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Seguridad democrática: ‘camisa de once varas’ POLITICA Y GOBIERNO Lunes, 02 de Agosto de 2010 01:39 Los resultados de la Seguridad Democrática dejan mucho qué desear. Un proyecto con más énfasis en lo político que en lo militar habría sido más efectivo, con costos racionales y menor número de víctimas. Las FARC como columna vertebral A partir de la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe, en 2002, la Política de Seguridad Democrática (PSD) –bandera de sus promesas y de su programa de gobierno– se construyó sobre la marcha. En el transcurso de su administración se presentaron numerosos cambios e improvisaciones según la coyuntura. Aunque la columna vertebral de la PSD fue la arremetida contra las FARC, sus resultados dejan mucho qué desear. La importante y necesaria reforma militar que indujo Washington durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), gracias a la cual se crearon y reorganizaron unidades para la guerra irregular, se desaprovechó en su esencia al menos hasta 2006. El gobierno disimuló su escasa capacidad estratégica gracias a la inversión de ingentes recursos y al acoso militar de la guerrilla, lo que ciertamente produjo una reducción significativa de sus acciones, aunque todavía cuenta con el apoyo de milicianos urbanos, respaldos rurales en sus zonas de influencia y solidaridad de grupos de cocaleros. Pero la calentura no está en las sábanas. Con una estrategia de verdad, el resultado obtenido se habría logrado con una menor inversión tanto en presupuesto como en recursos humanos, lo cual hubiera favorecido en primer término al país y en segundo lugar a las Fuerzas Militares. En los últimos ocho años hemos vivido inmersos en el mundo del lenguaje. En sus inicios se cambió el término militar de ‘plan de guerra’ de la PSD por el eufemismo de ‘Plan Patriota’. Y en 2006 se siguió con el disimulo dándole una nueva identidad a la PSD, que pasó a llamarse “Política de Consolidación de la Seguridad Democrática”, PCSD, en gran parte para disimular sus pobres resultados. Sin embargo, el cambio no fue sólo de maquillaje. Más allá del maquillaje Aparte de algunas modificaciones de fondo, como redistribuir la concentración de tropas en el sur del país para ‘cazar’ al Secretariado de las FARC y aumentar la movilidad de unidades, hubo cambios precisos y efectivos: - Se hizo énfasis en inversión en materia de inteligencia técnica y humana, con asesoría externa del más alto nivel; - Se procuró tener una cooperación eficaz entre las Fuerzas Militares y entre éstas y la Policía Nacional; - Se redistribuyeron recursos; - Se le dio mayor importancia a capturas y deserciones frente a las ‘bajas enemigas’, y - Se pagaron mayores recompensas por información. Lo que no cambió para nada fue el énfasis en lo militar y la pobreza en lo político. La danza de los millones Según el Ministerio de Defensa, la inversión en defensa y seguridad, el porcentaje del PIB (depurado y no depurado), y el número de efectivos en armas tuvo la siguiente evolución en los ocho años del gobierno Uribe (pesos corrientes): De la última cifra de efectivos, para marzo del 2010, en la que se incluye el personal civil, 286.031 pertenecen a las Fuerzas Militares y 162.838 a la Policía Nacional. Sacando pecho Los cambios señalados en la PCSD comenzaron a dar resultados en 2007, pero llegaron a su cenit en 2008, con la “Operación Jaque”. Si bien las FARC ganaron terreno militar durante el ‘despeje’ y las conversaciones del Caguán, su arrogancia las llevó a creer que eran ya un ejército capaz de enfrentar a las fuerzas regulares del Estado y que por lo tanto estaban ad portas de no necesitar apoyarse en los principios de la guerra de guerrillas. Por eso, además de golpes menores, con menos significación relativa que los sufridos por la Fuerza Pública, mal dirigida y desgastada por la malaria, la leishmaniasis, las minas antipersona y los francotiradores, las FARC recurrieron a la ‘hibernación’, a la