Preocupación por posible rearme de ex paramilitares

A propósito del fallo de la Corte Constitucional que declara inexequible la aplicación del Principio de Oportunidad para los desmovilizados de las AUC, el presidente Juan Manuel Santos reiteró que su Gobierno lo acata y respeta, pero sigue estudiando alternativas jurídicas para que quienes se desmovilizaron y estén cumpliendo con sus compromisos, culminen sus procesos, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

Desde Cartagena, el Mandatario hizo ayer un llamado a las personas que hacen parte del proceso de reinserción, para que confíen en los compromisos del Gobierno Nacional y no se dejen tentar nuevamente por la criminalidad.

“Ustedes ya hicieron lo correcto, que es dejar la violencia, y ahora nos toca a nosotros cumplir con lo pactado, ¡y lo vamos a hacer!”, enfatizó.

El destino de los más de 30.200 desmovilizados tiene preocupado al Gobierno. Así lo manifestó el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, quien dijo que temen que más de 30.200 desmovilizados “abandonen el programa o, lo que es peor, se reincorporen a algún grupo ilegal o entren a la clandestinidad”.

Cabe recordar que en julio de 2007 la Corte Suprema de Justicia determinó que las acciones de los desmovilizados de los grupos paramilitares no podían ser tratadas como delitos políticos, sino dentro del marco del concierto para delinquir, lo cual implicaba que quedaban excluidos de los beneficios de la Ley 975 de 2005.

“Como el Gobierno pretendía negociar con ellos, la solución que encontró fue aplicarles el principio de oportunidad, una figura del Derecho anglosajón, incorporada a nuestra legislación, que señala que no se sigue la acción penal contra una persona que dé información para desmantelar el ******o criminal”, explica el abogado penalista y columnista de EL HERALDO Abelardo De la Espriella.

“Ahora la Corte dice que no se puede aplicar ese principio porque no están colaborando para entregar nada, luego entonces no es procedente. El enredo del Gobierno es que esas miles de personas tienen que ser procesadas por un delito común. ¿Cómo van a hacerlo?”, pregunta el jurista.