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Alarmante situación en Córdoba
El eterno retorno por las tierras
Por: Elespectador.com

Un informe de la Defensoría advierte nuevas amenazas a campesinos que ocupan predios devueltos por grupos paramilitares.

Predios devueltos por los grupos de autodefensa y hoy ocupados por familias desplazadas que nuevamente son objeto de amenazas. Fincas que estaban en manos de campesinos y mediante hábiles maniobras volvieron a sus antiguos dueños. Inmuebles ocupados por testaferros o familiares de desmovilizados del paramilitarismo. Estas son algunas de las realidades detectadas por la Defensoría del Pueblo en el departamento de Córdoba, que llevaron al organismo a plantear una acción urgente a diferentes instancias del Estado para ponerle fin a la crítica situación de acceso y tenencia de la tierra en esta región del país.

A través de su Sistema de Alertas Tempranas, desde hace varios años la Defensoría del Pueblo ha venido emitiendo un sinnúmero de informes de riesgo como consecuencia de las acciones violentas de los grupos armados ilegales en la región de Córdoba. En desarrollo de ese seguimiento, en diciembre de 2009, las comunidades le pidieron al organismo estudiar la problemática de tierras que afecta gravemente al departamento. Durante un año, la entidad adelantó ese diagnóstico y sus conclusiones prueban que subsisten muchas irregularidades y situaciones ilegales en la inequitativa situación de tenencia de predios.

El Espectador conoció el texto de 44 páginas de la Defensoría del Pueblo en el que se detallan las múltiples situaciones de inseguridad sobre el derecho a la propiedad rural en Córdoba. Subsisten muchos ocupantes de terrenos baldíos en los que se oculta un extraño crecimiento de linderos privados; hay terrenos sometidos a ley de extinción de dominio que siguen en espera de títulos; las acciones violentas derivadas de la pugna por el control territorial entre bandas criminales es asunto cotidiano; día a día aumenta el número de hechos violentos contra líderes de restitución de tierras. El panorama en la materia es desalentador.

Con una extensión de 25.020 kilómetros cuadrados, hoy el departamento de Córdoba está dividido en 30 municipios: cinco en la zona costera, 15 en la cuenca del río Sinú y 9 en la del río San Jorge. Prevalece la población campesina, pero subsisten las comunidades indígenas. A pesar de que la mayoría de la población es trabajadora, lo que se impone en esta región del país es la concentración de la tierra en pocas manos y la pobreza de miles de campesinos e indígenas. En un entorno de conflicto social, se trata de un departamento donde las cifras de homicidio han crecido significativamente frente al promedio nacional.

Y uno de los blancos predilectos han sido los líderes en trabajos de restitución y defensa de tierras. Para la muestra esta sucesión: desde el 15 de junio de 2008 está desaparecido Azael Hernández, un dirigente popular del municipio de Tierralta. Asimismo, desde el 4 de abril de 2009 la líder de la población desplazada Nora Villegas permanece protegida por el Estado tras ser amenazada. La misma situación en que se encuentra la líder monteriana Amanda Hernández. Por ejercer labores similares han sido asesinados John Jairo Martínez, en julio de 2009; Antonio Ramos, en julio del mismo año, y Teófilo Vidal.

Todos los crímenes apuntan a exintegrantes de las autodefensas y las maniobras detectadas refuerzan la tesis de que prevalecen los intereses de quienes se niegan a facilitar el acceso a la tierra de las comunidades víctimas de la violencia. La amenaza o la compra ilegal es el denominado común, pero hay otros factores externos que también están afectando la tenencia de tierras. Los líos derivados de la explotación minera, la extracción ilegal de madera o el incremento de los cultivos de coca son factores que incrementan el impacto sobre la población vulnerable y han intensificado la violencia en la región.

Hoy prevalece la inseguridad interior y exterior en los asentamientos de desplazados; los programas de reforma agraria son marginales y no incluyen grandes propiedades; no ha sido erradicada la costumbre de la apropiación indebida de tierras a través de la presión por la venta a precios irrisorios o vía despojo; y, en general, al ambiente de violaciones al derecho a la vida, la libertad y la integridad personal en el departamento de Córdoba, se suma un contexto de disputa por el control territorial donde aún se mantienen intactos muchos poderes ilegales y el atraso de las grandes mayorías campesinas e indígenas.

En consecuencia, y en el marco de su competencia legal y constitucional, la Defensoría del Pueblo extendió un SOS a varias entidades del Estado. Al Ministerio del Interior, para que incentive el programa de protección de líderes campesinos en Córdoba; a la Presidencia, para que fortalezca los comités territoriales de atención integral a la población desplazada; a la Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y San Jorge, para que valore el impacto que está causando la extracción ilegal de oro y madera; y a las alcaldías y gobernación para que avancen en los planes de reparación integral a las víctimas de la violencia.

Obviamente, el mayor requerimiento recae en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), al que la Defensoría del Pueblo instó a que aplique la normatividad de protección de la población desplazada; asista técnica y jurídicamente a los beneficiarios de los programas de dotación de tierras; ejecute un inventario de las tierras abandonadas en el departamento; divulgue la relación de las tierras incautadas a los grupos armados ilegales y sectores del narcotráfico que pueden ser objeto de adjudicación; y que ponga orden en una región donde la concentración de la tierra ha sido caldo de cultivo de la violencia.

La preocupante ola de asesinatos

Sin que hayan terminado los dos primeros meses del año, Córdoba ya registra más de 30 muertes a causa de la violencia de las bandas criminales. El primer caso que escandalizó al país fue el asesinato de dos estudiantes de biología de la Universidad de los Andes, Margarita Gómez y Mateo Matamala, quienes presuntamente fueron confundidos por agentes de la Sijín por la temida banda ‘Los Paisas’. Asimismo, fueron asesinados, en manos aún desconocidas, los estudiantes Silvia Mora y Juan Carlos Ariza, el pasado 2 de febrero. Ese mismo día fueron ejecutados en Cereté el ganadero Gustavo Meneses y el comerciante Julio Bedoya, al parecer, también por cuenta de las bacrim.

Cultivos de coca en el departamento de Córdoba

Además de las problemáticas de desplazamiento forzado y permanente vulneración del derecho a la tenencia de tierras, el departamento de Córdoba ha estado invadido por cultivos de coca que para el año 2009 alcanzaron las 2.782 hectáreas. Ese año, en el que se dio un incremento del 63% con respecto al año anterior, Córdoba llegó a producir el 4% del total de la coca en el país.

Los cultivos, establecidos principalmente en la región de Paramillo, son el eje de las disputas de los grupos armados ilegales que desde hace varios años han estado peleando el control de territorios ávidos para la siembra de coca.

Dentro de la zona se ha logrado establecer que las nuevas bandas criminales, principalmente ‘Los Rastrojos’, han llegado a accionar conjuntamente con las Farc para el control del territorio. Una situación que ha generado altos riesgos para los campesinos que viven entre las rutas de comercialización de la coca y los laboratorios para su producción.

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