DeNunCianDo - Tambalea la reelección

El fallo contra Sabas Pretelt por yidispolítica puede significar la caída de la figura de la reelección. Santos sería el primer damnificado.

Nadie se habría imaginado en febrero pasado, cuando la Corte Constitucional tumbó el referendo que habría permitido un tercer mandato de Álvaro Uribe, que al cabo de pocos meses se reabriría un nuevo debate sobre la reelección. El proceso largo y tortuoso de recolección de firmas, debates y discusiones en el Congreso había concluido y dejaba al país satisfecho con un régimen que funciona bien en otras democracias, como Estados Unidos: un mandato presidencial de cuatro años, prorrogable a ocho si el pueblo lo decide. Parecía que la fórmula era aceptable y convendría dejarla así.

Pero el fallo reciente de la Procuraduría contra el ex ministro Sabas Pretelt de la Vega puede poner en peligro esa norma y reabrir la caja de Pandora de la polémica sobre la reelección presidencial. El drástico castigo -destitución del cargo y 12 años de inhabilidad para ejercer puestos públicos- se debe, según el texto del fallo, a que Pretelt, "valiéndose de su cargo y del poder decisorio a él inherente, formuló ofrecimientos dirigidos a sesgar, incidir o afectar de manera efectiva la intervención del congresista Teodolindo Avendaño en el trámite legislativo referido a la reelección presidencial". En otras palabras, que le ofreció al representante favores para que se ausentara del decisivo debate en la Comisión Primera de la Cámara y no votara contra la reforma constitucional que establecía la posibilidad de que el presidente Uribe pudiera volver a ser candidato.

En las cuentas del gobierno, y de los medios de comunicación, la controvertida iniciativa de la reelección estaba bloqueada porque había un empate entre los votos a favor y en contra. Se necesitaba que dos de los representantes que se oponían modificaran su voto. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. La primera terminó votando a favor, como suplente de Iván Díaz Mateus, y el segundo se ausentó de la sesión clave. La reelección pasó por un estrecho margen de 18-16.

El proceso de aprobación generó una fuerte polémica y durante meses dividió a la opinión entre quienes lo consideraban un hecho normal dentro de las costumbres parlamentarias y los que lo calificaban como un delito. Pero en los distintos procesos que se abrieron aparecieron indicios y pruebas de que el gobierno les concedió beneficios, como nombramientos y notarías, a Teodolindo y a Yidis. La mayor parte de los protagonistas han tenido líos con la justicia. Los tres congresistas -Díaz Mateus, Medina y Avendaño- están en la cárcel, y Pretelt acaba de ser sancionado en materia disciplinaria y está pendiente de una apelación a una providencia en su contra por parte de la Fiscalía. También está siendo investigado el ex ministro de Protección Social Diego Palacio por haberles entregado dádivas a los congresistas Avendaño y Medina.

La pregunta que surge es si esas irregularidades cometidas en el trámite de la reelección ponen en vilo a esta figura. En otras palabras, aunque la de Uribe ya es una realidad, algunos juristas consideran que los vicios incurridos en su búsqueda podrían llevar a la conclusión de que fue ilegal. Y en esa circunstancia, se podría argumentar que la figura constitucional de la reelección podría ser demandada. Si esta acción prosperara, le impediría a Juan Manuel Santos y a sus sucesores reelegirse.

No todo el mundo comparte esta interpretación. Cuando Yidis Medina fue condenada por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional conceptuó que las anomalías en el proceso de reforma no anulaban la reelección del presidente Uribe. Entre varios argumentos, mencionó que no se podía aplicar la retroactividad para un tema de la importancia de una elección presidencial y que el asunto era cosa juzgada -es decir, que no se podía revisar- porque la misma Corte ya le había dado el visto bueno cuando había revisado la constitucionalidad del acto legislativo.

Lo que queda por verse es si el reciente fallo contra Pretelt puede ser considerado nueva evidencia en una eventual demanda no contra la victoria de Uribe en 2006, sino contra la figura de la reelección. ¿Se puede considerar inválida una reforma aprobada por dos votos comprados por el Ejecutivo? Desde el punto de vista jurídico no hay consenso y existen argumentos sólidos para responder en cualquiera de los dos sentidos.

El representante Germán Navas Talero no duda de que "esta Corte que ha demostrado independencia aceptaría el punto de que no puede ser válido un artículo que es producto de un delito". El asunto de fondo es que cuando los magistrados de ese alto tribunal le dieron vía libre a la reforma que estableció la reelección presidencial no conocían evidencias y pruebas que han aparecido posteriormente en los procesos contra Teodolindo Avendaño y contra el ex ministro Sabas Pretelt. Y que, en consecuencia, debería revisar su dictamen a la luz de estos hechos fraudulentos.