que los medios de comunicación llamaron ‘repliegue estratégico’. Con los cambios de la PCSD no se preocuparon por variar su estrategia de ‘repliegue pasivo’ con el fin de recuperar la iniciativa. En consecuencia, en corto tiempo fueron despertadas a la realidad por esos cambios, sin que se percataran pronto de que seguían siendo sólo guerrillas, además acosadas militarmente. Por encima de la ética La ventaja que tuvieron las FARC al dispersarse en frentes a lo largo y ancho del territorio nacional se trocó en desventaja cuando la Fuerza Pública puso en funcionamiento un sofisticado equipo de comunicaciones. La interceptación de sus mensajes fue definitiva para que recibieran golpes certeros. Sólo después de la ‘Operación Jaque’ se convencieron de que enfrentaban una nueva situación y se plegaron a usar el olvidado principio de adaptarse a las circunstancias. Además, en este proceso entraron a jugar las deserciones y la delación, alentados por el énfasis que se dio a las recompensas y los beneficios a desertores y criminales, pasando por alto normas y haciendo caso omiso de escrúpulos éticos. A partir de allí, pese a que han tenido numerosos reveses, algunos de ellos significativos, lograron recuperar cierta iniciativa y responderle a la Fuerza Pública. Sin embargo, aunque el Estado las ha mantenido a raya, esa situación no implica que su derrota vaya a darse en un tiempo predecible. El que no está conmigo… La persistencia en el uso de medios militares y la limitación en el empleo de recursos políticos han llevado a que se estanquen los cambios estratégicos en la Fuerza Pública. Por lo pronto, no se vislumbran ideas importantes que incorporen medidas políticas novedosas. Estas serían necesarias para frenar el aumento desmedido del presupuesto militar y de seguridad en los últimos años, aumento que de seguir así terminará por llevarnos a serios problemas fiscales. En el plano político, la preocupación del gobierno ha sido acabar con el espacio nacional e internacional ganado por las FARC, al principio buscando de manera insistente −aunque utópica− internacionalizar el conflicto armado para recibir apoyos externos. No es aventurado decir que ese objetivo fracasó, pero no puede negarse que tuvo un buen resultado en el país. La multitudinaria marcha en contra del secuestro, en febrero de 2008, alentada por el odio contra la guerrilla, es muestra significativa de ese aserto. Sin embargo, ha sido equivocado que con base en los crímenes de la guerrilla se haya alimentado la polarización política de la opinión a favor del gobierno, identificando cualquier crítica en su contra con condescendencia o alianza con las FARC y el terrorismo. ¿Dónde está la política? La pobreza en el uso de recursos políticos oficiales en el enfrentamiento con las FARC abrió el camino para que diversos estamentos de la sociedad propusieran iniciativas tendientes a la liberación de secuestrados. Aunque fueron criticadas por el gobierno tuvieron éxito en un principio gracias al estatus político de las víctimas y a la conveniencia de la guerrilla. La liberación de figuras políticas frenó la forzada condescendencia oficial con las mediaciones, aunque a mediados de 2009, y también por razones políticas, el gobierno volvió a discutir el tema. Por ello, en 2010 fueron liberados un par de miembros de la Fuerza Pública. A pesar de este eje de la PSD en su arremetida contra las FARC, que se muestra como consistente, se ha incurrido en manejos equívocos: - Improvisaciones con graves consecuencias, como el hecho de que el presidente Uribe haya permitido en 2007 el protagonismo del presidente Chávez en la liberación de secuestrados para luego desautorizarlo públicamente - Decisiones que a la postre resultaron costosas, entre ellas la incursión armada sobre el territorio ecuatoriano para eliminar a Raúl Reyes, número 2 de las FARC, lo que provocó la ruptura de relaciones con Colombia por parte de ese país - E inconsistencias, ensayos y errores en el resto de las líneas de acción de esa