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La bolsa o la vida



En la segunda semana de enero, los comerciantes de Ciénaga realizaron un paro de protesta por la ola de extorsiones en ese municipio


La llamada entró al teléfono fijo de la empresa.

—¿Señor? –dijo una voz masculina, citando el nombre de quien contestó.

—Sí, ¿quién habla? –preguntó el empresario.

—Soy del frente 38 de las Farc. Necesitamos su colaboración. Ahí le dejo mi celular. Llámeme mañana.

Al día siguiente, el mensaje fue tan preciso como insólito:

—Tiene tres días para entregar 1.000 unidades de munición para subametralladora UZI –dijo el supuesto guerrillero cuando el empresario, entre temeroso e intrigado, lo llamó.

—Pero si la venta de esas balas está restringida por las Fuerzas Militares –protestó débilmente el empresario.

—Yo le digo dónde conseguirlas y dónde entregarlas *–cortó el interlocutor, dándole las instrucciones. Y remató–:Tres días.

La víctima de esta peculiar forma de extorsión, un empresario medio, decidió dar aviso a la Policía y no compró la munición ni fue a la cita para entregarla, pero vive tan atemorizado que no quiso hablar con SEMANA y solo accedió a enviar el relato de lo que pasó por correo electrónico, a través de su asociación. Días después de la fallida cita, quien lo amenazaba lo llamó al teléfono fijo y a su celular: “Tenían la dirección de mi residencia y los nombres de mi esposa y mis hijas. La Policía ha estado al tanto, pero temo por mi vida y la de mi familia”, termina su anónimo mensaje electrónico.

¿Extorsionistas pidiendo munición? Si parece insólito, basta echar un vistazo a las formas que este delito está adoptando por todo el país para convencerse de lo contrario. No solo se trata de la taimada creatividad de los autores de un negocio criminal que mueve sumas millonarias, apostando con éxito a su fulminante efectividad psicológica. Lo más grave, como lo pusieron de manifiesto hace pocos días sendos paros de protesta de comerciantes en Ciénaga y de transportadores en la comuna 13 de Medellín, y como lo refleja la cifra de denuncias –escuálida, pues casi todo el mundo teme recurrir a las autoridades, pero en franco aumento desde 2008– es que el fenómeno de la extorsión se ha apoderado de amplias zonas urbanas, con todo género de modalidades, y afecta a los sectores más desvalidos.

En Barranquilla, desde cárceles locales, o lejanas, como Picaleña, en Ibagué, se ‘trabaja’ una semana a los ferreteros, otra, a los tenderos, la siguiente, a las cacharrerías, hasta rotar todo el comercio, para luego volver a empezar, según el Gaula del Atlántico. Plazas de mercado en Cali, compañías de buses en las comunas de Medellín, pequeños comerciantes de las ciudades de la costa, vendedores ambulantes, prestamistas del sistema ‘gota a gota’, dueños de puestos de frutas y verduras, transportadores y toda suerte de negocios familiares o de pequeño tamaño son objeto sistemático de extorsiones de Tuluá a Pasto, en municipios costeros del Cauca y en Risaralda. “Ni las empleadas domésticas, vendedoras de pescado, minuteros (vendedores de llamadas de celular) y mototaxistas se salvan”, dice el personero de Tumaco, Álex Castillo. El último reporte del Observatorio de Seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá registra hasta amas de casa entre las víctimas.

Que la extorsión en Colombia no es nueva lo refleja –país de gramáticos– la lengua: ‘vacuna’ y ‘boleteo’ son de esos eufemismos con los que el argot nacional bautizó formas del crimen que han aterrorizado por años el campo. Tampoco es tan novedosa la extorsión urbana, ejercida por guerrillas y paramilitares hace tiempo y desde las cárceles, con el celular como herramienta de trabajo que cambia, oronda, de manos en patios y celdas (ver recuadro). Nuevas, sin embargo, son la extensión de la extorsión, así como algunas de sus modalidades. Y también, como lo dijo un oficial del Gaula del Valle, el hecho de que los afectados “son grupos más vulnerables, que rara vez denuncian los hechos porque sus vacunas no son millonarias”.

Un repaso hecho por SEMANA muestra que una parte sustancial del país urbano está afectada. Para Fenalco, la asociación de comerciantes, la capital antioqueña es el caso más grave. “Medellín está disparada”, dijo el general Humberto Guatibonza, comandante nacional del Gaula de la Policía, quien acababa de volver de allí, luego del paro de transportadores del pasado 24, en protesta contra una oleada de extorsiones protagonizada, según la Policía, por una banda encabezada por ‘Chicharrón’, capturado junto con otros 16 ‘colegas’ luego de una investigación de dos años. Asopartes, que agrupa a los vendedores de repuestos, recibió 120 denuncias de extorsión el año pasado. El transporte público en muchas comunidades se ve obligado a pagar. Gremios informales y sin vocería organizada, como los mototaxistas, también son extorsionados.

