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La verdad sobre la masacre de san jose de apartado

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Ante el silencio complice de los medios de comunicacion y el cinismo sin limites de el gobierno nacional:



La Corporación Jurídica Libertad presenta ante la opinión pública nacional e internacional una relación de acontecimientos sucedidos en San José de Apartadó durante los días comprendidos entre el 21 y 27 de febrero de 2005.

HECHOS

1. El 21 de febrero de 2005, hacia las 11:00 a.m., fueron retenidos en la Vereda Mulatos Medio, en inmediaciones del río Mulatos, en el camino que conduce hacia el sitio conocido como Cantarrana, LUIS EDUARDO GUERRA GUERRA (35 años de edad), miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, DEINER ANDRES GUERRA TUBERQUIA (hijo de Luis Eduardo, de 11 años de edad), BEYANIRA AREIZA GUMAN (17 años de edad).

Al día siguiente habitantes de la región encontraron la mula en que se movilizaba Luis Eduardo en la Vereda La Resbalosa, y en la Finca de propiedad de ALFONSO BOLIVAR encontraron huellas de sangre y una fosa con varios cuerpos entre ellos de menores de edad. Algunos de los cuerpos mostraban señales de mutilación. Esta circunstancia hizo suponer que allí se encontraba el cuerpo de Deiner Andrés, y por ende de las otras personas que habían sido retenidas, al igual que la familia completa del señor ALFONSO BOLIVAR TUBERQUIA.

Ante este hallazgo, algunos campesinos se desplazaron hacía el casco urbano de San José de Apartadó y comunicaron lo sucedido en al Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Paralelamente, otros habitantes de la Vereda La Resbalosa deciden instalarse en la finca del señor Alfonso Bolívar y esperar allí hasta tanto se trasladara una Comisión Judicial para que se practicaran las primeras diligencias penales.

Desde el mismo momento en que se tiene información de lo sucedido. Esto es, el 23 de febrero de 2005, en las horas de la tarde, la CJL envió una comunicación al Director del Programa de derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario de la Vicepresidencia, Dr. Carlos Franco, solicitándole de manera urgente, la conformación de una Comisión especial de la Unidad Nacional de Derechos Humanos para que iniciara las respectivas investigaciones penales, y efectuara el levantamiento de los cadáveres. Efectivamente, el día 24 de febrero en las horas de la tarde, una Comisión compuesta por 1 Fiscal, 1 Procurador y 10 técnicos judiciales, llegó al municipio de Apartadó. Solo hacia el medio día del 25 de febrero en helicópteros de la Fuerza Pública, se trasladó a la Finca de propiedad del Señor Alfonso Bolívar. En las horas de la tarde, lograron corroborar el hallazgo de cinco cuerpos. Esto es, DOS MENORES DE EDAD, (uno de 6 años, otro de un año) UNA MUJER y DOS HOMBRES. Los nombres de las personas asesinadas fueron NATALIA ANDREA TUBERQUIA MUÑOZ (6 años de edad), SANTIAGO TUBERQUIA MUÑOZ (2 años de edad), SANDRA MILENA MUÑOZ, ALFONSO BOLIVAR y ALEJANDRO PEREZ CUILES. Los adultos mostraban señales de descuartizamiento

El 25 de febrero, hacia las 5 y 30 de la tarde, los cuerpos de LUIS EDUARDO, DEINER ANDRES y BELLANYRA fueron encontrados por miembros de la Comunidad, en inmediaciones del centro de salud de Mulatos Medio, expuestos al aire, en campo abierto. Esta circunstancia fue comunicada de inmediato al Dr. Franco, con el fin de que la Comisión Judicial se desplazara hacia ese lugar y continuara con las diligencias judiciales. Sin embargo, solo hasta el día 27 de febrero en horas de la mañana se produjo el levantamiento de los cuerpos.

