A pesar de que en la era Uribe proliferaron los escándalos, la mayoría de los implicados se quedaron en sus cargos.
Si bien Colombia nunca ha logrado "reducir la corrupción a sus justas proporciones", como promulgaba el presidente Julio César Turbay, por décadas existía un código no escrito según el cual los altos funcionarios que resultaran salpicados por escándalos de marca mayor renunciaban. Se pensaba que no era honorable ni conveniente que la persona implicada continuara ejerciendo el poder de su cargo para defenderse. Más allá de lo que a la postre dijera la justicia sobre la inocencia o culpabilidad, se consideraba que la permanencia del funcionario en el Estado afectaba negativamente el interés nacional.
En el gobierno de Uribe se rompió esa tradición. Como nunca antes, ministros y embajadores involucrados en algunos de los principales escándalos que explotaron en los últimos ocho años se quedaron en sus puestos. Solo unos pocos dieron un paso al costado: Fernando Londoño, por sus explosivas declaraciones contra la justicia (y no por las denuncias sobre sus irregularidades en Invercolsa), y María Consuelo Araújo, cuando su papá y su hermano fueron encarcelados por la parapolítica.
Otros casos mucho más graves no terminaron en la dimisión de sus protagonistas. Después de que el primer director del DAS, Jorge Noguera, fue obligado a renunciar tras las revelaciones iniciales de la infiltración de paramilitares en la principal agencia de inteligencia, fue premiado con el consulado en Milán. Solo aceptó devolverse al país cuando la Fiscalía y la Procuraduría abrieron investigaciones en su contra. Hoy, la justicia lo acusa del asesinato de sindicalistas y de otros crímenes cometidos en asociación con los paramilitares, e investiga las labores de inteligencia que realizó el DAS contra activistas de derechos humanos.
Las actividades non sanctas en la entidad se extendieron años después con las 'chuzadas' y el seguimiento a magistrados, opositores y periodistas. Estas acciones tienen en problemas a tres ex directores, y hasta el secretario general de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, acaba de iniciar un interrogatorio ante la Fiscalía y la Procuraduría por estos hechos y por su presunta responsabilidad en la repartición de notarías a congresistas a cambio del voto por la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial.
Para lograr la reforma del 'articulito', la justicia comprobó que se le entregaron prebendas a los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. Y gracias a ello, el ex ministro y actual embajador de Colombia en Roma, Sabas Pretelt, fue llamado a juicio, y su ex colega del gabinete, el ministro de Protección Social, Diego Palacio, según algunas versiones, se encuentra ad portas de lo mismo. Ambos permanecen en sus cargos.
Tampoco asumió su responsabilidad política el ministro de Agricultura, Andrés Fernández, por el escándalo de AgroIngreso Seguro, en el que se reveló que varios de los beneficiarios del programa eran reinas de belleza y políticos que habían apoyado la reelección, y que se habían fraccionado proyectos con el fin de no superar los topes legales que existían para los subsidios. Otro alto funcionario que se quedó hasta el final fue el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, a pesar de las graves acusaciones de la Fiscalía contra su hermano Guillermo por una supuesta relación con narcotraficantes.
Esa actitud de indiferencia hacia los escándalos, y de utilizar los cargos públicos para mantener fueros y preparar defensas, incrementó la percepción de que existe una alta impunidad. No en vano el discurso de Antanas Mockus en la campaña contra la cultura de 'todo vale', 'el atajo' y 'el fin justifica los medios' le sirvió para cosechar sus 3,5 millones de votos. Fue una respuesta a la proliferación de escándalos -'chuzadas' ilegales del DAS, la 'Casa de Nari', parapolítica, yidispolítica, Agro Ingreso Seguro- sin que nadie asumiera la responsabilidad política.
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