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Desde que Álvaro Uribe le entregó el bastón de mando a Juan Manuel Santos, hace menos de dos meses, solo ha pasado tres días en su residencia colombiana: una casa fiscal situada en el norte de Bogotá. Uno de ellos fue el pasado martes 29 de septiembre, cuando asistió a un homenaje a su ex ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, quien padece una grave enfermedad, organizado por el ex asesor y alfil del uribismo, José Obdulio Gaviria. El encuentro tuvo todas las características de cónclave del uribismo puro, y sirvió de escenario para un anuncio trascendental sobre la estrategia política inmediata del ex presidente: intervendrá abiertamente en la campaña del año entrante en la que el país elegirá más de 10.000 concejales, 398 diputados, 32 gobernadores y 1.026 alcaldes. Que en Colombia un ex presidente participe en política no tiene nada de raro. Excepto Belisario Betancur, todos los demás han desempeñado un papel clave en el tejemaneje del poder. Sin embargo, hay varias razones por las cuales el anuncio del activismo político de Uribe fue recibido con especial interés por algunos medios y por la clase política. Por una parte, Uribe ha sido el mandatario más popular de Colombia, lo cual le garantiza una vigencia política. Por la otra, su temperamento intenso y acelerado jamás le permitiría retirarse o cambiar de oficio. El ex presidente es un político de 24 horas y tiene con qué seguir jugando.
Desde que Uribe dejó la casa de Nariño se han planteado todo tipo de especulaciones sobre su futuro político y sobre su actitud frente a su sucesor, Juan Manuel Santos. Todo indica que, como en los matrimonios, en este ya pasó la luna de miel, y ahora en el día a día aparecen grietas que los dos miembros de la pareja tratan de aliviar con gestos para preservar la relación y evitar conflictos mayores. En cuestión de formas, Uribe ha evitado hacer declaraciones públicas y se ha dejado ver en su trabajo en la Universidad de Georgetown y en la ONU, mientras que su participación en la política interna -con excepción del homenaje a Gallego- se ha limitado al BlackBerry. Santos, por su parte, no pierde oportunidad para elogiar a su antecesor y hasta lo ha comparado con Simón Bolívar. La semana pasada envió una carta a Georgetown para defender a su ex jefe de las críticas que le han hecho varias ONG estadounidenses al hecho de que esté dictando clase en ese plantel.
Sin embargo, desde el 7 de agosto Santos y Uribe solo han hablado en un par de ocasiones por teléfono -incluida una llamada de felicitación del segundo al primero después de la operación contra el Mono Jojoy- y han surgido diferencias de fondo sobre temas fundamentales de la agenda de gobierno, como las relaciones exteriores, la ley de víctimas, la actitud ante la Corte Suprema y el peso que tiene el discurso de la seguridad democrática en una agenda amplia y encabezada por proyectos de reforma social.
Estas divergencias han bajado el precio de las apuestas por la relación de la pareja en el largo plazo. Cada vez es más claro que cada uno busca un mejor lugar ante la historia que el otro, que los proyectos no coinciden en el terreno ideológico y que hay una especie de batalla encubierta por la jefatura de la U.
Los dos proyectos alrededor de los cuales son más explícitas las diferencias de criterios entre Santos y Uribe son la ley de víctimas y la de restitución de tierras, centrales en la agenda del actual gobierno.
En el caso de la ley de víctimas, a Uribe le choca profundamente que los agentes del Estado (militares y policías) sean considerados potenciales victimarios, tema que antes del 7 de agosto defendieron los partidos de oposición a Uribe -los liberales y el Polo- y siempre fue frenado por el gobierno. Uribe insiste en que se deben diferenciar las víctimas del Estado y aquellas de los grupos armados ilegales. Santos, en cambio, se opone a que las víctimas se discriminen según quién sea su victimario. Así lo hizo saber el día que, acompañado de las fuerzas que hacen parte de la coalición de gobierno, lanzó el proyecto en un sonado acto mediático.
En el caso de la ley de víctimas, a Uribe le choca profundamente que los agentes del Estado (militares y policías) sean considerados potenciales victimarios, tema que antes del 7 de agosto defendieron los partidos de oposición a Uribe -los liberales y el Polo- y siempre fue frenado por el gobierno. Uribe insiste en que se deben diferenciar las víctimas del Estado y aquellas de los grupos armados ilegales. Santos, en cambio, se opone a que las víctimas se discriminen según quién sea su victimario. Así lo hizo saber el día que, acompañado de las fuerzas que hacen parte de la coalición de gobierno, lanzó el proyecto en un sonado acto mediático.
Si esta tendencia se sostiene, no quedará duda que la principal oposición de Santos será el mismo Uribe
Si esta tendencia se sostiene, no quedará duda que la principal oposición de Santos será el mismo Uribe
Los mismos uribistas demuestran el autoritarismo y arbitrariedad de Uribe
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AMARILLO, AZUL Y ROJO: COLORES PRIMARIOS PARA UNA MENTE PRIMARIA
"Mis manos aprietan el obturador casi a la misma velocidad con que suceden los hechos. Vértigo, hermanos,
es lo que se siente por la violencia de este país que aquí presento, dolor que nos aprieta los labios y los dientes”
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Regresa Uribe
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