2. El día lunes 21 de febrero de 2005, tropas del ejército pertenecientes al Batallón Contraguerrilla No. 33 Cacique Lutaima, adscrito a la Brigada XVII del Ejército Nacional, se hicieron presentes en la Vereda Mulatos, en el sitio El Barro. Allí mantuvieron retenidas a seis familias de ese lugar, hasta el día 26 de febrero cuando una comisión de la Comunidad llegó hasta el lugar y logró que dichas personas pudieran abandonar el sitio, ya que no lo habían podido hacer debido a las constantes amenazas e intimidaciones efectuadas por los soldados en contra de mujeres, niños y jóvenes, que incluso impedían que salieran a recoger algún tipo de comida para los menores; cavaron dos fosas en la que presumiblemente iban a ser inhumadas ya que constantemente les manifestaban que solo estaban esperando la orden para proceder a asesinarlos. En el tiempo que permanecieron en ese lugar, los uniformados profirieron amenazas contra la Comunidad de Paz y los acompañantes internacionales.

Al arribo de los uniformados, manifestaron a los pobladores que habían dado de baja a tres guerrilleros, tratándose de un hombre, una mujer y un niño. En vista de que Luis Eduardo Guerra, Líder de la Comunidad de Paz, su compañera Beyanira y su hijo Deiner Andrés, momentos antes había salido del sitio El Barro en dirección a Cantarrana donde se encontraba su finca con producción de cacao, los pobladores les manifestaron a los militares que se trataba de campesinos miembros de la Comunidad de Paz. Ante esta situación, lo que adujeron los soldados era que esas muertes las habían ocasionado los paramilitares. Igualmente manifestaron que venían de la vereda Las Nieves y en lugar habían asesinado a cuatro miembros de una familia.

Los militares escribieron un graffiti con consignas contra la guerrilla y con la identificación del Batallón No. 33 contraguerrilla, sin embargo, éste fue posteriormente borrado, por ellos mismos cuando la comisión de rescate se hizo presente en el lugar.

La comisión de la Comunidad de paz y el equipo de acompañantes desde que arribó a la vereda Mulatos Medio recibió una información que habían logrado enviar la familias cautivas en El Barro implorando que llegaran hasta el lugar para rescatarlas ya que se encontraban bajo la absoluta intimidación y sin alimentos porque no se les permitía siquiera salir a recoger productos agrícolas para poder alimentarse. Una vez se tuvo contacto con un oficial de los que estaba a cargo del Batallón 33 se le informó que el día 27 de febrero algunos integrantes de la Comunidad y acompañantes llegarían hasta El Barro a recoger unas familias que allí se encontraban, precisamente en el mismo lugar donde la tropa se encontraba acantonada. Este oficial negó que allí se encontraran familias campesinas y que se perdería el tiempo por cuanto el lugar se encontraba completamente desocupado.

El día sábado, 26 de febrero en las horas de la tarde, en el sitio donde fueron encontrados los cuerpos de Luis Eduardo, Beyanira y Deiner Andrés por parte de la Comunidad, se hicieron presentes para acordonar la zona tropas de la Contraguerrilla de la Policía Urabá, del Batallón Vélez y del Batallón No. 33 Cacique Lutaima. En ese lugar, un soldado perteneciente a este último batallón, se acercó al sitio donde se encontraban los cuerpos y recogió un machete con visibles muestras de sangre. Delante de todos los asistentes, lo llevó hasta el río Mulatos y con arena limpio la sangre. Paso seguido dijo en tono alto dirigiéndose a los demás soldados que ese era “el machete degollador”. Esta circunstancia fue inmediatamente informada al Capitán Castro de la Policía. Al día siguiente ante la comisión de la Fiscalía que practicó los levantamientos de los cadáveres integrantes de ONG que hacían parte de la comisión dejaron una constancia escrita del grave hecho que se había presenciado con la alteración y ocultamiento de las evidencias por parte de los uniformados.

