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Criminales al servicio del estado (primera parte)

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Antiguo , 11:26:06   #1
Kaffeetrinker 2 Criminales al servicio del estado (primera parte) Calificación: de 5,00

Jamás la verdad será patrimonio de gobiernos corruptos e impunes, élites apátridas; menos de los medios que desinforman la realidad de los acontecimientos. Encontrarla implica un debido proceso de investigación, donde participen todos los actores de un hecho, que hablen, relaten con detalles de lo observado y vivido, con toda la libertad y garantías, con el fin de tipificar, juzgar sus implicaciones y consecuencias; pero siempre la verdad está al lado de los pueblos y mayorías humildes.

Colombia se acostumbró a vivir de escándalos y ya casi pocos se asombran de los grandes y graves acontecimientos que afectan la vida de todos. La vida poco vale para las élites del poder y menos la de los humildes, menos de los que protestan, aspiran a vivir dignamente, en libertad y equidad.

Qué sacudones se estarán presentando al interior de las élites políticas, de las fuerzas armadas y los grupos paramilitares ante tantas revelaciones de sus hombres leales a la patria y al pueblo colombiano?.

“La moral de las tropas está baja”, dicen algunos generales, porque una juez condenó al coronel Plazas Vega por la desaparición de doce personas del Palacio de Justicia en 1985. La moral de la población no combatiente está más baja aún, debido a la sistemática impunidad por violaciones de derechos humanos. La población no comparte que la moral de las tropas se edifique sobre conceptos anti éticos e inhumanos, como el de la desaparición forzada, conducta que para 1985 en las leyes colombianas no era tomada como delito de lesa humanidad, siendo solo reconocida como tal, a partir del año 2000 se tipificó el delito de desaparición forzada en el Código Penal Colombiano.

La narco oligarquía pretende silenciar y ocultar las investigaciones, cerrando o aplazando procesos y se acomodó a la impunidad, es una de sus costumbres, de ahí su ilegitimidad y desconfianza para la mayoría de los colombianos.

Después de 25 años que duró el proceso del Palacio de Justicia, siendo el abogado Eduardo Umaña Mendoza, defensor de los Derechos Humanos y representante de las víctimas, quien permitió avanzar más por la verdad y el esclarecimiento de la desaparición forzada en Colombia.

Desastrosamente, bajo la ignominia de un Estado paramilitar, el abogado Umaña Mendoza fue asesinado el 18 de Abril de 1998. Hasta la fecha su asesinato permanece totalmente en la impunidad, él estaba investigando los hechos y las fosas de las caballerizas del Cantón Norte que afectan directamente a altos mandos militares.

El testigo clave para esclarecer los hechos ante la fiscalía, sobre el Palacio de Justicia fue Edgar Villamizar y quien le permitió a la justicia colombiana declarar culpable al coronel Alfonso Plazas Vega por el holocausto del Palacio de Justicia, de la desaparición de doce personas. El Jueves 10 Junio 2010, Villamizar Espinel, un suboficial del Ejército, quien se desempeñó en la Séptima Brigada, con sede en Villavicencio, y que durante la retoma del Palacio de Justicia hizo parte del pelotón que fue trasladado desde el Meta para apoyar las operaciones tácticas de la Decimotercera Brigada, encargada de recuperar el control del edificio; voluntariamente se presentó a la Fiscalía a rendir su declaración libre y espontanea cansado de tanta impunidad del narco Estado, a quien tanto le sirvió.

Edgar Villamizar, en ese entonces, se desempeñaba como cabo segundo. Al poco tiempo de los hechos del Palacio de Justicia abandonó la disciplina militar. A mediados de los 90, se desempeñó como agente del CTI, entidad de la que también se marginó y desde entonces poco o nada se sabe de él.

Sin embargo, cuando la Fiscalía adelantaba las investigaciones de los desaparecidos del Palacio de Justicia, en septiembre de 2007, Villamizar Espinel se acercó al despacho de la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago. Aseguró tener información clave de la investigación que la funcionaria adelantaba y se presentó como testigo presencial de los hechos. En su testimonio, el suboficial daba cuenta del traslado de rescatados del Palacio, por orden de Plazas Vega, a la Escuela de Caballería, donde fueron objeto de procedimientos e interrogatorio que terminaron en torturas.

Es muy importante que se haya conocido de boca de los mismos militares, como testigos y cansados de tanta falsedad y que se hayan recopilado las grabaciones del operativo y esclarecido la culpabilidad, para juzgar al Coronel retirado Alfonso Plazas por los 12 desaparecidos que salieron vivos del palacio, en pleno ataque.

