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El desierto de Atacama por unos días se convirtió en el escenario predilecto de centenares de reflectores y cámaras que apuntaban, como si se tratara de dos estrellas de Hollywood, a los esposos Piñera, quienes lograron convertir un hecho lamentable, en uno de los episodios mediáticos más destacados de los últimos tiempos. El espectáculo consiguió enterrar en la mente de los televidentes obvias preguntas: ¿Por qué se presentó el accidente? ¿Bajaron los mineros rodeados de las mínimas medidas de seguridad o por el contrario lo hacían corriendo aceleradamente a la muerte? A pesar de las innumerables situaciones que ocurren a diario en el mundo y que ponen en riesgo la vida de los mineros de socavón y de explotaciones a cielo abierto, tal parece que predomina la desmedida ambición de los inversionistas por sacarle provecho al negocio, antes que garantizar la integridad de sus trabajadores por los costos que les representa. Los hechos ocurridos en la mina San José tienen un doble significado: por una parte confirman la capacidad de resistencia del hombre, tanto de quienes estuvieron dispuestos a aguantar en las profundidades, como de quienes se empeñaron en rescatarlos y por otra, es una advertencia más para quienes pretenden expoliar la naturaleza sin prever los riesgos que ello implica. En una época en la que la política minera en Colombia atrae importantes empresas extranjeras, por la magnificencia con que las trata el Estado, por los privilegios que les otorga en materia de impuestos, pago de regalías, manejo medio ambiental, contratación laboral, seguridad jurídica y remesa de utilidades, si las autoridades y la normatividad no obligan a las multinacionales a ajustarse a parámetros básicos de seguridad industrial y apoyar a la minería artesanal con recursos técnicos y económicos, muchas tragedias anunciadas tendremos que registrar en el futuro inmediato. Precisamente, un tema conexo ha copado parte de la atención de los pobladores de las regiones que reciben pago de regalías por la explotación de recursos naturales en sus subsuelo como petróleo, oro, níquel, carbón, entre otros, el proyecto de reforma constitucional que cursa en el congreso con el propósito de despojarlos del manejo de esos recursos para entregarlo al control del gobierno central. Para discutir ese tema se congregaron en el municipio de Aipe – Huila diversos representantes de la clase política, empresarial, y gubernamental y nos llama poderosamente la atención los comentarios de algunos medios que sintetizan las conclusiones del evento en el sentido de que gobernador y alcaldes centran sus esperanzas de detener el entuerto mediante la vía de contratar a un pool de abogados que demuestren la inconstitucionalidad del proyecto de ley, postura que de ser cierta, deja de manifiesto o una gran estulticia o un enorme cinismo, pues para nadie es un secreto que justamente el camino del congreso, el de la aprobación de una ley busca convertir en legal lo que no lo es. El gobierno anterior y el actual han dado suficientes muestras de su desprecio por el respeto a la voluntad de las comunidades; al menos dos reformas se dieron para menguar las transferencias a los departamentos y municipios, con lo que se actuó en contravía del espíritu de descentralización; dos licencias para un mismo proyecto fueron expedidas por el Ministerio del Ambiente, con tal de satisfacer las demandas de una multinacional a la que adjudicaron la concesión para construir la represa del Quimbo, no sería extraño que a media marcha surjan otras más allanando el camino para beneficiar los intereses de EMGESA en contravía de los nacionales.
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