Durante los tres días que permaneció la comisión de la Comunidad y el grupo de acompañantes se pudo constatar que en la zona solo había presencia de personal uniformado perteneciente a la Brigada XVII, se recibieron testimonios que dan cuenta que desde el viernes 18 de febrero de 2005 se inicio un fuerte operativo militar con el ingreso de tropas desde diferentes veredas con dirección a Mulatos. Se logro igualmente recoger información aportadas por los campesinos de la región que da cuenta que algunas familias de las veredas La esperanza, Las Nieves y Mulatos se encuentran desaparecidas y otras pertenecientes a La Resbalosa se encuentran a la espera que de algún tipo de acompañamiento para poder salir de la zona.

La Corporación Jurídica Libertad quiere dejar constancias que durante los últimos 12 meses le había señalado al gobierno nacional la importancia de ofrecer verdaderas y efectivas medidas de protección a la comunidad de San José tal y como lo había dispuestos en diferentes oportunidades la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo frente a la necesidad de remover el cuerpo de oficiales de pertenecientes a la Brigada XVII frente a sus evidentes nexos con acciones paramilitares realizadas en la zona y frente a la multitud de crímenes que se les ha atribuido en contra del proceso de Comunidad de Paz, cometidos con la clara intención de lograr el exterminio de esta propuesta de paz. Las diferentes instancias del estado comprometidas con el proceso de concertación e implementación de las medidas provisionales, esto es gobierno central, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, han mostrado una actitud renuente a cumplir con lo dispuesto por la COIDH.

Medellín, marzo 1º de 2005

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Y aqui les dejo los enlaces de un documental sobre este acto irracional desde todos los puntos de vista.

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’HH’ pagó para acusar a las Farc de masacre de San José de Apartado en 2005

Martes, 04 de Agosto de 2009 12:19

Ever Velosa García, alias de HH, pagó para que testigos falsos encubrieran a las Auc y señalaran a las Farc como responsables de la masacre de ocho personas cometida en febrero de 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Los testimonios fueron utilizados por la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, Antioquia.

’HH’ en una de sus versiones libres antes de ser extraditado a Estados Unidos donde encara un proceso por narcotráfico.

La versión de ’ HH ’ fue recogida por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación adscritos a la Dirección Nacional de Investigaciones en una diligencia de declaración rendida el 22 de mayo de 2008 en Medellín y a cuyo documento tuvo acceso Verdad Abierta.

En esa declaración, este ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) , quien estuvo al frente de los bloques Bananeros en esa región de Antioquia y del Calima en el Valle de Cauca, aseguró que el dinero se lo entregó personalmente al entonces coronel Néstor Iván Duque López, comandante en ese año del batallón Bejarano Muñoz para que pagara a los testigos.

Las declaraciones de este ex jefe paramilitar, extraditado el 6 de marzo de este año a Estados Unidos para que respondiera por cargos de narcotráfico, fueron trasladadas el pasado 24 de junio, mediante Auto N° 585 proferido por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación , al proceso disciplinario N° 155... , que está a cargo del Despacho del señor Procurador General de la Nación y en el cual se investigan a varios miembros del Ejército comprometidos en la masacre.

Hasta el momento, afrontan pliego de cargos dos tenientes, dos capitanes y otros seis suboficiales adscritos a la Brigada XVII. Además, varios de ellos han sido cobijados con medida de aseguramiento y uno más se acogió a sentencia anticipada.

Ante los investigadores del Ministerio Público, Velosa García aseguró que la última vez que habló con el oficial Duque López fue en 2005, en el Centro de Referencia del municipio de Turbo, donde se reunían los desmovilizados de las Auc para recibir asistencia del Gobierno Nacional.

“En esa ocasión, fue con un poco de papeles y me dijo que se estaba defendiendo de unas denuncias de San José de Apartadó y me pidió el favor que le regalara dos millones de pesos para darle a unos testigos que iba a presentar sobre la masacre de San José de Apartadó”, le narró Velosa García a los agentes de la Procuraduría. De acuerdo a sus explicaciones, ambos estaban solos en una oficina del Centro de Referencia y fue allí donde le dio el dinero.

