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Alianzas siniestras entre hombres de 'Don Berna' y miembros del Ejército
Por: Redacción Judicial

Un juzgado especializado de Montería condenó a varios militares que terminaron al servicio de la 'Oficina de Envigado' en Córdoba.

Un informe del director regional de la DEA en Colombia sobre las andanzas de los secuaces de Don Berna en Córdoba y el crimen del ganadero Carlos Andrés Pineda, ocurrido en enero de 2008, fueron el origen de una investigación judicial que constató cómo las bandas criminales de ‘Los Traquetos’ y ‘Los Paisas’ fueron protegidas por miembros del Ejército que funcionaban como sicarios a sueldo de la temible ‘Oficina de Envigado’. Una radiografía de violencia que quedó consignada en una sentencia de 52 páginas y que aporta nuevos elementos al debate de la criminalidad desbordada en Córdoba.

La Fiscalía tuvo noticia de que Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, desde su sitio de reclusión antes de ser extraditado manejaba a sus anchas, a través de su oficina de cobro, todo cuanto acontecía en los municipios de Valencia y Tierralta. Su enlace era Francisco Javier Silva, alias Julián, un ganadero ya condenado y que fue la conexión con el comandante del Gaula del Ejército de la Brigada XI, mayor Julio César Parga. Julián, el oficial Parga y Salomón Feris Chadid, alias 08 —hermano del congresista Jorge Luis Feris, vinculado a la parapolítica—, conformaron una organización ilegal que perpetró una ola de crímenes que apenas comienzan a saberse.

En múltiples expedientes de la Unidad de Derechos Humanos aparece reseñado el nombre del oficial Parga en investigaciones por falsos positivos durante su paso por Córdoba. Pero no sólo tenía requerimientos en el país. Sus alianzas y enlaces con capos del narcotráfico derivaron en una solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos que se formalizó en marzo de 2009. Al compás del rentable negocio de la coca en Córdoba se fueron ejecutando crímenes en un departamento que hoy está bajo el reflector de la opinión pública nacional luego del asesinato de los jóvenes universitarios de los Andes, Mateo Matamala y Margarita Gómez.

En el expediente en poder de El Espectador se evidencia cómo se cruzaban los fenómenos de narcotráfico, extorsión y asesinatos en Córdoba, con el agravante de que a través de Parga, integrantes del Ejército terminaron haciéndole vueltas a la mafia. Los bloques Héroes de Tolová y Córdoba, controlados antes por Don Berna, después de su desmovilización se desdoblaron en bandas criminales como la de ‘Los Urabeños’, a la que se culpa del doble homicidio de los biólogos de los Andes y se atribuyen buena parte de los casi 30 asesinatos que se cuentan en el departamento en lo corrido del año. Según la sentencia, en las regiones de Buenavista y Moñitos se elaboraba y refinaba la droga que enviaban al exterior las bandas criminales.

Interceptaciones entre el mayor Parga, conocido en la organización con el alias de Ronald, subalternos suyos y el ganadero Francisco Silva, revelaron cómo se ejecutó el crimen de Carlos Andrés Pineda, ocurrido el 7 de enero de 2008 en la hacienda El Capri, ubicada a la altura del kilómetro 12 de la vía que de Montería conduce a Arboletes. Los soldados profesionales Élver Manuel Maury, Harold Castáñez y Federmán Cura, siguiendo instrucciones del oficial, colaboraron en el crimen. En palabras de Parga, “con la misioncita” que se les encargó por parte del enlace de Don Berna. Pero tuvieron problemas, se estrellaron en el carro que viajaban y dejaron piezas sueltas. Llamaron al mayor para contarle “la novedad” y él les dijo que eso se cuadraba, que borraran todo indicio del homicidio y la escena del crimen.

En otra grabación entre alias Julián y el mayor Parga se lee que la ficha de Don Berna se puso de acuerdo con el oficial para el pago del dinero por el homicidio y en otra interceptación queda claro que ya habían cometido otros crímenes y cobros por éstos. También que Julián le pidió a Parga que le consiguiera una pistola Stoeger Cougar 8.000. Y se la consiguió. En esencia, criminales y subalternos del mayor Parga intercambiaron armas, se asociaron en asesinatos y recibieron dineros por estos episodios. Otra grabación entre el soldado Castáñez y Julián es muy ilustrativa. “Mañana les paso 12 y me dan una esperita hasta que me llegue lo otro”, le dice Julián. Hablaban del pago de $12 millones que serían repartidos entre los militares.

También se probaron los nexos entre el paramilitar Salomón Feris y el mayor Parga y de las evidencias se desprende que las autodefensas y las bandas criminales que se desdoblaron recibían información confidencial sobre las operaciones de la Fuerza Pública en la zona, órdenes de capturas e investigaciones adelantadas por la justicia. Con estas evidencias se condenaron a Parga y a los soldados profesionales que fueron parte de la mafia que a la distancia controlaban alias Don Berna y Daniel Alejandro Serna, alias Kénner. También fue sentenciado Salomón Feris a 90 meses de prisión y se le revocó la detención domiciliaria que tenía en su apartamento en Bogotá.

Seis automóviles utilizados por este grupo criminal fueron decomisados, así como nueve pistolas y revólveres con las que ejecutaron toda suerte de homicidios. La sentencia es ilustrativa sobre cómo las bandas criminales en Córdoba por algún tiempo no sólo no fueron perseguidas, sino que en algunos casos fueron protegidas por integrantes corruptos del Ejército. Una violencia que se fue reciclando con el paso de los años, que no se atajó a tiempo y que hoy preocupa a las autoridades. Mientras avanza la investigación por el crimen de los jóvenes universitarios, esta sentencia pone de relieve que algunos integrantes de la Fuerza Pública también tienen su cuota de responsabilidad en la criminalidad de Córdoba.

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