Sin embargo, hay otro punto de vista. La Corte ya dijo que su fallo que aprobó el trámite del acto legislativo de 2004 -el que adoptó la reelección- ya es cosa juzgada. Tendría que modificar su propia decisión de entonces y tendría que encontrar razones para justificar que puede volver sobre el caso. A esto se agrega que la Carta establece que los vicios de procedimiento solo pueden ser analizados dentro de un año después de haberse sancionado la reforma. De otra manera, las normas estarían siempre en tela de juicio y se consagraría la inestabilidad jurídica. Todo lo anterior fortalece la posición de quienes piensan que no es conveniente reabrir un debate sobre las reglas del juego.

A pesar de esto, lo que es seguro es que va a surgir alguien que trate de tumbar la figura de la reelección invocando el fallo del ex ministro Pretelt. Y de ahí en adelante el asunto pasará de lo estrictamente jurídico a lo político. Para nadie es un secreto que el presidente Santos tiene en la mira un gobierno de ocho años. En uno de los debates de la campaña electoral dijo en forma directa que le gusta la figura y que "no ve por qué si alguien lo está haciendo bien no pueda seguir". Si faltaran señas sobre las intenciones de Santos, el programa de gobierno anunciado en el discurso de posesión tiene un alcance que no se agota en un solo cuatrienio y marca un norte para mínimo ocho años. Ni los planes de la Prosperidad Democrática, ni la alianza de la Unidad Nacional, ni el talante del mandatario encajan con un periodo breve.

La historia enseña también que la imagen de la reelección está estrechamente ligada a la popularidad del gobernante del momento. Antes de la Constitución del 91 esa figura existía, aunque no inmediata, pero los ex presidentes que la buscaron siempre fueron derrotados y su desgaste en el ejercicio del cargo desprestigió la idea de la reelección.

Por eso fue abolida en la nueva Carta. En cambio, con un presidente como Uribe, con una popularidad sin precedentes, fue posible restablecerla una vez y casi lo logra incluso para un tercer mandato. Desde ese punto de vista, el panorama actual favorecería cualquier trámite para mantener la reelección haciendo caso omiso de las graves fallas incurridas en 2004. La imagen positiva de Juan Manuel Santos asciende a un 84 por ciento, según una encuesta del Centro Nacional de Consultoría publicada esta semana en CM&, la luna de miel es sólida y el gobierno cuenta con el apoyo de casi todos los partidos políticos que tienen representación en el Congreso.

Si Santos logra conservar un apoyo tan amplio como el que hoy tiene en ambos escenarios -poder Legislativo y opinión-, es poco probable que la Corte Constitucional tumbe la reelección. Pero aún en el escenario de que la Corte lo haga por vicios de forma, el actual Presidente tendría la capacidad de enderezar la situación. Podría jugarle a volver a presentar la iniciativa ante el Congreso y ferrocarrilear su aprobación, como se dice en el Capitolio, cuando con la locomotora de las mayorías se logra hacer votar a pupitrazo una iniciativa del Ejecutivo en forma rápida y sin mayor resistencia. Solo que en esta oportunidad tendría que ser cuidadoso y aprender las lecciones que dejaron los tormentosos debates de 2004 y 2009. Pero se revivirían las controversias que acecharon al presidente Uribe cuando se quiso quedar en el poder. Los errores cometidos en las reelecciones de Álvaro Uribe -una exitosa y otra fallida- marcan una especie de guía básica sobre qué se debe hacer y qué no. En otras palabras, definitivamente no yidispolítica.

No obstante, cabe también la hipótesis de que la imagen del presidente Juan Manuel Santos se desgaste durante el largo periodo que tomaría la demanda del acto legislativo, que requiere ocho debates y su posterior consideración por la Corte. Ante ese nuevo panorama, cualquier cosa podría suceder, pues la experiencia demuestra que en épocas de impopularidad presidencial el país se vuelve antirreeleccionista.

Lo que es un hecho es que el debate sobre la reelección presidencial está a punto de resucitar y que eso no le conviene al nuevo gobierno. La reforma de la Constitución en beneficio de quien está en el poder ha demostrado tener consecuencias peligrosas para la gobernabilidad y para la institucionalidad. Y más aún en el caso de Juan Manuel Santos, que quiere sacar adelante una serie de reformas estructurales que dependen de aprobaciones en el Congreso. El proyecto bandera de Álvaro Uribe era la seguridad democrática, que no dependía del poder Legislativo. Por eso tuvo éxito a pesar de los enredos de la reelección en el Congreso. En el caso de Juan Manuel Santos, la situación sería diferente pues, como van las cosas, quiere pasar a la historia más como reformista que como mariscal de campo.

Para un gobierno de Unidad Nacional que le apunta a una serie de ambiciosas reformas que dependen de un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo, el debate parlamentario sobre la reelección frenaría las locomotoras en las cuales el Presidente ha centrado su obra de gobierno.