Por Antonio Caballero
Pues claro que se trata de un fallo político. No solo porque el delito por el que el procurador Alejandro Ordóñez acusa confusamente a la senadora Piedad Córdoba, en el caso de que existiera, sería un delito político, sino porque también los motivos del Procurador para acusarla son políticos. Y la pena, desde luego, es eminentemente política: destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos durante dieciocho años. Es lo que se llama 'muerte política'. Pero en este país de leguleyos tenemos una irrefrenable tendencia a disfrazar con ropajes jurídicos todo lo que sea político, aunque la realidad sea la contraria: no es que lo político sea jurídico, sino que hasta lo jurídico es político.
Digo que la acusación del Procurador es confusa. Está hecha de largas parrafadas hiladas por la conjunción 'o': conjunción disyuntiva que denota contraposición, separación o alternativa entre dos o más cosas. Muy distinta de la 'y': conjunción copulativa cuyo oficio es unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo. Así, el Procurador habla de "fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados al margen de la ley, o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos". O también -y esta es igualmente una acusación de índole política- "haber realizado actos tendientes al fraccionamiento de la unidad nacional, evidenciados en el desconocimiento de la legitimidad de algunas instituciones".
¿Al fin qué? ¿Auspiciar, o dirigir, o financiar a las Farc? ¿O intentar fragmentar a Colombia? Cómo serán de vagas las acusaciones que hasta el batallador Plinio Apuleyo Mendoza, habitual defensor de oficio de todo lo que huela a crítica a la izquierda, se desconcierta y pregunta en su columna de prensa: "¿Dónde estaría entonces el delito que justificaría... (la pena)?". Él mismo se responde: "En la ley que castiga nexos con organizaciones armadas ilegales". Y eso, en el caso de Piedad Córdoba, "es algo que tiene ribetes de complicidad y alianza en torno a objetivos comunes con la guerrilla". Asegura Plinio que lo ha explicado el Procurador "con claridad"; pero no está claro ni siquiera para él, y por eso habla de "ribetes de complicidad": de asomos, de indicios: no de pruebas. Lo único claro es la sentencia: muerte política.
En cuanto a lo de los "objetivos comunes": pues sí, claro. De eso se trataba, y no era ningún secreto. Se trataba de negociar con la guerrilla (¿con quién, si no?) la liberación de los rehenes que tenía secuestrados. Y esa tarea le había sido públicamente encomendada por el entonces presidente Álvaro Uribe (con beso en la mejilla y todo) a la senadora Piedad Córdoba, para que la emprendiera en colaboración con otro mediador, también designado por Uribe, el presidente venezolano, Hugo Chávez. Y entre los dos obtuvieron, como ustedes recuerdan, la liberación de varios. Si hubo en eso ribetes de delito, a quien hay que investigar, y castigar si es el caso, es más bien al ex presidente Uribe, que nombró a los negociadores.
Digo también que los motivos del Procurador son políticos. Se trata de un juicio de intención, sí, y no tengo pruebas: pero es que se le nota. Quiere castigar a Piedad Córdoba por un delito que en Colombia no existe, que es el de opinión. Pues es opinión, y no ejecución de un acto delictivo, el pensar y decir que a los secuestrados hay que canjearlos, aunque no sea esa la opinión del ex presidente Uribe. Y es opinión el creer que se debe negociar con los alzados en armas: esos a quienes el propio ex presidente Uribe, llevado por sus ventoleras ciclotímicas a cambiar con frecuencia de opinión, llamaba unas veces "bandidos" y otras "señores insurgentes".
Y quiere también el procurador Ordóñez, y también se le nota, equilibrar con el peso de su dedo la balanza de la Justicia, en su opinión peligrosamente desequilibrada en contra de los políticos de la derecha uribista: más de medio centenar de parlamentarios condenados por la llamada 'parapolítica' (alianza con los grupos paramilitares), y ni uno solo condenado por la llamada 'farcpolítica' (alianza con las Farc). No sé cómo se llama ese comportamiento referido a la balanza simbólica de la Justicia. Pero en las famas donde se vende carne al peso, alterar la balanza es un delito.
Y finalmente: que se cuide el senador Jorge Enrique Robledo.
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