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“Revolución Educativa”, política de Estado al servicio de las multinacionales
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Por: Tribuna Magisterial, Bogotá, agosto 4 de 2010
La política educativa profundamente regresiva ejecutada por el gobierno de Álvaro Uribe y su ministra de educación Cecilia María Vélez no es una genialidad de esta administración. Es una política de Estado que se ha adoptado en Colombia y otros países de Latinoamérica, bajo influencia de organismos internacionales como United Status Agency for Internacional Development (USAID), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Global Development Research Network, Internacional Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), Fundación Tinker, Fundación AVINA, GE Foundation, que son, entre otros, los promotores y financiadores del “Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe” (PREAL), que tiene en la “Revolución Educativa” su mejor expresión en Colombia. Inmensos estragos ha causado esta política en la educación pública: hacinamiento de estudiantes en las aulas, aumento de horas clase de los docentes, reducción de los tiempos de receso escolar, sustitución de la formación en conocimientos y saberes por formación en competencias y educación por estándares, imposición de un remedo de estatuto docente que elimina derechos laborales a los docentes nuevos, como estabilidad en el empleo, movilidad en el escalafón, aplicación de evaluación de desempeño para despido, evaluación de competencias para ascenso, persecución a la actividad sindical; imposición del sistema de colegios por concesión, una de las formas preferidas por el gobierno para privatizar la educación. Un objetivo central de la “Revolución Educativa” es poner la educación al servicio de los intereses de las grandes corporaciones que tienen el control de la sociedad en la era de la globalización imperialista.
ANDRÉS PASTRANA: EL INICIADOR
Que ésta es una política de Estado lo prueba el hecho de que sus inicios se encuentran en el Acto Legislativo 01 de 2001 que reformó la Constitución para desligar de los ingresos corrientes de la Nación las transferencias que se entregan a las entidades territoriales para que respondan por la educación y la salud públicas. Con esta reforma no sólo se recortaron drásticamente los recursos para educación, sino que se modificó la estructura de competencias para su administración, dando paso a la reducción de las nóminas de docentes y personal administrativo y a la reforma del sistema de vinculación de los docentes, su régimen de carrera y de salarios. El trámite de la reforma en el Congreso corrió por cuenta del gobierno de Andrés Pastrana, con su ministro de Hacienda Juan Manuel Santos y su Director de Planeación Nacional Juan Carlos Echeverri a la cabeza.
JUAN MANUEL SANTOS: EL CONTINUADOR
No son sólo sus antecedentes en la vida pública y sus declaraciones de fidelidad los que nos llevan a afirmar que Santos será un continuador de la política económica y social de Uribe. Son los primeros hechos de su aun no iniciado mandato, como las designaciones de quienes conformarán su equipo de gobierno, lo que confirma nuestras aseveraciones. Para la muestra unos pocos botones: al mencionado Juan Carlos Echeverri, quien será su ministro de Hacienda, se agregan: el negociador del TLC con Estados Unidos Hernando José Gómez, como director de Planeación Nacional; para el ministerio de Protección Social, Mauricio Santamaría, declarado enemigo de las rentas parafiscales que pagan los empresarios para sostener programas sociales como el Instituto de Bienestar Social, el SENA y las Cajas de Subsidio Familiar, y quien afirma que el salario mínimo es una traba para el desarrollo empresarial, algo así como un desestímulo para la “confianza inversionista”. Con el propósito de cooptar dirigentes sindicales y hacer creer que el suyo es un gobierno progresista que no debe tener oposición, Santos tiene como Vicepresidente a un personaje que hace mucho abandonó las filas obreras para pasar al bando de sus patrones, Angelino Garzón, que tiene entre su prontuario el haber enredado los permisos sindicales cuando era ministro de Trabajo y más recientemente haber maniobrado junto con su socio Julio Roberto Gómez, otro tránsfuga sindical, para excluir a Colombia de la lista de países que violan los convenios de la OIT. En el campo educativo, para culminar la obra iniciada en 2001 y para que no haya ninguna duda de que la “Revolución Educativa” estará a salvo en el nuevo gobierno, Santos ha designado no una ministra sino una gerente, María Fernanda Campo, presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá durante los últimos diez años y quien no puede entender la educación si no es dentro de los marcos de la “competitividad” para la “inserción exitosa” en el “mundo de la globalización”. Según el diario El Espectador: “María Fernanda Campo, por su parte, se limita a decir que trabajará para que la educación mejore cada día más: “Hemos hecho esfuerzos para que haya mayor vinculación en la formación que reciben los alumnos con las necesidades del sector empresarial”, lo cual la pinta de cuerpo entero y preludia lo que será su desempeño en la cartera educativa. A quienes no caben de la dicha por la salida de Cecilia María Vélez de este ministerio nos apena aguarles la fiesta: con la nueva María tendremos peor de lo mismo. EL “GRAN ACUERDO NACIONAL”: UN ESPEJISMO
La ampliación de la coalición de gobierno con sectores que hicieron oposición o estaban distanciados del uribismo, conformando lo que Santos ha llamado “Gran Acuerdo Nacional”, junto con evidentes diferencias de estilo en el manejo de los poderes públicos y de las relaciones internacionales, han hecho caer en la trampa a muchos, incluso a duros críticos de la gestión uribista. Los que si no pueden equivocarse en esto son los dirigentes de las organizaciones de trabajadores y de sectores que han sido y seguirán siendo duramente golpeados por el modelo neoliberal, porque éste no sólo no va a cambiar sino que se va a profundizar. Que nadie se llame a engaño: Santos es un hombre de los afectos del Departamento de Estado y está en la Casa de Nariño para asegurar la continuidad de la dominación de los Estados Unidos y sus socios colombianos sobre la base del despojo de nuestra nación. ¿O es que acaso los integrantes de la mayoría del Comité Ejecutivo de Fecode creen que con Santos y su equipo de la más rancia estirpe neoliberal “Cesará la oscura noche en que está sumida la educación pública y los maestros” como lo sugieren a manera de pregunta en el comunicado publicado el domingo pasado en la prensa nacional? ¿Esta creencia fue la que los motivó para aprobar por mayoría, con los votos negativos de Tribuna Magisterial y del Colectivo Guillermo Marín, una propuesta de pedirle cita a Santos antes de su posesión como Presidente?
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