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Una década caótica Martes, 30 de Noviembre de 2010
*Inconsecuencia de la reelección presidencial *Estela de la desinstitucionalizacion y corrupción
EN estas épocas, en que se comienzan a hacer balances mundiales de la década, puede hacerse lo mismo con los acontecimientos colombianos. Del 2000 al 2010 sucedieron múltiples cosas que muestran al país en una acelerada transición y que parecieran señalar un requiebre con la administración de Juan Manuel Santos, la cual se asoma con tendencia a la permanencia durante buena parte de la década siguiente.
En estos años Colombia básicamente se metió por un sendero institucional desconocido en el que desde el Solio se modificó la Constitución para levantar la prohibición de la reelección presidencial inmediata y obtenerla para quien entonces ejercía el mando. Luego se pretendió un período adicional y sólo entonces la Corte Constitucional se pellizcó para denegar lo que antes había sido igualmente calamitoso y espurio. Tan es así que aún hoy, cinco años después de consagrada la figura, no sólo hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia demostrando cómo el procedimiento estuvo signado de componendas e ilicitudes, sino que el alto Gobierno de entonces se encuentra incurso en los escándalos que llevaron a romper las vértebras constitucionales a partir de la compraventa de los votos parlamentarios, la repartija de Notarías y el favoritismo presupuestario. Visto en perspectiva, como idénticamente lo hicimos en su momento sin distraernos con cantos de sirena, la reelección era absolutamente innecesaria; lo sensato era, como se dijo, dejar prosperar el cauce institucional, no irritarlo ni torcerlo, y no perder las energías que significó aquel embeleco en cuyo trámite se desinstitucionalizó, polarizó y escindió, entre otros, al país. Los resultados hubieran sido positivos, por cuanto no se necesitaba una persona, sino mantener la razón de Estado en cabeza de cualquiera que eligieran los colombianos, como en efecto ha quedado demostrado.
La década, por igual, estuvo dedicada tanto a luchar contra el narcotráfico como las Farc. La administración de Andrés Pastrana Arango levantó las conversaciones de paz con esta organización, infiriéndole una derrota política e ideológica, y dejando a la Policía y las Fuerzas Armadas fortalecidas con el Plan Colombia y la reorganización del Ejército y su infraestructura. Ese viraje de 180 grados en la capacidad operacional de las fuerzas legítimas permitió que su sucesor, Álvaro Uribe Vélez, redujera consistentemente los índices de secuestro, replegara a la guerrilla a la periferia y buscara la prohibida reelección a partir de ese escenario en el que se acaballó además buscando popularidad. La derrota política fue complementada en los aspectos militares, básicamente en medio de prolongados y crudos rifirrafes en torno de los llamados canjeables, unos liberados, otros rescatados y varios asesinados. El pulso se llevó buena parte de la década calentando las fronteras. Puso a la gente a marchar en las calles y sustancialmente la infraestructura del Plan Colombia permitió la baja de algunos jefes del Secretariado, inclusive causando hondas perturbaciones internacionales, que hasta hoy se están normalizando, pero cuyo impacto totalmente convencional y ajustado a los cánones de ley pudo ratificarse con la caída de uno de los líderes principales, Jorge Briceño, ya en la administración Santos. No se ha proclamado aún la derrota militar integral, pero el hecho básico fue haber demostrado la vulnerabilidad de los agentes terroristas.
Buena parte de la década, también, se fue en el proceso inacabado con los narco-paramilitares. El país se encontró con una fuerza de mucha mayor envergadura y crudeza a la presupuestada, con 17.000 desmovilizados, salvaguardada de vínculos con los estamentos oficiales, públicos y privados. Ello llevó al procesamiento de parte importante de la denominada “clase política”, incursa en ese concierto, y cuando los jefes paramilitares comenzaron a decir la Verdad obligada en la Ley de Alternatividad Penal, el nerviosismo hizo que fueran extraditados a Estados Unidos y que prevalecieran los delitos de narcotráfico sobre los de lesa humanidad. El mismo nerviosismo llevó a que los más altos voceros del Ejecutivo se enfrentaran con las Cortes, intentando deslegitimarlas y perseguirlas, y esa situación, derivada luego en interceptaciones telefónicas ilegales y similares, ha llevado a la judicialización de las conductas antijurídicas y a asilos improcedentes auspiciados por el ex primer mandatario.
En la década, la mayoría de empresas colombianas públicas y privadas fueron vendidas a inversionistas extranjeros, mientras subsidios, varios fraudulentos, y exenciones tributarias incomprensibles en medio de la burbuja económica internacional catapultaron las utilidades, pero al final de este período el país era de los más desiguales socialmente en América Latina y el orbe.
Durante buena parte del lapso la Nación fue aislada internacionalmente, en ocasiones por el pobre desempeño en Derechos Humanos, entre ellos las pasmosas ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”). Y al final, un mar de corrupción era el resultado de la reelección presidencial consecutiva.
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