Los comerciantes están en líos en Neiva, donde, además, prácticamente todo lo que se mueve en camiones es sujeto a extorsión, de acuerdo con Fenalco. Municipios aledaños a Pasto; Valledupar, donde los distribuidores de alimentos se quejan constantemente, y Cartagena, con muchas amenazas a nombre de las Águilas Negras, son otras zonas donde el comercio está bajo asedio. En Montería y Planeta Rica se han denunciado casos. En la periferia de Bogotá, en Usme y Soacha, pequeños tenderos, puestos de plazas de mercado y negocios de todo tipo se ven sujetos a la llamada “extorsión siciliana”, según la Policía, que consiste en cobrar una pequeña cuota por ofrecer, presuntamente, “protección”. Cuando bandas o pandillas se disputan la zona, la gente tiene que pagar a más de un grupo.

Hay modalidades ‘clásicas’, como hacer pagar a los buses un peaje ilegal en sus rutas, o cobrar a los camiones en carretera. Un directivo de la Asociación Colombiana de Camioneros dice que eso sucede en tramos en Arauca, cerca de Florencia, en Risaralda o llegando a Puerto Gaitán, donde hombres armados “ponen una vara, dicen que son los que están contra la guerrilla y piden 50.000 pesos”. Hay trucos retorcidos como pedir a un empresario mediano que compre una partida de vacunas contra la leishmaniasis, estrictamente controladas por los militares, pues es la ‘enfermedad de la guerrilla’ en la selva, solo para exigir, ante la dificultad de conseguirlas, unos millones. Moviendo “mucho dinero”, según la Policía, funciona la ciberextorsión. En un caso reciente, un alemán convenció a una joven colombiana de clase media que trabajaba como prostituta de élite sin que su familia lo supiera de que posara desnuda para unas fotos, que luego usó para pedirle 50 millones de pesos, amenazándola con contar la verdad a sus padres.

Muy extendida está la que la Policía llama “microextorsión”: pedir a negocios e individuos pagar una pequeña suma periódica bajo amenaza de muerte. Pagan hasta los que cuidan carros en la calle, y los montos pueden ser de 500 o 1.000 pesos. El problema de este tipo de extorsión es que está al alcance de prácticamente cualquiera que tenga el termómetro moral suficientemente bajo como para vivir del prójimo. “Tuvimos el caso de una anciana en Bogotá –contó el general Guatibonza– que recibió una llamada diciéndole que si no quería ver muerto a su gato tenía que pagar 50.000 pesos. Investigamos y resultó que el extorsionista era un vecino”. Así, además de la guerrilla, que lo sigue haciendo en el campo, extorsionan delincuentes comunes, gatilleros de los nuevos grupos armados que sus jefes dejan en libertad a veces para que ‘hagan lo del diario’, pandillas, avivatos que se hacen pasar por miembros de las Farc o las Águilas Negras, y también esos nuevos grupos en sus zonas de influencia, rurales y urbanas.

Los casos denunciados pasaron de 830 en 2008 a cerca de 1.400 en cada uno de los dos años siguientes. Pero son apenas la punta de un témpano que navega por el país, impulsado por los cambios en el conflicto armado (menos extorsión rural, tradicionalmente ligada a la guerrilla, y más urbana), la proliferación de pandillas y nuevos grupos armados con redes en las ciudades y la captura por parte del crimen organizado de negocios distintos al narcotráfico. Ese gota a gota extorsivo arroja un volumen de negocios envidiable: la Policía calcula que en los 735 casos que resolvió en 2010 evitó el pago de casi veintiún mil millones de pesos.

Y esto es apenas lo que se sabe. Pues enfrentar la extorsión tiene dos grandes dificultades. La gente no denuncia, por miedo o por ahorrarse el calvario burocrático de la justicia, creyendo –equivocadamente– que pagando una suma menor resuelve el problema. Además, judicializar a los pocos extorsionistas que son denunciados es tarea de Sísifo. Las autoridades le echan mano, por ejemplo, a uno en el momento en que cobra 20.000 pesos a un tendero. El hombre, impasible, tiende un recibo –“el señor me está comprando una rifa”–. La víctima, entre temerosa y avergonzada, asiente en silencio. Y el pillo, orondo, se va.

Como toda aparición, la extorsión surge de golpe, cuenta con el miedo y la sorpresa de la víctima y funciona sobre la apuesta simple de que si diez no caen, uno lo hará, y de que el que lo haga no va a denunciar. No solo es técnicamente difícil de combatir. En este país de míseros cinturones urbanos, donde 100.000 pesos son una fortuna y la violencia, una forma rutinaria de ganarse la vida para demasiada gente, los candidatos a pedir su ‘cuota’ al tendero de la esquina o a la señora próspera de la cuadra son innumerables. A todo lo cual hay que sumar el creciente papel que desempeñan los nuevos grupos armados surgidos luego de la negociación con los paramilitares, las pandillas y las redes del crimen organizado que buscan lucro no solo en el narcotráfico, sino en toda rendija que deje la legalidad. Un medio ambiente tan envidiablemente propicio como un castillo antiguo para que el fantasma de la extorsión se haya instalado en Colombia.

Enlace: http://www.semana.com/noticias-nacio...da/151026.aspx

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