Hambre y libre mercado

La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO por su nombre en inglés), ha lanzado una propuesta para exigir a los gobiernos del mundo que pongan como prioridad el solucionar las situaciones de malnutrición crónica en sus respectivos países (

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).

Esta iniciativa resalta el preocupante hecho que cerca de mil millones de personas sufren de desnutrición crónica en el planeta.
Sin embargo, el problema va más allá de reunir unos cuantos millones de firmas electrónicas de ciudadanos comprometidos alrededor del mundo. Mi perspectiva es que en el mercado de alimentos se ven algunas de las peores perversiones del concepto de libre mercado.

El supuesto de tener un mercado libre y desregulado es que éste se gestionará a sí mismo como si una “mano invisible” lo gobernara. Hay un sistema de pesos y contrapesos entre oferta y demanda que hace que los precios se fijen de forma óptima generando el mayor beneficio para consumidor y productor. Al menos eso es lo que dice el modelo neoclásico de la economía

No obstante, hoy en día el mercado de los alimentos enfrenta dos situaciones que impiden que dicha hipótesis se cumpla. En primer lugar la demanda de alimentos es cada día mayor debido a la libre utilización del azúcar, la remolacha y de algunos cereales como el maíz en la fabricación de biodiesel. Aunque no pongo en duda los beneficios ecológicos que puede traer dejar de usar carburantes derivados del petróleo para sustituirlos por similares más limpios, dejar de alimentar a la población por poner a funcionar vehículos y maquinarias es como quitarle el pan de la boca a un hijo para dárselo a un perro.

El argumento que permite esta perversión es, sin embargo, que en el libre mercado los recursos se asignan de forma más eficiente a quien mayor beneficio (económico) podrá obtener de ellos.

Las cifras son aterradoras. En el período agosto – diciembre de 2010, según el Monitor Global de Precios de Alimentos de la FAO, el precio de los cereales ha aumentado 28%, el de los aceites y grasas un 41%, el del azúcar el 56% y el precio general de los alimentos básicos a nivel global en 26%.

Si bien los cambios no son uniformes a lo largo del planeta, es claro que una inflación excesiva es un impuesto adicional para los más pobres. Así, los más afectados según la misma organización son los ciudadanos, incluidos niños y niñas, más pobres de los países del tercer mundo; precisamente la población más vulnerable de todo el planeta.

Esta situación de crecimiento de la demanda, que por sí sola ya es insostenible se yuxtapone a una reducción “ficticia” en la oferta de alimentos causada por una inmensa cantidad de barreras al comercio de bienes básicos. Desde comienzos de la primera década del siglo XXI, tras la caída del Consenso de Washington, parece que la moda en política comercial ha sido el proteccionismo. Esta tendencia ha sido exacerbada por la reciente crisis financiera, tornada económica hace un par de años.

Los gobiernos del mundo, principalmente de los países de la Unión Europea y de los Estados Unidos, en aras de “proteger” al productor local han impuesto barreras técnicas al comercio de alimentos. Así, las restricciones van desde tamaño mínimo y máximo de los productos, normas excesivamente estrictas de empaque y transporte, certificaciones de origen, certificaciones de producción y un largo etcétera.

Sin embargo, si siguiéramos la lógica del libre mercado que se profesa en todos los foros internacionales del planeta, deberíamos decir que esa protección del pequeño productor se traduce en ineficiencias en la producción, reduce los incentivos que genera la competencia al propender por mejoras tecnológicas y por reducción en los costos de fabricación. El proteccionismo entonces anula las supuestas ventajas del modelo económico neoclásico pues reduce la movilidad de la oferta y por tanto impide que los precios se fijen correctamente.

Si el problema es proteger al pequeño productor local de alimentos para no destruir el tejido económico, entonces la FAO tiene razón y los gobiernos también deberían proteger a los consumidores locales que están sufriendo de hambre crónica. Esta protección puede provenir de varias fuentes: precios de alimentos subsidiados para poblaciones vulnerables, reducción de impuestos al valor agregado a alimentos básicos, fijación de precios de los alimentos básicos y/o la prohibición de la utilización de alimentos en la producción de combustibles ecológicos entre otros.

Pienso que los gobiernos deberían adelantar una discusión de fondo sobre hasta dónde dejamos, como sociedad, llegar al libre mercado y dónde comienza el proteccionismo. Es de capital importancia eliminar el doble rasero al momento de formular políticas económicas pues esto genera discriminaciones más que evidentes entre productores y consumidores.

Estas contradicciones de política perpetúan problemas tan críticos como la malnutrición en un planeta donde la producción de comida es suficiente para alimentarnos a todos. Por ahora, ya firmé la petición de la FAO.


Por Germán Forero Laverde*

* Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales. Master of Science en finanzas de la Universidad Pompeu Fabra. Profesor Investigador Cipe – Universidad Externado de Colombia.