“Me dijo que la plata era para dársela a unos testigos desmovilizados de las Farc que iban a declarar a Bogotá y que iban a decir que la masacre de San José de Apartadó la habían cometido las Farc, no recuerdo para qué mes del 2005, pero lo que sí recuerdo es que eso fue en ese año”.

Durante el 21 y el 22 de febrero de 2005, un comando de por lo menos 60 paramilitares pertenecientes al bloque Héroes de Tolová, que comandó Diego Fernando Murillo Bejarano, ’Don Berna’ , protegidos por miembros de la Compañía Bolívar del Batallón de Infantería Nº 47 adscrita a la Brigada XVII del Ejército, asesinó a Luis Eduardo Guerra, Sandra Milena Muñoz, Alejandro Pérez, Bellanira Areiza, Alfonso Bolívar Tuberquia, Deiner Andrés Guerra, de 11 años; Natalia Tuberquia, de 5 años, y Santiago Tuberquia, de apenas 21 meses de edad. Todos fueron desmembrados y enterrados en una fosa común.

La masacre causó gran impacto nacional e internacional porque la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, constituida como tal desde el 23 de marzo de 1997 con el ánimo de mantenerse neutral en el conflicto, tiene medidas cautelares y provisionales impuestas al Estado colombiano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero ’ HH ’ no sólo se refirió a la entrega del dinero. En su declaración, dejó claro que había una estrecha relación de las Auc con este coronel de la Brigada XVII del Ejército: “Duque era un colaborador nuestro en la zona de Urabá con quien coordinábamos y le presentábamos guías”, indicó Velosa García y precisó que él y algunos de sus mandos medios se reunían con el oficial en la finca La Florida , cerca al corregimiento Currulao, de Turbo, para coordinar movimientos de tropas, tanto de las Auc como del Ejército.

Incluso, en su declaración, ’ HH ’ narró que a dos de sus hombres más cercanos, Miguel Ángel Serrano, alias ’Megateo’, y Carlos Vásquez, ’Cepillo’, el coronel Duque les había solicitado que asesinaran a Adriano José Cano, ’Melaza’, porque en medio de una borrachera había dicho que sabía quiénes habían hecho la masacre de San José de Apartadó en La Resbalosa.

“Yo les dije que si lo hacían los denunciaba y hablé con el Comisario de la OEA , doctor Gustavo Pita, y le informé lo que estaba sucediendo”, indicó Velosa García.

¿A quiénes financiaron?

Uno de los falsos testigos que probablemente recibió parte del dinero que aportó el ex paramilitar Velosa García y recibió el coronel Duque López, fue Apolinar Guerra George, un campesino del corregimiento San José de Apartadó sindicado de pertenecer a la guerrilla de las Farc y quien el pasado 26 de junio se retractó de su versión inicial entregada a las autoridades el 1 de abril de 2005, en la que sindicó a esa organización guerrillera de cometer la masacre y a dos de sus víctimas de pertenecer a ese grupo subversivo.

Durante la ampliación de testimonio rendida ante la Unidad Segunda de Apoyo a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Guerra George admitió que a instancias del oficial Duque López, mintió en esa ocasión sobre los responsables de la masacre confiado en lograr beneficios económicos prometidos por este coronel del Ejército.

“Fui a declarar que esa masacre la había hecho la guerrilla porque el mismo coronel Duque me dijo que dijera que había sido las Farc. ¿Por qué hice yo esto? Porque estaba convencido de todas las promesas del coronel Duque me estaba haciendo y como yo no sabía nada de leyes y de los problemas que esto me traía, fui y yo decía todo lo que el coronel me indicaba”, le dijo Guerra George a los fiscales.