política. La oportunidad perdida Veamos ahora lo que ocurre con el ELN y con los paramilitares. Frente a la serie de equivocaciones con las FARC, tal vez sea el tratamiento que el gobierno le dio al ELN el que tuvo menor número de inconsistencias. El gobierno buscó desde un comienzo un acuerdo de desmovilización y negociación con ese grupo guerrillero, en gran parte para mostrar que su condescendencia con los paramilitares no era favorable sólo a organizaciones armadas de derecha. Pero la miopía política del ELN lo llevó a desaprovechar oportunidades favorables para salir con dignidad de su crítica situación. Desde 2009, al gobierno no volvió a interesarse en esos contactos. Paramilitares, la improvisación vuelve y juega Acabado de posesionarse el gobierno abrió espacios para una negociación con los paramilitares. A finales de 2002, con el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, se comprometieron a no atentar contra la población civil. A partir de esa promesa, los altibajos y las improvisaciones fueron la regla común: acuerdos y desacuerdos a granel, nuevos crímenes y sobre todo largas discusiones políticas de sucesivos proyectos de ley, criticados dentro y fuera del país, ante la posibilidad de que los criminales quedaran impunes. Finalmente, a mediados de 2005, una tibia ley de Justicia y Paz (Ley 975) le puso punto final a ese prolongado episodio. Esta ley fue corregida en varias de sus debilidades por un fallo de la Corte Constitucional. La desmovilización de los grupos comenzó a finales de 2004 y se prolongó hasta 2006, con cuentagotas y con una enorme publicidad bien orquestada. Esas entregas fueron un reflejo claro del afán oficial de mostrar su misión pacificadora. Parte del proceso fue la contabilización de más del doble de desmovilizados ‘paras’, que a comienzos del gobierno sólo se calculaban en 15 mil. Poner en cintura a poderosos jefes de mafias articuladas con el narcotráfico implicó seguramente promesas oficiales ‘secretas’, que terminaron siendo incumplidas[1]. El gato encerrado… El argumento del gobierno para demostrar su éxito como pacificador fue el de señalar que por primera vez habían sido sometidas fuerzas irregulares no derrotadas. Pero lo que ocurrió fue distinto. En efecto, el proyecto antisubversivo que en 1997 alimentó la unificación paramilitar con la creación de las AUC perdió su dinámica a medida que surgió el afán −y el logro− de un enriquecimiento depredador de los jefes ‘paras’, y su ambición de poder político regional con proyección nacional. |
Respuesta: Seguridad democrática: ‘camisa de once varas’ Más tarde se vería que este último objetivo había sido iniciativa de gamonales regionales, que encontraron en él una forma adecuada para ejercer su poder omnímodo. Como es obvio, paramilitares y narcotraficantes lo acogieron por mutua conveniencia. Con el declinar de su proyecto antisubversivo, a los paramilitares les era rentable cederle el costo de sus ejércitos al Estado, que asumió la incorporación de desmovilizados a la vida civil en un proceso lleno de improvisaciones y falencias, que siguen sin resolver luego de varios años. …y la olla podrida La olla podrida de esta política se destapó cuando el gobierno intervino de manera arbitraria para evitar judicializaciones y condenas de los integrantes de su bancada en el Congreso. Esos políticos, clientelistas y corruptos, fueron quienes le sirvieron de comodines a los gamonales para presentar sus iniciativas de paz con los paramilitares. De ahí el incumplimiento de promesas oficiales hechas a los jefes ‘paras’ durante el proceso de desmovilización y con posterioridad a él, conducta que se hizo evidente con la extradición al unísono de 14 de los más connotados cabecillas en 2008. Antes esas medidas se habían tomado con cuentagotas. El costo institucional de esta actitud de respaldo a políticos corruptos fue alto, como que implicó el enfrentamiento entre diversas ramas del poder público, pero sobre todo entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. Además, para