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Ex procuradora declarada insubsistente rompe su silencio

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Ex procuradora declarada insubsistente rompe su silencio
El organigrama que incomodó al Procurador
Por: Norbey Quevedo H.

Detalles inéditos del proceso por la presunta red de corrupción en el Consejo de Estado. Un expediente en veremos.


Este es el complejo plano que pretendía aclarar una presunta red de corrupción en el poder judicial y que intentó ser una guía para detectar sus principales tentáculos.

"Lo que se hizo conmigo fue una injusticia. Después de 19 años y 10 meses de estar trabajando con el Estado, corriendo todos los riesgos personales, pero convencida del valor de mis labores de investigación, me acabaron profesionalmente y, sin explicación alguna, lesionaron mi dignidad. Hace seis meses, desde el pasado 7 de abril en que fui declarada insubsistente, formo parte de los altos funcionarios de la justicia que se la jugaron contra la corrupción y hoy estamos tirados al andén. Terminé convertida en un trofeo para los ilegales".


Ana María Garzón asumió como procuradora delegada para la Vigilancia Judicial el 9 de febrero de 2009.

Destituyó e inhabilitó a un gobernador del Putumayo y a un alcalde de Barranquilla; abrió investigación contra 14 integrantes de la Policía por su presunta colaboración con la banda criminal de Daniel Rendón, alias Don Mario; sustentó la acción de revisión que apoyó la reapertura de investigaciones contra el general Rito Alejo del Río; por encargo de sus superiores representó a la Procuraduría en procesos contra congresistas en la Corte Suprema de Justicia. “A cada aporte el procurador Ordóñez me decía: Ana María, muy bien”.

A mediados de julio de 2009, los medios de comunicación reportaron que, sin mayor claridad, la Fiscalía llevaba tres años interceptando las líneas telefónicas de varios funcionarios del Consejo de Estado, para esclarecer una red de tráfico de influencias. Por petición de algunos magistrados de la Sección Quinta del alto tribunal, la Procuraduría entró a investigar y Alejandro Ordóñez entregó el caso a Ana María Garzón. Y bastó un análisis preliminar de la información para que ella abriera pesquisas contra cinco servidores judiciales.

No fue tarea fácil. El material direccionaba conversaciones con servidores del Consejo de Estado, Procuraduría, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Congreso, Registraduría, DAS, entre otros.

La Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía investigaba al narcotraficante Manuel Salazar Espinosa, extraditado y hoy condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos, y detectó una conversación con su abogado en la cual hablaban de arreglar un proceso en el Consejo de Estado. La Fiscalía siguió la pista y descubrió una red que negociaba con expedientes, cuadraba decisiones o asesoraba desde dentro a demandantes o demandados. Entre 2006 y 2009 quedó un sospechoso rastro de enormes proporciones.

Ella sostiene que definió a cerca de 100 contactos y que diariamente informaba al procurador Ordóñez lo que estaba pasando. “Explíqueme esto, acláreme este punto, me insistía y después de mis razones, él ordenaba practicar más pruebas. Jamás me dijo que no investigara a alguien y la instrucción fue que quien fuera flotando había que tocarlo”. La prueba es que en pocos días, el Ministerio Público reportaba avances a la Fiscalía.

A partir de estos cinco funcionarios, Ana María Garzón fue elaborando una especie de mapa con fechas y nombres para entender las dimensiones de la red (ver fotografía). Una hoja de ruta en la que fueron apareciendo gobernadores, magistrados, ex magistrados, procuradores, alcaldes, congresistas, abogados, políticos o servidores judiciales. Un complejo organigrama que conoció Ordóñez, pero que terminó sellando la suerte de Garzón en la Procuraduría porque se convirtió en piedra de escándalo.

La razón: en el pliego de cargos de 241 folios que Ana María Garzón profirió el 7 de diciembre de 2009 contra los cinco funcionarios y que fue publicitado por la propia Procuraduría, fue incluido como anexo el polémico organigrama. Y desde entonces fue Troya. Esa misma semana, durante una reunión informal en la finca de uno de los procuradores delegados, se le escuchó decir a uno de los invitados que el procurador Ordóñez estaba chuzando a los altos funcionarios y que la delegada Garzón estaba obrando a sus anchas.

El malestar siguió creciendo y, de manera particular, el procurador delegado ante el Consejo de Estado Wilson Ruiz, incluido en el organigrama, se quejó ante el Procurador General, manifestándole que esa circunstancia había afectado su aspiración a ser consejero de Estado. Ordóñez le pidió explicaciones a Garzón por este caso específico y ella le dijo que no sólo Ruiz era muy amigo del sindicado Carlos Arturo Fernández, sino que en alguna de las interceptaciones uno de los implicados decía que el concepto de Ruiz costaba $200 millones.

