En Colombia pocos se ocupan de los llamados 'secuestrados invisibles'
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En Colombia pocos se ocupan de los llamados 'secuestrados invisibles'

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En Colombia pocos se ocupan de los llamados 'secuestrados invisibles'

| Por: Alda Mera l

Ellos ya están cansados de repetir su drama. Como si fueran narradores de su propia tragedia desde hace once años, los esposos Bayona ya aprendieron a resumirla.

La última vez que don Vladimiro Bayona y doña Lucía de Bayona escucharon a su hijo Alexánder fue en el puente de marzo del año 2000. Álex les dijo que iba a conocer el Páramo de Las Hermosas, con diez jóvenes, incluido su amigo Alberto ‘Beto’ González García, compañeros de tercer semestre de ingeniería ambiental de la Universidad Nacional de Palmira.

Los Bayona creyeron que no había qué temer. Pero a Álex le gustaba la aventura y cuando el grupo decidió devolverse, él y ‘Beto’ se arriesgaron a subir al corregimiento de Combia, de Palmira. Querían ascender al páramo. Jamás regresaron.

Han sido once años de silencio. Sin una llamada, un mensaje, una señal de vida. Jamás les pidieron dinero por su rescate. Los lugareños de la finca La Albania, donde vieron a Álex y a Beto por última vez, les dijeron que allí operaba el Sexto Frente de las Farc Alonso Cortés, al mando de alias Arbey. “La guerrilla los tuvo un mes por aquí dando vueltas, pero después nadie los volvió a ver”, dijo un campesino.

Una luz vieron en febrero de 2008, cuando liberaron al ex congresista Orlando Beltrán y él dijo por radio que había visto al hijo de los Bayona entre los secuestrados de las Farc. “El señor Beltrán quedó de venir a visitarnos, pero nunca vino y no volvió a pasar al teléfono”, dice resignado don Vladimiro, desde Barbosa, Santander, donde vive con su esposa y dos hijos más.

Los Barbosa constituyen una de las 700 familias en Colombia que quisieran celebrar como hoy lo hacen los familiares de los canjeables (ver anexo) que retornaron a sus hogares tras meses de cautiverio.

Porque serían 700 los secuestrados en Colombia, según el Fondo Nacional para La Libertad Personal, Fondelibertad, y la Fundación País Libre. Pero esta última enfatiza que 600 de ellos son invisibles. Son esos casos anónimos de civiles que nadie menciona ni reclama, salvo sus familias y entidades especializadas.

Claudia Llano, directora (e) de esta ONG que trabaja hace 19 años por los derechos de los plagiados, incluido el de la libertad, dice que “el secuestro es uno de los delitos de mayor complejidad en Colombia por la dificultad para establecer en realidad cuántos cautivos hay”.

La funcionaria aclara que hasta el 2008 y contando desde el año 2000 había 2.228 cautivos, pero sumando desde 1996, eran 4.400, “pero el Estado hizo una depuración estadística mediante Fondelibertad y estableció que hay 125 secuestrados”.

País Libre no avaló ese resultado porque “de ese universo previo hay 600 personas que no se sabe qué pasó con ellas. Si atendemos sólo un 15% ó 20% de los casos del país y nuestra lista en ese momento ya sumaba 137 cautivos. Nos parece importante seguir haciendo la depuración, pero también seguir preguntando qué pasó con esas 600 personas que tienen denuncia por secuestro y hasta pagaron rescate por ellas, pero no volvieron”, enfatiza Claudia.

Por su parte, el general Humberto Guatibonza, director del Gaula de la Policía Nacional, dice que “la cifra más cercana es de 696 personas que están en cautiverio o que no sabemos de ellos todavía”.

Sin embargo, destaca que “en contexto, en 2008 hubo 437 plagiados; 2009 marcó un descenso grande a 213, (60%), así que traíamos una buena progresión, pero en 2010 aumentó a 282, una cifra manejable”.

Cifra que significó un 32% más de este delito, que “se debió a que el secuestro aumentó (344%) en el área rural de Arauca, una zona fronteriza muy porosa que se presta para que haya muchos secuestros tanto del lado colombiano como del lado venezolano”, dijo el general Guatibonza.

