con terroristas. Atacar la legitimidad del oponente, o cuestionar su fuerza y unidad, es un objetivo estratégico, como lo es reafirmarle al amplio público las virtudes propias. Sin embargo, aunque el instrumento sea el mismo para ambos, las reglas, por fortuna, no lo son y el Estado, a diferencia de las fuerzas ilegales, no puede engañar a quien le sirve. La verdad, por razones de seguridad, puede demorarse, incluso parcializarse, pero en ningún caso puede retorcerse para, sirviéndole al prestigio militar, tergiversar ante la opinión pública cuánto hubo de real.
Desde 2008 se rumoró que la ‘Operación Jaque’ no había sido tanto un rescate como una liberación producto de un acuerdo con alias César, en el que además del exilio en Francia de él y su compañera se le había ofrecido un cuantioso pago. Los rumores se opacaron y en medio de bombos y platillos la ‘Operación Jaque’ se consolidó como el ejemplo resplandeciente de la superioridad de la Fuerza Pública sobre la insurgencia. Por Wikileaks hemos conocido esta semana, sin embargo, que en un cable enviado meses antes del operativo militar, la embajada estadounidense habló de las conversaciones entre la Iglesia, el Gobierno y César para lograr la liberación de Íngrid Betancourt a cambio de ciertos beneficios. No por ello, claro está, la ‘Operación Jaque’ deja de ser brillante. Lo que resulta cuestionable es que se hubiese presentado con medias verdades a una ciudadanía alborozada. ¿Había necesidad? ¿Hubiera perdido su impacto? Claro que no.
Otra bofetada a la ciudadanía es la que todo indica fue una falsa desmovilización del frente Cacique La Gaitana en 2006. El 7 de marzo de ese año, al parecer, en lugar de darse la desmovilización más grande de un grupo de las Farc, lo que se vio fue a vagabundos recién reclutados, frescos y estrenando uniformes, bajo el mando de Olivo Saldaña, quien había desertado del grupo guerrillero dos años antes y desde entonces se encontraba condenado por rebelión. A pesar de los 19 procesos judiciales en su contra, se le concedieron beneficios al punto que con sus compañeros conformó una ONG, la cual recibió, según se ha dicho esta semana, dineros públicos y donaciones internacionales. Este episodio, de cuya verdad dudaron los medios de comunicación en su momento y, de acuerdo con los cables de Wikileaks, también la embajada americana que estuvo presente en la ceremonia, ha sido denunciado por los mismos desmovilizados y la investigación de la Fiscalía comienza a ofrecer conclusiones.
Sobre estos dos triunfos emblemáticos del Gobierno contra las Farc, cierto es, es más lo que se especula que lo que se sabe a ciencia cierta, pero de comprobarse los ríos de información que se están destapando, la credibilidad ganada por el Estado queda comprometida. La propaganda no es de suyo un problema: los logros sí se pueden magnificar al punto de volverlos hitos. Pero transgredir los límites morales hasta llegar al engaño no hace sino arruinar la credibilidad del mensaje oficial. La sociedad colombiana está claramente del lado de las instituciones y flaco favor se le hace a ese compromiso cuando se acude a los malabares de la manipulación para ganar aplausos pasajeros
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Guerra, propaganda y los límites del Estado
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