Durante varios meses del año 2005, la versión de este falso testigo fue sostenida en diversos escenarios nacionales e internacionales y recogida por diversos medios de comunicación. En ese momento, declaró incluso ante el Congreso de la República y delegaciones diplomáticas que las Farc habían cometido la masacre porque dos de los asesinados, Alejandro Pérez y Luis Eduardo Guerra, eran milicianos de ese grupo armado ilegal y tenían intenciones de abandonar esa comunidad. Además, aseguró que esta guerrilla tenía interceptadas las comunicaciones del caserío “y ordenaban cómo se hacen muchas cosas en el pueblo. Al que no le gusta lo fusilan, o si no mire lo que les pasó a Luis Eduardo y a Alejandro".

Pero tras varios años en la cárcel, donde purga una condena por una falsa incriminación sugerida por el DAS de Apartadó al hacerse responsable de un ataque dinamitero ocurrido el 20 de mayo de 2004 en el establecimiento la Barra Cervecera , Guerra George decidió cambiar la versión y, según él, contar la verdad.

“Ahora que me encuentro preso y nadie me ayuda con nada quiero contar toda la verdad sobre este proceso y la pienso decir en estos momentos”, sostuvo el procesado. Según esta nueva versión, Guerra George y otros supuestos desmovilizados de las Farc que habitaban en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó recibieron instrucciones precisas del coronel Duque López.

“Primero que todo me dijo que dijera que yo antes de venirme de la guerrilla había escuchado decir de que había que matar a esos civiles porque eran informantes del Estado y que teníamos que decir eso porque se lo estaban achacando a la fuerza pública”, explico Guerra George. El propósito del oficial del Ejército era crear una versión creíble a partir de las falsas versiones con el fin de demandar a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

“Según el coronel Duque, él demandaba y había una indemnización, y que iríamos por partes iguales, no sólo yo sino todos los desmovilizados y ahí yo caí en todas las promesas que él hacía”, precisó este testigo. Pero el cambio de versión le ha traído problemas a Guerra George, quien desde hace varios meses se enfrenta a las intimidaciones que desde hace varios meses le viene haciendo el oficial del Ejército.

“Hace más o menos de dos a tres meses que hablé con él (con el coronel Duque) y me dijo que cómo eran las cosas, que yo estaba desvirtuando lo que yo había dicho antes y que eso le traería problemas a él, pero que si yo quería seguir con esas declaraciones que siguiera con ellas porque él no tenía miedo de lo que yo dijera”, narró Guerra George. “En pocas palabras trató de volverme a chantajear porque me dijo que si yo seguía con eso él tenía que tomar medidas drásticas”.

Y no sólo han sido amenazas veladas las que ha recibido este testigo. Además, contó a la Fiscalía que el coronel Duque iba a traer a otros desmovilizados para atestiguar a su favor desmentir esta nueva versión. Entre los nuevos “testigos” está Danis Daniel Sierra, alias Zamir, quien fue declarado por el Gobierno Nacional Gestor de Paz, tras desmovilizarse en diciembre de 2008.

De hecho, alias Zamir ya comenzó a hablar. A través del programa radial Las voces del silencio, en entrevista al ex ministro Fernando Londoño, en su programa La hora de la Verdad , y en conversación con el diario El Colombiano, este ex guerrillero aseguró que la Comunidad de Paz “es una fachada de las Farc”, y sindicó a varios de sus consejeros de integrar esta organización guerrillera.

Para Guerra George, hoy arrepentido, es clara la estrategia del coronel Duque contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó: “Va a traer a otros desmovilizados y ellos van a decir que lo que ellos han dicho es la verdad, cosa que en realidad son falsas, y van a seguir atestiguando que son realidad porque ellos todavía están comprados por el coronel Duque”.

Según consignó ante la Fiscalía , el cambio de versión lo ha puesto en peligro a él y a su familia, por lo que solicitó que se adopten medidas de especiales para protegerlos. Se espera entonces que no sólo lo protejan, sino que la justicia actúe y llame al coronel del Ejército Néstor Iván Duque López para que confronte lo dicho por Apolinar Guerra George y el ex jefe paramilitar Ever Velosa García .

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