Caso plazas vegas(de obligatoria lectura)

El fallo de la juez que condenó a 30 años al coronel Plazas Vega por la desaparición de 11 sobrevivientes en el holocausto del Palacio de Justicia en 1985 ha creado un terremoto en la institución militar que no tiene antecedentes en la historia reciente del país. Apenas se conoció la noticia, la cúpula militar fue de urgencia a reunirse con el presidente Uribe para expresarle, en calidad de jefe supremo de las Fuerzas Militares, lo que significaba esa condena para la moral de la tropa, el honor militar y la futura conducción de la guerra. Para los militares estaba todo en juego. Tanto así, que el gobierno interrumpió la programación de televisión y el Presidente apareció ante los colombianos pocas horas después rodeado de la cúpula y de su ministro de Defensa. El mensaje fue claro: había "dolor y desestímulo" en las filas, los colombianos debían "abrazar a sus militares" y era necesario pensar en "una legislación que rodeara de garantías a las fuerzas armadas".
Muchos colombianos pudieron interpretar la alocución del Presidente como un desafío a la independencia de la justicia, teniendo en cuenta que el proceso contra el coronel Plazas Vega sigue vivo y espera una segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá. Más aún cuando la semana anterior el propio Uribe había salido lanza en ristre a descalificar a los jueces y a la propia Corte Suprema luego de que una juez ordenó la captura de un alto funcionario del gobierno por el escándalo de las 'chuzadas' del DAS.

Este ambiente de fuego cruzado entre el Presidente y el poder judicial ha levantado una cortina de humo frente al debate de fondo con los militares, donde la condena contra Plazas Vega fue solo la gota que rebosó la copa. El malestar en el Ejército se ha venido incubando de tiempo atrás. Se está formando una tormenta perfecta donde confluyen varios elementos: una justicia penal militar débil, una justicia ordinaria que juzga casos que deberían estar en cortes marciales, la revelación de hasta dónde llegaron los lazos entre militares y paramilitares, y el impacto sicológico, moral y judicial de los falsos positivos.

Desde distintos frentes se ha sentido el profundo descontento militar. El general Padilla salió a los medios a decir que los soldados no tienen las garantías judiciales; el general (r) Jorge Enrique Mora reveló que los soldados tienen la moral en el piso y ya no saben si combatir o no; y todas las asociaciones de militares activos y en retiro firmaron un duro manifiesto de nueve puntos donde defienden al coronel Plazas Vega, tildan a la Fiscalía de "desenfrenada y vengativa" y dejan constancia de que nunca antes la fuerza pública había estado tan indefensa. La situación es tan delicada que algunos analistas se han atrevido a plantear que por ello no ha vuelto a haber golpes contundentes contra la cúpula de las Farc desde el bombardeo a Raúl Reyes y la Operación Jaque, en 2008.

El problema no es, como muchos sectores de la extrema izquierda lo ven, que los militares quieren volver a imponer un fuero militar que los blinde de toda acción de la justicia frente a las violaciones de derechos humanos, como ocurrió durante muchos años. Pero tampoco es, como sectores de la extrema derecha creen, que se trata de una sofisticada estrategia de guerra política orquestada por la guerrilla para bloquear las operaciones del Ejército y enredar judicialmente a sus comandantes. Seguramente habrá algunos militares que tengan rabo de paja y quieran a toda costa volver a un fuero más fuerte para taparse con esa cobija. Y no hay duda de que también hay muchas ONG manipuladas por la guerrilla que inundan la Fiscalía con demandas a coroneles y capitanes. Pero estos dos fenómenos son minoritarios y ninguno explica el verdadero problema.

El caso de Plazas Vega, mucho más allá de lo que ocurra con su destino judicial o de su drama personal, va al corazón de ese problema: el de las relaciones entre civiles y militares, el del alcance del fuero militar, pero también el de poner a pensar a la sociedad sobre la posibilidad de un acuerdo político para una reconciliación nacional luego de un proceso de paz. El tema es complejo pues el affaire Plazas Vega reúne, en un caso emblemático, los desafíos de una democracia amenazada por actores armados y poderes mafiosos, los alcances de una amnistía a un grupo guerrillero -el M-19- y la relativización de la justicia con los paramilitares.

El malestar de los militares se podría resumir en dos puntos concretos: el progresivo debilitamiento de la justicia penal militar y la asimetría en el tratamiento judicial entre los militares que han defendido las instituciones y son condenados a 30 años, y los jefes guerrilleros y paramilitares que han cometido los peores actos terroristas y que o fueron amnistiados, o tienen penas de menos de ocho años.

En este último punto es difícil entender para un ciudadano común que los jefes guerrilleros del M-19 que ordenaron tomarse el Palacio de Justicia hayan sido indultados y estén hoy en la política o en embajadas, y los militares que dirigieron la retoma del Palacio sean condenados a 30 años -como el caso de Plazas Vega-. Puesto así, en blanco y negro, se vislumbra una gran injusticia.

Pero la realidad nunca es tan maniquea. Por un lado, hay que recordar que los guerrilleros del M-19 entraron en un proceso de paz con el gobierno, entregaron las armas y fueron amnistiados por dos leyes expedidas por el Congreso, uno de cuyos ponentes fue el entonces senador y hoy presidente Álvaro Uribe. La sociedad los indultó, se reintegraron a la vida civil y se sometieron a las reglas del juego como ocurre con todas las negociaciones de paz del mundo.

Por otro lado, la condena de la juez contra Plazas Vega se dio por la desaparición forzada de 11 personas que salieron vivas del Palacio de Justicia y luego fueron supuestamente torturadas y asesinadas. Es obvio que un acto de esa naturaleza no tiene nada que ver con defender la democracia. Por eso nadie duda de que si Plazas Vega dio la orden de desaparecer a estos sobrevivientes merece una condena ejemplarizante. La polémica aquí está en la supuesta debilidad de las pruebas que argumenta la defensa y los cuestionamientos sobre si la responsabilidad del coronel como jefe de la operación fue directa o indirecta (ver siguiente artículo)


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