las incontables víctimas del paramilitarismo la ausencia de sus verdugos acarreó dificultades insalvables en el propósito de conocer la verdad y obtener la reparación a que tienen derecho. Y eso, sin contar con la falta de voluntad oficial para lograr estos efectos. Mala yerba nunca muere La improvisación del proceso de incorporación de los paramilitares desmovilizados a la vida civil se convirtió en un factor favorable para la formación de nuevas bandas, lo que se suma a otros factores propios de la dinámica de reproducción sostenida del difícil conflicto armado colombiano. El panorama de las llamadas BACRIM (‘Bandas Criminales’) es complejo. Entre ellas hay: - Bandas que no se desmovilizaron - Bandas que cometen acciones antisubversivas propias de paramilitares - Bandas que se dedican al narcotráfico - Bandas que tienen entronques con ‘parapolíticos’ - Bandas que forman parte de la delincuencia organizada. De acuerdo con la Policía Nacional, hay seis ‘Bandas Criminales’ principales: - ‘Ejército Revolucionario Popular’, que opera en los Llanos Orientales - ‘Los Rastrojos’, en el Valle, Antioquia, Cesar y Nariño - ‘Urabá’, que tiene su centro de actividades en la Costa Atlántica - ‘Renacer’, ubicada en el departamento del Chocó - ‘Los Machos’, del Valle del Cauca, y - ‘Los Paisas’, en Antioquia, Bolívar, Sucre y la Guajira[2]. Esta capacidad de reproducción de la delincuencia organizada contrarresta los logros alcanzados previamente en materia de seguridad y agrava la atención a las víctimas, que de por sí han sido tratadas en forma marginal y desgreñada por la PSD. Las víctimas se cuentan por millones en un amplio abanico de casos, que cubren desplazados, dolientes de cientos de masacres y miles de asesinatos y secuestros. ¿Justicia? ¿Paz? La norma más visible de las que pretenden prestar atención a las víctimas del conflicto es la Ley de Justicia y Paz. Los proyectos que desembocaron en ella se preocuparon más por suavizar los castigos a los verdugos, que por proteger a las víctimas. Luego de cinco años de expedida la ley han sido condenados sólo dos entre los miles de victimarios, aunque hay que reconocer que ha servido para buscar alguna parte de la verdad en las tragedias ocurridas. Los bienes incautados a paramilitares y narcotraficantes son irrisorios frente a los que éstos acumularon y ‘legalizaron’, en su mayoría a través de testaferros. Además, son muchas las tierras usurpadas que están en poder de conocidos ‘propietarios’ de dudosa reputación, varias de ellas ocupadas con aquiescencia del gobierno. En las entidades encargadas de administrar tales bienes ha primado la improvisación, la incapacidad y la corrupción. Y mientras tanto, alrededor de cuatro millones de desplazados deambulan en la miseria absoluta por pueblos y ciudades, en tanto que quienes se han atrevido a reclamar sus derechos o a volver a las fincas o parcelas asignadas por el gobierno, han sido asesinados y diezmados por sicarios. El eterno problema de las drogas Existen otras políticas oficiales dispersas que se refieren a los objetivos formales de la Seguridad Democrática. La de mayor audiencia internacional es la de las drogas, que ha sido un caballito de batalla en ascenso desde hace tres décadas, y que en el año 2000 pasó a primer plano, tras la aprobación del Plan Colombia por el Congreso de Estados Unidos, luego de que el gobierno de ese país le pusiera cifras a la etérea idea de un ‘Plan Marshall para Colombia’, que se agitó en el período de Andrés Pastrana. Desde 2001 hasta ahora, Estados Unidos ha gastado unos 6 mil millones de dólares, que se suman a una cifra todavía mayor del presupuesto nacional para erradicación de cultivos ilícitos y otros menesteres afines[3]. Pese al optimismo según el cual en el año 2009 se presentaron las cifras más bajas de cultivos de coca desde 1998, equivalentes a 68.025 hectáreas[4], esta política estratégica de la Seguridad Democrática ha sido su mayor fracaso y ha causado graves problemas