DeNunCianDo - Ley de primer empleo, una promesa por cumplir

En sesiones conjuntas, el miércoles próximo, las comisiones terceras de Cámara y Senado debatirán el proyecto que los trabajadores han calificado de excesivamente tributario.

Una de las primeras promesas de Juan Manuel Santos una vez posesionado en la Casa de Nariño, fue la creación de más de dos millones de empleos y la formalización de 500 mil. Una promesa ambiciosa que quedó consignada en un proyecto de ley denominado “de formalización y de primer empleo”, que el mismo Presidente aceptó haber tomado de la propuesta de campaña del candidato liberal Rafael Pardo. “Siempre dije que las buenas ideas de mis contendientes yo las recogería”, expresó Santos el día en que se radicó la iniciativa ante la Secretaría de Cámara.

Sin embargo, a pocos días de cumplirse cien días del nuevo gobierno, el proyecto aún no ha arrancado su curso en el Congreso y algunos sindicatos de trabajadores ya empiezan a cuestionar algunos de sus planteamientos.

La iniciativa, radicada por el Ministerio de Protección Social, contempla cuatro puntos esenciales: incentivos para la formalización de empresas, simplificación de los trámites de matrícula de las Pymes, establecimiento de un sistema de control e incentivos por la creación de empleo formal. “Esta es una iniciativa que se concentra fundamentalmente en la formalización empresarial”, explicó Javier Gamboa, viceministro técnico del Ministerio de Protección social.

Es claro que además de tener un componente laboral, incentivando la contratación de menores de 25 años, también tiene un elemento tributario, al establecer exenciones a quienes se acojan a la ley, una vez sea aprobada. Esto ha implicado que los proyectos que tienen que ver con el tema hayan sido acumulados para ser trabajados conjuntamente en Cámara y Senado.

Pero no todo es color de rosa cuando se trata de iniciativas que hablen de generación de empleo. Para Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), la propuesta tiene una falla de origen: no haber sido consultada con la Comisión Permanente de Concertación. A lo que Gamboa respondió que allí ha habido dos debates y que en los próximos días habrá otro.
Gómez sostiene que uno de los riesgos es que “a quien sea contratado como aprendiz, se le va a pagar el 75% del salario mínimo”, lo cual viola la normatividad internacional. “Hay que aclarar eso, porque corremos el riesgo de que ciertos empresarios utilicen la ley para favorecerse de las exenciones”, advirtió Gómez, indicando que la CGT pidió la suspensión del proyecto mientras se llega a una concertación con los trabajadores.

Incluso, el dirigente sindical indicó que el primer empleo no es sólo para menores de 25 años, pues existe gente mayor que no ha tenido un empleo formal. Y hay un reparo más: el de los denominados intermediarios laborales o cooperativas de trabajo asociadas, que según Gómez, no son tocadas en el proyecto a pesar de que el presidente Santos había prometido meterlas en cintura. “Si la cosa queda como está, no va a beneficiar a los trabajadores. Pero el movimiento sindical tiene que ser serio y no podemos salir corriendo y chillando cada vez que se presenten proyectos de esta naturaleza. Estamos dispuestos a discutir”, concluyó el presidente de la CGT.

La iniciativa contempla levantar la restricción a los contratos de aprendices, frente a lo cual el fiscal nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, manifestó su desacuerdo, pues según él, esto va a permitir que las empresas ganen por dos lados: ahorrando en gastos de nómina, ya que a los aprendices se les paga el 75% del salario mínimo, y además, por los beneficios tributarios. “Este tipo de contratos tiene un carácter informal, entonces la informalidad va a crecer y tememos que terminen por sacar a los trabajadores viejos para meter jóvenes”, puntualizó Arias. Pese a esta percepción, Gamboa aclaró que aquí sólo ganan los trabajadores, además porque la exención sólo aplica para quienes creen empleos formales. Pero para Arias hay algo claro: “Ninguna norma por decreto genera empleo”.

Para Raúl Arroyave, también directivo de la CUT, este proyecto, más que una herramienta para formalizar el empleo, es una reforma tributaria, ya que terminará por insertar a las pequeñas empresas en el sistema financiero a través de gabelas tributarias: “Lo que se busca es bancarizar la economía informal”, afirmó el sindicalista, para quien ampliar el número de aprendices contratados es un beneficio para las empresas porque son “mano de obra barata y calificada”.

Otra de las preocupaciones sindicales es la expresada por Álvaro Morales, vicepresidente de Fecode, quien plantea que el principal problema es que la formalización no se va a hacer incentivando la producción nacional, sino a través de la formalización tributaria. “Lo que están diciendo es que les interesa más el tema financiero y atacan el tema por el lado de los intereses del capital financiero, minimizando los intereses de los trabajadores”, afirmó Morales.

Pese a estas observaciones, para Gamboa los peros de los sindicatos carecen de fundamento, pues no hacen críticas sobre lo que tiene el proyecto, sino sobre lo que no tiene, y asegura que esto es sólo una parte de la estrategia para tratar el tema laboral. “Aquí son los trabajadores los que ganan”, insistió el viceministro técnico.