Igual es de un gran mérito la actitud ética de la jueza, María Stella Jara, del Juzgado tres Especializado de Bogotá, quien en el mes de mayo de 2010, halló responsable y culpable a dicho oficial, entonces comandante de la XIII Brigada del Ejército de Bogotá y quien resolvió condenarlo a 30 años de prisión, en un centro carcelario común, convirtiendo este fallo en un hecho histórico, luego de más de medio siglo de impunidad en los crímenes de Estado en Colombia.

Hoy continúa la lucha por el esclarecimiento sobre la responsabilidad judicial de otros 60 militares, que esperan ser llamados a juicio; pero la cúpula militar forzó a su comandante en jefe, Álvaro Uribe, para que el mismo día diera una rueda de prensa con su presencia, agraviando y amenazando a la juez quien ya salió en exilio. Es un avance para la lucha de las víctimas de los crímenes de Estado y es apenas el inicio de la verdad, la justicia y se espera ahora la reparación, si en realidad se quiere la reconciliación.

Otro hecho de gran valentía y sentido ético, es la actitud del coronel retirado del ejército Hernán Orozco Castro, al denunciar y revelar las implicaciones de los responsables de la masacre de Mapiripán, ejecutada bajo la complacencia de los mandos militares y policiales, que trasladaron los paramilitares de Urabá para realizar la masacre, entre ellos está el general Uscátegui, sindicado y llamado a indagatoria dentro del proceso que se le sigue.

De la misma manera las declaraciones recientes del Mayor retirado de la policía, Juan Carlos Meneses, quien sostuvo haber participado en complicidad con operaciones paramilitares del grupo denominado “Los 12 apóstoles”, a los que comandaba y financiaba Santiago Uribe, hermano del presidente y que operaba en el municipio de Yarumal, cerca de la hacienda La Carolina. El propio presidente ha tratado de desviar las investigaciones, amenazar a los jueces y mantener el caso en la impunidad; pero como dice el adagio popular "Más fácil cae un mentiroso que un cojo".

Las declaraciones de jefes paramilitares como Mancuso y HH entre otros, que han contado con lujo de detalles sus barbaridades, permiten clarificar que fueron oficiales del ejército colombiano y políticos de Bogotá quienes pagaron el mandado al jefe paramilitar Carlos Castaño para asesinar el 13 de agosto de 1998 al abogado, humorista y amante de la paz: Jaime Garzón; su abogada Claudia Juliet Duque también debió exiliarse por las amenazas y el caso aún sigue en la impunidad.

Desde 1998 ya habían denuncias ante el Colectivo de abogados "José Alvear", por medio de los testimonios del Capitán de la policía ILBERTO, retirado de la institución por no contribuir a la promoción y generación de los grupos paramilitares de Urabá, que coordinaban con la Brigada 17 comandada por el general Rito Alejo del Río.

El jefe paramilitar Raúl Jazbún confesó en Medellín, el jueves 03 de Junio de 2010, las alianzas de los paramilitares con empresas bananeras y palmicultoras de el Urabá.

Raúl Jazbún, conocido como 'Pedro Bonito', acordó con la multinacional bananera Chiquita Brands, que ésta entregara tres centavos de dólar por cada caja de banano exportado para financiar a las autodefensas y prendió el ventilador en su reciente declaración ante Justicia y Paz, y confirmó los vínculos de importantes empresarios bananeros de Antioquia, e hizo un relato pormenorizado de cómo se consolidó el proyecto de expansión de palma africana para ese departamento y el Chocó, en perjuicio de las comunidades afrodescendientes.

Jazbún aseguró que todos los bananeros de las zonas donde hicieron presencia las autodefensas, aportaron dinero de forma voluntaria y fueron conocidos como el Grupo de los Veinte. El jefe paraco advirtió que el encargado de entregar el dinero desde 1997 fue Guillermo Gaviria Echeverri, reconocido empresario antioqueño, dueño del diario El Mundo y padre del asesinado gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa. Jazbún aseguró que ese grupo de bananeros entregaba listas de personas que eran señaladas como guerrilleras para que fueran asesinadas.

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Predeterminado Respuesta: Criminales al servicio del estado (primera parte)

"Otro hecho de gran valentía y sentido ético, es la actitud del coronel retirado del ejército Hernán Orozco Castro, al denunciar y revelar las implicaciones de los responsables de la masacre de Mapiripán, ejecutada bajo la complacencia de los mandos militares y policiales, que trasladaron los paramilitares de Urabá para realizar la masacre, entre ellos está el general Uscátegui, sindicado y llamado a indagatoria dentro del proceso que se le sigue."

Wow. Los héroes de la triapa.

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