como el desplazamiento de poblaciones enteras, la depredación de la naturaleza y crímenes a diestra y siniestra. Las razones que se han expuesto con frecuencia para ayudar en la búsqueda de un comienzo de solución han chocado con la invariable terquedad del gobierno. Carreteras e informantes Otras políticas sueltas rindieron también importantes frutos al gobierno. La principal de ellas fue la llamada ‘Viva Colombia, viaja por ella’. Se trató de recuperar la movilidad en las carreteras, afectada por el temor generalizado ante los secuestros, los ‘falsos retenes’ y las ‘pescas milagrosas’ de la guerrilla. Caravanas de escoltas de la fuerza pública y constantes patrullajes centrados en las vías principales tomaron fuerza desde el comienzo del gobierno. Su efecto favorable fue inmediato, sobre todo en la percepción de seguridad de sectores medios y altos de la población. Esta libertad de movilización fue tal vez la que más dividendos políticos inmediatos le dio al gobierno, dividendos que se han mantenido. La recuperación de las cabeceras municipales de zonas controladas por las guerrillas fue un proceso difícil, lento e improvisado. Los ‘soldados campesinos’, luego llamados ‘soldados de mi pueblo’, asumieron funciones de policía que no les correspondían: mantener territorios. Por otra parte, en los primeros años del gobierno Uribe la estigmatización oficial de la población de esas zonas se reflejó en la creación de amplias redes de informantes, improvisados y sin evaluación, y en redadas masivas llenas de arbitrariedades, que terminaron con la libertad de la mayoría de detenidos, judicializaciones sin fundamento y hasta asesinatos de personas inocentes. A diferencia de las ciudades, donde la fuerza pública ha alcanzado niveles de aceptación sin precedentes, en esas zonas aún prima la desconfianza frente al Estado, ya que no han terminado las arbitrariedades. Recuperación social del territorio Como parte de la PCSD hay una iniciativa importante, la ‘recuperación social del territorio’, que se inició en 2008 con el propósito de aprovechar los planes de obras públicas y la erradicación manual de cultivos de coca en el área de La Macarena (municipios de Uribe, Mesetas, San Juan de Arama, Vista Hermosa, Puerto Lleras, Puerto Rico y La Macarena, cuatro de ellos parte de la ‘zona de despeje’ en el proceso de conversaciones con las FARC durante el gobierno de Andrés Pastrana). Para adelantar ese ‘primer proyecto de consolidación de la PSD’, se diseñó un plan híbrido, dependiente del Ministerio de Defensa y de la Vicepresidencia de la República, con cooperación internacional, y protegido por la Fuerza de Despliegue Rápido, FUDRA, ubicada en el área. El primer ensayo ha tenido éxitos dado el vacío de políticas sociales en la PSD. Sin embargo, la titulación de tierras, fundamento de la estabilización de los campesinos, fue frenada por el anterior ministro de Agricultura con el argumento de que estos últimos eran “auxiliadores de la guerrilla”. En medio de la línea represiva de la PSD, esta política comenzó a repetirse en Montes de María. Inequidad e iniquidad La gran capacidad de reproducción del conflicto es el factor clave para entender que la vía militar a ultranza –sobre todo en el caso de la inacabada arremetida contra las FARC− no tiene cabida si se quiere llegar a una paz sostenible y duradera. Si no hay un tratamiento político sistemático, no será posible que comience un proceso viable que logre el final del conflicto. La persistente y profunda exclusión social, unida al agresivo contraste en las mismas zonas geográficas entre la pobreza y miseria de la mayoría frente a la opulencia de unos pocos, son estímulos permanentes de la violencia. Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo. El eterno y cada vez más grave problema de las tierras con su: - Concentración de la propiedad, - Sobre-representación política de terratenientes, - Incapacidad para el cobro oficial de un impuesto predial rural y municipal equilibrado, - Despojo, - Desplazamiento forzado y - Ausencia de titulación a los campesinos… |