Lo preocupante es que el fenómeno sigue creciendo en Putumayo, Caquetá, Huila, Casanare y Norte de Santander, regiones próximas a Ecuador y Venezuela. Pero también en Barrancabermeja, Magdalena Medio, Antioquia y Valle.

Claudia Llano insiste en que si bien el secuestro disminuyó por la estrategia de presionar a los principales secuestradores, el delito no fue erradicado de parte de los actores. “Mientras existan las Farc, el ELN, las bandas criminales o delincuencia común, sabíamos que iba a aumentar”.

Pero el Gaula señala otra razón: “La guerrilla de las Farc ha visto que, a raíz de la lucha que el Gobierno Nacional adelanta contra el
narcotráfico, sus ingresos han disminuido y lo están compensando con el secuestro extorsivo en el país”.

La Fundación País Libre está muy alarmada por el aumento del secuestro y la extorsión, especialmente empresarial. Según esta ONG, los grupos armados ilegales (Farc, ELN, bandas criminales) utilizan esta modalidad como estrategia de financiación y chantajean de manera indiscriminada al sector productivo.

Como pasó esta semana: mientras las Farc liberaba a cinco canjeables, fueron secuestradas cinco personas más en el Cauca. Freddy Cuenca, Armando Valdez y otro hombre de la Empresa Forestal y Agroindustrial, Efagran, contratistas de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, fueron raptados el miércoles en El Tambo. El tercer hombre fue liberado y Valdez escapó el viernes por la presión del Ejército.

Los otros, José Roberto Anacona, de La Vega, sigue cautivo. Pero Fabio Valencia Hincapié, agricultor de Tunía secuestrado hace ocho días, apareció muerto el viernes. Plagios que casi llevan al presidente Juan Manuel Santos a suspender las liberaciones que ya estaban en marcha.

Pero no son los únicos. “Estuve secuestrado por las Farc en una región fronteriza y pedían $5.000 millones por cada uno de nosotros”, dice un ingeniero liberado tras nueve meses de cautiverio y que admite que aún no supera ese trauma.

“Sufrimos todo lo atroz que puede ser un secuestro extorsivo, con los guerrilleros repitiéndonos a diario que a la empresa no le importaba nuestras vidas, que nunca íbamos a salir de ahí y que sino pagaban el rescate pues ‘toca hacer un hueco por ahí y saldar la cuenta’”, dice y evita dar detalles para no sentir otra vez la amargura de estar encadenado a un árbol, cuando no los tenían caminando hacia uno de los más de 112 cambuches donde los escondieron.

“El miedo era diario, muchas veces nos hicieron vestir de guerrilleros para cambiarnos de sitio sin que la gente nos reconociera y avisara.
Camuflados nos expusieron como carne de cañón en enfrentamientos con el Ejército”, dice el profesional que ve su liberación como un milagro gracias a País Libre que asesoró a su familia. “Ellos pidieron a la empresa que nos despidiera y le enviaron cartas a las Farc explicándoles que ya no teníamos vínculo con la compañía; aunque tenemos padres e hijos por sostener, nos quedamos sin trabajo para salvar la vida”, afirma.

País Libre confirma más casos. “A una empresa el ELN les secuestró dos empleados hace seis meses y les exigen una suma que no puede pagar porque hay una sanción administrativa del Estado que le impide hacerlo”, dice Claudia Llano.

Los más impactados por esta modalidad delictiva son, entre otros, los sectores minero, energético, hidrocarburos y transporte de carreteras. El general Guatibonza dice que “afecta más a los comerciantes y que los delincuentes buscan tener poco tiempo al secuestrado y generar un acuerdo rápido”.

El interés del Gobierno es buscar la liberación no sólo de los canjeables (militares y políticos) sino de todos los civiles privados de su libertad. Pero la realidad es que en Colombia no se sabe a ciencia cierta cuál es el universo de cautivos. Más cuando el delito impacta al país desde los años 90. Época desde la cual muchas familias esperan a sus seres queridos.

Como los Bayona, que siguen en ese silencio eterno de once años sin saber de su ‘Álex sonriente’, como llaman a su muchacho en la última foto que conservan como si fuera él en carne y hueso.

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