La explicación resultó insuficiente. El 9 de febrero de 2010,Ordóñez le dijo que ese organigrama había sido innecesario y que para evitar problemas lo mejor era trasladar el proceso a otro despacho.

De nada sirvió que Ana María Garzón argumentara que ella había hablado con los consejeros de Estado para explicarles la estructura del organigrama, y ninguno de ellos se había incomodado. Otra cosa expresó el Procurador, quien le reiteró que su hoja de ruta había generado malestar entre los magistrados, sin decirle cuáles. Lo cierto es que a Garzón se le ordenó entregar el proceso a la delegada María Eugenia Carreño.

El 15 de febrero, el expediente salió de las manos de Ana María Garzón, pero el problema no terminó. Al día siguiente, durante un desayuno de trabajo de los delegados, más de uno se fue lanza en ristre contra Garzón. La señalaron de desinstitucionalizar a la entidad, de hacerle daño al Procurador y de haber afectado las aspiraciones del delegado Wilson Ruiz. Éste obtuvo el respaldo de la mayoría de compañeros, pero la prensa informó que en otra de las conversaciones interceptadas se decía: “Nos vemos en la casa del procu, allá donde Wilson”.

La suerte de Ana María Garzón estaba echada. En dos semanas, le dieron la orden de entregar otros casos. Su situación era desesperada. “Traté de hablar con el Procurador, pero su secretaria siempre me dijo que estaba ocupado. Sólo quería advertirle que el enemigo grande era la prescripción, pero no fue posible decirlo”.

Al regreso de Semana Santa, el 7 de abril de 2010, sin llamado de atención o requerimiento previo, una secretaria notificó a Ana María Garzón de su insubsistencia. Pocos días después, en una providencia de 11 páginas, la procuradora delegada María Eugenia Carreño Gómez por presunto desconocimiento del debido proceso y el derecho de defensa, anuló todo lo actuado por Ana María Garzón.

Por un incómodo organigrama con muchos nombres, producto del análisis de más de 30 mil llamadas telefónicas interceptadas legalmente, calificado por María Eugenia Carreño como irrelevante, innecesario, imprudente, desproporcionado y riesgoso para “las garantías fundamentales que misionalmente protege la Procuraduría”, la investigación contra Carlos Arturo Fernández y otros volvió a su punto de partida. Lo paradójico es que para la época ya el mentado Fernández había sido condenado por la justicia a 48 meses de prisión.

En efecto, el 30 de noviembre de 2209, el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bogotá condenó a Carlos Arturo Fernández por el delito de concusión. Y lo hizo porque probó que le exigió a un educador $30 millones por acelerar un litigio planteado por la negativa de Cajanal a reconocerle la pensión gracia. El mismo caso que Ana María Garzón documentó en su pliego de cargos con la respectiva transcripción de las llamadas telefónicas y la evidencia de que el personaje cobró el dinero en Cartagena, adonde viajó con su familia.

El destino del que se proyectaba como uno de los casos más delicados de corrupción a alto nivel hoy es incierto. En la Fiscalía nada ha vuelto a saberse. Este diario consultó en la Procuraduría por el estado del expediente y no obtuvo respuesta. Todo apuntaba a que se iban a descubrir compras de fallos, repartos direccionados, acciones para detener o acelerar procesos, oficinas de abogados para manejar expedientes, y otras cuantas anomalías cruzadas en medio de conversaciones sobre parapolítica, elecciones, procesos judiciales y demandas contra periodistas.

En cambio quedan las reflexiones de una funcionaria con 19 años de experiencia, hoy a la deriva. “Yo me pregunto si el Procurador, en calidad de ex consejero de Estado, no debió declararse impedido. Y si María Eugenia Carreño, su auxiliar en el Contencioso y hoy su mano derecha, no debió hacer lo mismo. Necesariamente tuvo que darse cuenta de que muchos de los mencionados fueron sus compañeros de corporación. Pero igual, ellos siguen en la Procuraduría y yo en el asfalto. El asunto es de supervivencia y lo duro es tener que entender que a veces hay que quedarse quieto. No temo lo que me pueda pasar porque el daño moral, que es peor, ya está hecho”.

Enlace noticia completa: http://elespectador.com.co/noticias/...-al-procurador.

Ver extracto del organigrama en este enlace: http://static.elespectador.com/archi...5017b605c2.pdf

Chequear el nombre del personaje que aparece en la esquina superior izquierda

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