Respuesta: Seguridad democrática: ‘camisa de once varas’ así como la incapacidad del Estado de hacer presencia, aunque sea armada, en amplias zonas rurales del país, impide que se realice el ideal del Estado moderno de monopolizar el uso de la fuerza como recurso complementario a la esencia estatal de usar la política para solucionar los problemas. Y si a esto se agrega la recurrencia de prácticas violentas como mediadoras en el ejercicio de la política, se completa un panorama incierto frente a factores estructurales ‘reacios’ a que comiencen de manera sostenida desarrollos de políticas destinadas a darle un vuelco a la tragedia nacional. La sombra de los falsos positivos En otro contexto, aunque ha habido correctivos para evitar que se repitan los mal llamados ‘falsos positivos’, continúa la presión castrense jerarquizada que exige resultados, encabezada por el presidente Uribe. En estos crímenes se juntan una larga historia nacional de violación militar a los derechos humanos, la terca presión presidencial por resultados, que no mide las consecuencias, y el rápido crecimiento del pie de fuerza, con una deficiente preparación profesional y con efectos negativos, como el de facilitar la comisión de delitos en medio del conflicto armado. El galimatías de las cifras Otras líneas relacionadas con la PSD se manejan en términos estadísticos. Pero en este terreno existe un verdadero galimatías, ya que las diferentes agencias del Estado disponen de cifras sobre los mismos fenómenos que varían de manera significativa. Los datos generales sobre reducción de actos terroristas (aunque su definición siga siendo arbitraria), hurtos, secuestros extorsivos y presencia policial en pequeños centros urbanos, no tienen mayor discusión. Pero en los dos últimos años se han presentado serias dudas sobre la disminución de homicidios selectivos, secuestro extorsivo e incluso sabotajes a la infraestructura física. Son frecuentes los cambios en metodologías y estadísticas, y las distorsiones porcentuales en documentos oficiales. Y no existe una sistematización ni depuración en que pueda confiarse. El color del cristal con que se mira El único subproducto rescatable del proceso que desembocó en la PSD es la reorganización militar exigida a finales del siglo pasado por Estados Unidos, cuyo efecto positivo, aunque retardado por causa de la incapacidad estratégica del gobierno, ha sido el significativo decaimiento de las FARC. Sin embargo, en el panorama actual de la seguridad la capacidad militar está sobredimensionada en presupuesto, tropa y equipo. Este exceso se disimula ante la opinión pública con base en el temor y odio inducidos sistemáticamente por el gobierno contra las FARC. Sin duda alguna, una visión política adecuada, que diversificara el tratamiento del conflicto en varias direcciones, mostraría el exceso y a la vez insuficiencia de recursos de la Policía Nacional. Reelección insegura El resultado más claro de la PSD es que el gobierno del presidente Uribe haya asumido una responsabilidad total en el manejo de la seguridad, el cual había sido descuidado por gobiernos anteriores. En el de César Gaviria (1990-1994) hubo un intento fallido de manejar en forma directa el asunto, pero es el único antecedente que vale la pena mencionar. Puede decirse que esta es la primera vez en la historia reciente del país en que las autoridades civiles asumen tal responsabilidad. No obstante, la tarea del gobierno se manejó desde la óptica represiva, sobre todo militar. En el campo de la seguridad se recurrió a iniciativas políticas principalmente para buscar dividendos en la opinión pública con el fin de defender posturas del Ejecutivo de dudoso contenido ético y para ‘criminalizar’ a los críticos del gobierno. No hay claridad alguna en el uso de los esenciales recursos políticos del Estado en materia de seguridad, labor que le corresponde por decisión constitucional. Tampoco se observa que haya una