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'Interceptaciones durante mi gestión fueron legales': Maya Villazón

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'Interceptaciones durante mi gestión fueron legales': Maya Villazón





Respondió a investigación del Consejo de Estado por el escándalo de las 'chuzadas'


El ex procurador Edgardo Maya Villazón, denunciado disciplinariamente por la actual administración de la Procuraduría por supuestas interceptaciones ilegales, aseguró que esas escuchas se ajustan a la ley y que responde plenamente por ellas.

En carta a Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, el ex procurador asegura que, en la medida en que la Procuraduría cumple funciones judiciales, interceptar comunicaciones en las investigaciones disciplinarias es una de sus facultades legales. (Vea aquí la carta completa)
En ese sentido, aseguró que las mismas han sido examinadas y avaladas por la Corte Constitucional y han sido aceptadas como pruebas incluso por la Corte Suprema de Justicia.

La administración del procurador Alejandro Ordóñez no comparte esa posición y por eso tomó varias decisiones.

Por un lado, cerró la sala de escuchas que funcionaba en la sede de la Procuraduría en Bogotá y, después de analizar cerca de 37 expedientes consideró que las interceptaciones que hay en ellos no tendrían sustento legal, bien porque fueron posteriores al cambio en el sistema penal (en el que las acciones de los organismos de investigación deben ser avaladas por autoridades judiciales) o porque en algunos casos no figuran ni siquiera las aperturas de investigación disciplinaria que justifiquen las escuchas.

Maya incluso cita directrices del actual Procurador para seguir aplicando las normas del anterior sistema en lo que se refiere a investigaciones disciplinarias.

"Con fundamento en las razones de orden constitucional y legal anteriormente expuestas y en ejercicio de las mismas --dice el ex Procurador--ordené realizar interceptaciones de telecomunicaciones, única y exclusivamente a entidades y servidores públicos al advertir presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, las cuales fueron ejecutadas por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales y de las que me hago responsable por cuanto tengo la plena certeza que en desarrollo de las mismas no se incurrió en ilegalidad alguna".

La denuncia contra Maya en el Consejo de Estado dice que "el Ministerio Público tiene dudas sobre las competencias legales para el funcionamiento de la sala de interceptaciones".

Esa Corte ya examina el caso. Y dos ex jefes de investigaciones de la administración Maya están investigados por la misma Procuraduría por el caso.

El caso

Dos años después del cierre de una sala de interceptaciones telefónicas, que funcionaba en el piso 22 de la Procuraduría, el caso pasó a ser examinado por el Consejo de Estado. El alto tribunal inició una investigación disciplinaria contra el ex procurador Edgardo Maya Villazón por haber ordenado 'chuzar' las líneas telefónicas de casi medio centenar de funcionarios de 16 entidades del Estado.

La denuncia contra Maya fue presentada por la misma Procuraduría y el proceso se encuentra desde hace seis meses a cargo del saliente presidente del alto tribunal, el magistrado Luis Fernando Álvarez Jaramillo. El expediente incluye 37 carpetas con el seguimiento telefónico de líneas fijas y de celular hechas entre los años 2002 y 2008, ordenado por Maya.

La denuncia fue remitida al Consejo de Estado por la viceprocuradora Martha Castañeda, quien expresa que "el Ministerio Público tiene dudas sobre las competencias legales para el funcionamiento de la sala de interceptaciones, porque no cumplía con las disposiciones a las que deben ceñirse los organismos de Policía Judicial en el nuevo sistema penal acusatorio".

"Las interceptaciones se fundaban en la Ley 600 del 2000, que fue progresivamente desmontada por el nuevo estatuto penal", señala Castañeda en la acción disciplinaria que radicó en el alto tribunal.

Según la Viceprocuradora, las órdenes de escucha de líneas tampoco contaban con soportes válidos. En 36 carpetas no se encontraron aperturas de investigación previa de las personas que iban a ser objeto de seguimiento, el nombre del dueño de la línea que iban a 'chuzar', o la supuesta falta disciplinaria por la que se le investigaba.

La mayoría de las interceptaciones enviadas al Consejo de Estado son de funcionarios de la Procuraduría, pero también hay registros de interceptaciones a políticos locales y regionales; funcionarios de la Registraduría; y a miembros del Consejo Nacional Electoral, durante las elecciones del 2002 por "presuntas irregularidades en escrutinios" y "participación en Política".

Otros números, interceptados entre el 2003 y el 2006, son de personal del Ministerio de Defensa y del Ejército. La última operación registrada fue ordenada por Maya Villazón el 20 de octubre del 2008 para monitorear las llamadas de un número fijo y de 14 extensiones del conmutador de la Procuraduría.

La sala de interceptaciones funcionó hasta el 24 de febrero del 2009. En total, en la entidad se escucharon conversaciones de 421 teléfonos: 369 de líneas fijas y 52 móviles.

Tras la orden del procurador Alejandro Ordóñez de clausurar la sala, la Viceprocuradora asumió el caso y abrió investigación contra dos ex jefes de Investigaciones Especiales de la administración Maya: Luis Fernando Rodríguez Castro y Luz Dary Henao Acosta.

El proceso disciplinario de los dos ex funcionarios está en etapa de pruebas.



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Última edición por Sanabria; 31-01-2011 a las 18:17:47
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