Por Antonio Caballero
Hasta donde vamos, me parece que la diferencia crucial entre el gobierno de Álvaro Uribe y el de Juan Manuel Santos es que el primero estaba en contra de la justicia, y el de ahora está a favor. En los dos aspectos que tiene la justicia: tanto el institucional, de ******o y administración, como en el inmanente, esencial, de virtud cardinal que debe servir de guía para el ordenamiento general de las cosas.
En lo institucional, la animadversión de Uribe hacia la justicia se manifestaba en su tratamiento agresivo con las Cortes, en sus peleas públicas con sus magistrados, en las 'chuzadas' con que las espiaba el DAS (de las cuales a nadie le queda duda de que eran ordenadas por el 'número uno'); y ya desde el principio de su primer gobierno, en la disolución del Ministerio de Justicia para cometer la insensatez (o la astucia) de confiar al del Interior -el de la política- todos los mecanismos de su funcionamiento. Y es que Uribe tiene de la justicia una idea estrictamente utilitaria, y ancillar: debe ser un instrumento dócil al servicio del poder (cosa que, por otra parte, es hasta cierto punto inevitable: los jueces forman parte del poder). Por eso la única instancia judicial que le gusta a Uribe en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, dados su naturaleza y su origen políticos: el Congreso, y dentro del Congreso su propio Partido de la U. Por eso mismo ha mostrado su desprecio frente a los ******os de justicia extranjeros, reclamando "inmunidad soberana" (como Pinochet en su día) para no declarar como testigo ante un tribunal norteamericano sobre los asesinatos de sindicalistas colombianos por cuenta de empresas multinacionales, o ante uno español sobre el espionaje del DAS a varias ONG de derechos humanos.
Y en lo esencial: es justamente de su desdén por la justicia que le viene a Uribe su indiferencia ante los derechos humanos. Los 'wikileaks' de la embajada acaban de confirmar que, revelada la monstruosidad de los 'falsos positivos', Uribe se aferraba sin embargo al método del recuento de cadáveres como índice de los progresos en la guerra. Su reacción inmediata cuando se dieron las primeras denuncias de las madres de Soacha no pudo ser más elocuente: "No andarían por allá esos muchachos sembrando café". Insisto: para Uribe la justicia es una herramienta al servicio del orden político, y consiste en que los delincuentes, o quienes él considere tales, "reciban su merecido". El mismo sentimiento inspiró la imprudente y vehemente frase del vehemente e imprudente ex vicepresidente de Uribe, Pachito Santos, según la cual el mercenaario israelí Yair Klein debería "pudrirse en la cárcel", que les sirve a sus abogados defensores para impedir su extradición a Colombia alegando que aquí la justicia no es independiente. E inspira -a contrario- al propio Uribe cuando les recomienda a sus antiguos subordinados que busquen asilo en Panamá u otro país amigo (de Uribe): porque aquí la justicia, si no responde al dictado de Uribe, no es justicia.
De ahí viene también la oposición de Uribe a la ley de víctimas, que en su sentir cuesta demasiada plata; y al reconocimiento de todas ellas, que equivale a aceptar que puede haberlas habido de los agentes del Estado.
(Ya veo que el tema de la reparación no me va a caber aquí).
En cambio Juan Manuel Santos (por ahora) ha mostrado que tiene de la justicia una idea completamente opuesta a la de su predecesor. Para empezar por lo práctico: se ha reconciliado con los jueces y ha anunciado la re-creación de un Ministerio de Justicia encargado exclusivamente de los asuntos del sector, y no un simple viceministerio subordinado a la política. Pero la cosa va más lejos (o eso espero: no quiero pensar con el deseo). Parece ser que para Santos la noción de justicia no es solamente instrumental, sino fundamental: es el eje en torno al cual debe engranarse (en lo político, en lo económico, en lo social) toda la acción del Estado y del gobierno. De ahí que haya tenido el gesto, sin precedentes en un presidente de Colombia, de ir al Congreso a radicar en persona el proyecto de ley de víctimas. Se trata de hacer justicia. Sin llegar al extremo del desaforado aforismo latino "fiat justitia, pereat mondus" (hágase justicia aunque perezca el mundo), porque Santos es un hombre pragmático. Pero asentando sobre una aspiración a la justicia, tanto la inmediata como la inmanente, la organización de la sociedad. No solo con más cosas para repartir, sino con las cosas mejor repartidas (la educación, la riqueza, la propia administración de la justicia). Dentro de una concepción sorprendentemente más liberal que neoliberal, porque creíamos que su temperamento era el contrario.
Digo una vez más: Santos no ha hecho más que sorprendernos desde que llegó a la Presidencia fingiendo que iba para otra parte. O venía remando de espaldas, o se dio cuenta de que solo los idiotas no cambian de opinión.
Dicho todo lo anterior, al menos un reparo: ¿qué hace ahí atornillado en su cargo, y qué secretos cuida, el director del DAS heredado del gobierno de Uribe?
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