comprensión oficial de la relación que existe entre la inseguridad y la persistencia crónica de agudos problemas sociales del país. En estas circunstancias, no tiene sentido la pretensión presidencial de ‘reelegir’ la PSD. El gobierno y sus seguidores se han negado a reconocer los profundos vacíos de esa política. La represión oficial, que es legítima, debe ser siempre un complemento y no el sustituto de las políticas que le dan fundamento a un Estado democrático. Las perspectivas En medio del grave problema de seguridad que le deja el gobierno de Álvaro Uribe al de Juan Manuel Santos, las expectativas de corrección son altas. Aunque debe tenerse en cuenta que el nuevo Presidente fue parte importante del proceso descrito, muchas de sus actuaciones fueron producto de su ‘necesidad’ de complacer a Uribe. Santos inició su campaña presidencial con gran sigilo y habilidad desde que fue nombrado ministro de Defensa en el segundo periodo de Uribe. Sus éxitos con la PCSD muestran su capacidad y pragmatismo. No obstante el manto de duda que despierta su política de Unidad Nacional, esas condiciones personales abren un esperanzado compás de espera sobre la preeminencia de los imaginativos métodos políticos frente a los represivos e inflexibles métodos militares. Notas de pie de página [1] Según la Policía Nacional, entre 2003 y 2006 se desmovilizaron 31.686 integrantes de las AUC. Revista de la Policía Nacional, Edición No. 3, marzo 2010. [2] ibidem [3] Daniel Mejía, “Una evaluación económica del Plan Colombia, CEDE, Uniandes, octubre de 2009. [4] “Cultivos de coca, los más bajos en 11 años”, en El Tiempo, 24 de abril de 2010. |
Respuesta: Seguridad democrática: ‘camisa de once varas’ Además de lo dicho, lo pero, pero lo peor peor de todo, es el hecho de que Uribe contó con muchisimas cosas a su favor, razón por la cual los resultados deberían haber sido buenos (y a fin de cuentas se sabe que fueron malos). 1) Tiempo: Tuvo más tiempo en la presidencia que cualquier otro presidente contemporaneo. 2) Plata: Contó con el apoyo económico del gobierno de los EEUU. 3) Mayoría en el congreso (absoluta, gracias en parte a los parapolíticos). 4) Popularidad: Innegable, varios millones de Colombianos le creyeron, hoy se arrepienten muchos, pero en su momento le creyeron. ¿Y aun así no pudo?, eh, jodido es que está. |
Respuesta: Seguridad democrática: ‘camisa de once varas’ |
Respuesta: Seguridad democrática: ‘camisa de once varas’ La seguridad democrática ayudó a recuperar el control del territorio y en especial de los sitios que tradicionalmente ocupaba la guerrilla...pero también deja muchas deudas y muchas falencias que muchos no quieren reconocer por mera necedad |
Respuesta: Seguridad democrática: ‘camisa de once varas’ Cita:
Indudablemente tuvo la oportunidad servida en bandeja de plata para dejar a Colombia en el sendero del desarrollo económico y social. Pero un polítiquero es mezquino en sus deseos y violento en sus métodos. Era esperar mucho de un delincuente cebado como Uribe, para estos tipos, es imposible un sacrificio de su beneficio personal por el bienestar de un pueblo. |
Respuesta: Seguridad democrática: ‘camisa de once varas’ Tranquilos que lo que no pudo Uribe lo terminará Santos, y si no puede el estará Roy Barreras, Armando Benedetti y si no Oscar Ivan Zuluaga o incluso Andres Felipe Arias. Lo que tenemos es oportunidades de acabar de una vez por todas con la guerrilla, como alguna vez escuche cuando se esta al borde del precipio lo mejor es dar un paso hacia delante. |
Respuesta: Seguridad democrática: ‘camisa de once varas’ Cita:
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Respuesta: Seguridad democrática: ‘camisa de once varas’ A Benedetti no le tengo miedo, al que sí le tengo miedo es a Arias...me acuerdo de sus discursos como pre-candidato y de oir lo que dice, donde ese tipo llegue a ser presidente déjenme decirles que se nos volvería esto una dictadura de verdad |
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