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Colombia: sólo tres condenas por 52.000 crímenes de lesa humanidad
Hernando Salazar
Bogotá

52.000 crímenes, 300.000 víctimas, 4.511 autores, apenas tres condenas y el riesgo de que muchos presos pidan su libertad sin ser sentenciados. Ése es el panorama de una ley de justicia transicional que se adoptó en Colombia, un país que no ha superado el conflicto de décadas.

Cinco años y medio después de entrar en vigencia, una norma que reduce las penas a los autores de crímenes de lesa humanidad, a cambio de verdad, justicia y reparación, está en entredicho

Todo se debe a que hay 4.511 presuntos criminales que podrían favorecerse de los beneficios de esa ley, pero sólo tres han sido condenados y una de esas sentencias fue derogada.

En declaraciones a BBC Mundo, Luis González, el jefe de la unidad de la Fiscalía General que se encarga de tales casos, señala que la ley de Justicia y Paz ha motivado la confesión de "52.000 crímenes".

Se trata de masacres, desapariciones forzadas, secuestros, delitos sexuales, torturas, reclutamiento forzado y otras prácticas que se impusieron en el viejo conflicto armado colombiano.

Como si eso fuera poco, la más reciente condena fue sólo por ocho de los más de 1.000 hechos delictivos que admitieron dos jefes paramilitares que operaron en el Caribe.

"Así, esto nunca va a acabar", declara a BBC Mundo la ex procuradora Patricia Linares.

La ley de Justicia y Paz fue diseñada en el proceso de negociación con los paramilitares de derecha, a quienes se les dio estatus político en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Hasta 60 años de prisión

En Colombia, el código penal castiga hasta con 60 años los crímenes de lesa humanidad. La ley de Justicia y Paz sustituye esas penas a máximo ocho años, a condición de que los beneficiarios digan todo lo que saben, ayuden a desmantelar sus organizaciones armadas y reparen integralmente a sus víctimas.

Hasta el momento, la Fiscalía colombiana ha reconocido a unas 300.000 víctimas de crímenes de lesa humanidad. Pero solo están en marcha 3 procesos de reparación por parte de los victimarios que se postularon a la ley de justicia y paz.

Lo preocupante es que muchos de los postulados a la esa ley –donde hay algunos guerrilleros de izquierda- podrían comenzar en unos meses a pedir su libertad, alegando que ya han cumplido sus penas.

"Todavía estamos a tiempo de evitar un colapso", le dice a BBC Mundo el congresista Iván Cepeda, quien ha trabajado muchos años con las victimas de crímenes de Estado.

Cepeda se refiere a la incapacidad del sistema judicial para procesar toda la información que ha recibido de los postulados.

Expertos consultados por BBC Mundo coinciden en señalar que la ley de Justicia y Paz ha resultado muy compleja, la justicia colombiana no estaba preparada y tampoco tiene suficientes recursos.

"En Colombia tenemos leyes maravillosas, pero no tenemos los recursos para aplicarlas", se queja el magistrado Hernando Torres, presidente de la sala administrativa del Consejo de la Judicatura.

Torres considera que, ante esa situación, el ******o judicial del país "tiene que hacer una reingeniería".

Pero, además, la ley de Justicia y Paz es un mecanismo típico de la llamada justicia transicional, que operó bien en países como Suráfrica y Chile, donde ya pasó el conflicto. En cambio, en Colombia el conflicto y la criminalidad persisten.

Balance agridulce

"Los resultados no son para nada satisfactorios", se queja la ex procuradora Patricia Linares.

El experto Andreas Forer, de la agencia de cooperación internacional de Alemania, que financia un proyecto de seguimiento a la ley de Justicia y Paz, señala que, a pesar de los problemas, el principal logro ha sido en materia de verdad.

"Hay tantas revelaciones, que este país no sabe qué hacer con todo lo que ha relatado en los procesos", comenta Forer a BBC Mundo.

El experto sugiere que el sistema judicial priorice la investigación de ciertos crímenes, como las masacres, el reclutamiento forzado y los delitos sexuales, y también haga énfasis en la persecución de los jefes que los ordenaron.

"No hay que ser tan dispersos, hay que concentrarse en delitos, jefes y regiones específicas para conseguir resultados", concluye.

Otros expertos, como la abogada Omaira Gómez, que trabaja en una docena de casos emblemáticos, creen que todavía falta avanzar en materia de verdad.

"Es lamentable que los principales jefes paramilitares hayan sido extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Debían primero pagar lo que deben aquí y decir todo lo que saben", se queja Gómez.

Por lo pronto, la nueva fiscal general, Viviane Morales, ha dicho que su despacho le dará prioridad a la búsqueda de los desaparecidos denunciados por los postulados y también a la investigación de delitos sexuales.

Ante todos esos desafíos y la lentitud del ******o judicial, lo más probable es que el gobierno busque reformar la ley de Justicia y Paz, y así lo ha anticipado.

Enlace: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/...menes_en.shtml