Los auxilios presidenciales

Por: Enrique Parejo

La popularidad de Uribe deriva en buena medida de la posibilidad que tiene de repartir, muchas veces, personalmente, los subsidios de vivienda, las ayudas económicas para los programas de familias en acción y los pagos que les hace a los informantes, entre otros. En un país como el nuestro, donde la pobreza y, en una alta proporción, la miseria, y, en no pocos casos, la ignorancia, sumadas, afectan a más del 60% de la población, ese método le asegura al gobernante la popularidad que necesita para su continua reelección.

A lo cual se suma el monopolio que, en la práctica, ejerce el Gobierno, sobre los grandes medios informativos, cuyos propietarios, muy satisfechos con su gestión, les hacen llegar a los electores mensajes subliminales o francamente abiertos, en los que se magnifican los beneficios que, supuestamente, han recibido de él y de su gobierno todos los colombianos.

Debería haber una norma constitucional que prohibiera a los gobernantes –sobre todo después de aprobarse la reelección inmediata– la distribución de esa clase de ayudas o subsidios, que son el tiquete fácil que les aseguran los votos necesarios para repetir mandato. Si en Colombia se hizo una reforma constitucional para acabar con los auxilios parlamentarios, que se prestaban a tanta corrupción, es mucho más urgente una reforma que acabe con los auxilios presidenciales, que también generan, pero quizás en mayor grado, y de manera más nociva, fenómenos de corrupción.

El Presidente Uribe, en cierta forma, ha confesado el uso sesgado que hace de ese tipo de beneficios a la población, que él distribuye con el propósito inocultable de permanecer en el poder. En el fondo, se trata de una compra de votos, con utilización de los recursos del presupuesto nacional. Es inmoral que los dineros del erario se repartan a pedazos, entre los ciudadanos, sobre todo, cuando se hace con fines electorales. La entrega de cheques en los Consejos Comunitarios debería estar absolutamente vedada.

La confesión del Presidente ocurrió, hace pocos meses, cuando se estaba hablando de su posible sucesor –porque ya el sistema se está pareciendo a una monarquía hereditaria– y los medios señalaban entre los candidatos, al ministro de Agricultura, más conocido con el alias de Uribito, que con su nombre de pila. El primer mandatario, en un acto público, que fue transmitido por la televisión, le dijo a éste, palabras más, palabras menos:
“Ministro, a usted posiblemente le toque la próxima campaña a la Presidencia. Por eso es necesario aumentar considerablemente el programa de familias en acción, que puede ayudar en la realización exitosa de esa campaña.”

Este ha sido un país de caciques y gamonales que, con raras excepciones, han llegado a las posiciones de poder comprando votos o utilizando con ese fin los recursos del presupuesto nacional, que son recursos de la nación. Todo eso, que es inmoral y delictivo, se creyó que terminaría con la Constitución de 1991. Desgraciadamente, no ha sido así. Como se puede apreciar, la corrupción política sigue tan campante como antes. Este es otro de los frentes en que, al elegir al Presidente Uribe, el país ha fracasado.

No es de extrañar, que así ocurriera. Quienes algo hemos averiguado sobre su vida y malas andanzas, sabíamos, desde un principio, que era capaz de recorrer los caminos que hoy está recorriendo, y otros aún más peligrosos y dañinos, para satisfacer sus infinitas ambiciones de poder y de venganza.

Nuestros compatriotas tienen que darse cuenta de que quien ocupa hoy el solio de Bolívar no es la persona que idealmente muchos se han representado. Tendrá que pasar a la Historia como lo que ha sido: un hombre sin grandeza, que no se detiene ante nada –sea bueno o malo–, siempre que le sirva para alimentar su ego y permanecer todo el tiempo que quiera en el poder, si los colombianos lo permitimos. ¡Nada es respetable para él, cuando se trata de alcanzar esa meta! ¡Por el bien del país, debemos impedirlo!

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Enrique Parejo González fue Ministro de Justicia.